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La Asamblea Nacional de Venezuela a través de su Comisión de Contraloría, descubrió al menos 22 serias irregularidades cometidas en la petrolera estatal PDVSA, durante la gestión de Rafael Ramírez.
El informe revela que en la empresa se ejecutaron desde sobornos y sobreprecios, hasta una serie de actuaciones que generaron pérdidas para el patrimonio de la Nación; entre ellas la poca transparencia sobre el uso de fondos y la colocación de recursos públicos en paraísos fiscales.
En un reportaje publicado por el portal web El Estímulo, se evidencian delitos en la estatal petrolera durante los años 2001 y 2014.
Entre los principales casos destacan el plan de Estrategia de Perforación y Rehabilitación de Pozos 2006-2012, desvío de los recursos para el mantenimiento de la refinería Amuay, la contratación irregular de la gabarra Aban Pearl, el Fondo de Pensiones, los perjuicios pecuniarios por la adquisición de títulos y otros instrumentos financieros con fondos de Pdvsa en el Banco Espiritu Santo de Portugal y las irregularidades en la administración de fondos públicos que ingresaron en las cuentas del Banco de Andorra.
Parte de las pruebas reposan en expedientes y juicios ejecutados en Estados Unidos, e informes de anteriores comisiones de Contraloría del Parlamento.
En las conclusiones plasmadas en el expediente resalta la responsabilidad de los integrantes de la junta directiva de PDVSA como Rafael Ramírez, en cuya gestión ocurrieron las irregularidades. Resalta también la ineficacia de los órganos contralores en ejercer sanciones para los involucrados.
Irregularidades
El Expediente de la Comisión de Contraloría expone los detalles de las investigaciones sobre irregularidades cometidas entre los años 2004 y 2014, entre ellos destacan:
Fondo de Pensiones: uso indebido de los Fondos de Pensiones de los extrabajadores de PDVSA producto del montaje y aplicación de una presunta estafa piramidal que expuso a inversores extranjeros a pérdidas por millones de dólares, en coparticipación con el ciudadano Francisco Illarramendi, condenado a 13 años de prisión en EE. UU.
“Tragedia de Amuay”: la explosión que se llevó a cabo en la Refinería Amuay, que derivó en la no investigación de los fondos destinados al mantenimiento de las plantas, así como el correcto uso de los programas y equipos para la oportuna respuesta en caso de accidentes.
Banca Privada d’ Andorra: sobrefactura de servicios de la industria petrolera, pagos exorbitantes en comisiones por contratos con las empresas chinas, pagos para la suscripción de contratos de empresas internacionales con PDVSA, cuentas abiertas en la Banca Privada d’ Andorra, España y Panamá. Todo esto, “con fines de corrupción y blanqueo de capitales, creación de empresas fantasmas o de maletín, con activos provenientes de la estatal petrolera”.
Banco Espirito Santo: pérdida de fondos públicos debido a la quiebra técnica del banco. El gobierno de Venezuela, a través de Bandes y Fonden, inyectó 800 millones de euros al grupo lusitano con la compra de títulos de deuda.
Taladros chinos: Contratación de PDVSA con la empresa Construema S.A. a través de intermediarios y por un órgano diferente a Bariven S.A., que configuró una adquisición con sobreprecios por USD$ 257.520.000.
Liaoning Northem Steel Pipes: adquisición de tuberías para las maquinarias petroleras con sobreprecios por USD$ 12.000.000.
Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (PDVAL): Se otorgaron anticipos sin garantías a 11 intermediarios por USD$ 111.000.000. Debilidades en los procesos de colocación de las órdenes de compra que ascienden a US$ 577.000.000 para la compra de leche, pollo y carne.
Por último, la Comisión de Contraloría hizo alusión a la irregularidad administrativa cometida, por la indebida designación de Rafael Ramírez como presidente de PDVSA siendo ministro de Petróleo. Recordó que su nombramiento en la petrolera se ejecutó antes de realizar las modificaciones en los estatutos de la estatal para que este pudiera ocupar ambos cargos.
