La Asamblea Nacional de Venezuela acordó emprender ante la Corte Penal Internacional una demanda contra las rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En una sesión especial y de emergencia realizada este domingo 23 de octubre en el Parlamento venezolano los diputados acordaron iniciar la destitución de quienes encabezan el organismo electoral y judicial, luego de que suspendieran el proceso que activaría el referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.
El diputado Luis Florido en su intervención en la sesión especial dijo que las cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral serán denunciadas ante la Corte Penal Internacional (CPI) por violación de los derechos humanos y deberán “rendir cuentas ante la justicia internacional”.
Las cuatro rectoras del CNE serían la presidenta del Poder Electoral Tibisay Lucena, junto a Socorro Hernández, Tania D’Amelio y Sandra Oblitas.
Por su parte, el diputado opositor Julio Borges durante su intervención declaró que el parlamento denunciará a las rectoras y magistrados y que se espera que estas figuras sean sustituidas por nuevos funcionarios: “La Asamblea denunciará penalmente en La Haya a las rectoras del CNE y jueces del TSJ”.
Del mismo modo, los diputados denunciarán al Gobierno ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Una comisión de altísimo nivel acudirá a la Organización de Estados Americanos para defender la democracia”, acordaron.
Los diputados solicitarán la activación inmediata de la carta democrática Interamericana y denunciarán el quebrantamiento de la Constitución ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Responsabilidad penal
Según el parlamentario nacional jubilado, Walter Márquez, las rectoras del CNE están cometiendo el delito de abuso de poder, tipificado en el artículo 203 del Código Penal; además se han asociado para delinquir, lo cual también es un delito de acuerdo con el artículo 286 de la legislación penal vigente.
Márquez informó que al suspender el referendo revocatorio contra el gobierno de Venezuela, el organismo electoral viola el derecho internacional, el cual también está contemplado en el artículo 155 numeral 3 que establece penas para quienes violen tratados o convenios internacionales.
“Esta actitud de las rectoras del CNE implica responsabilidad penal, civil y administrativa, de acuerdo al artículo 25 de nuestra Constitución que señala que todo acto del poder público que viole o menoscabe los derechos humanos acarreará responsabilidad penal, civil y administrativa contra quien lo ordene o lo ejecute sin que sirvan órdenes superiores como argumento”; señaló.
Fuente: Sumarium