Una empresaria ecuatoriana demandó por millonaria suma a la cadena televisiva TeleSur, luego que el medio de comunicación la acusara de ser agente de la CIA y de conspirar contra el Gobierno de Rafael Correa.
Se trata de Karen Hollihan, directora de Relaciones Públicas del Instituto Interamericano por la Democracia (IID), quien el pasado viernes 23 de septiembre presentó la demanda y solicitó una reparación de más de US$ 15 millones.
Hollihan es opositora al Gobierno de Correa y está radicada en Miami; pero el documental “La CIA en Ecuador” la señala como la presunta organizadora de una red de agentes encargados de supuestamente “atacar la democracia en Ecuador”.
Los abogados defensores de la ecuatoriana aseguran que el documental no es una investigación periodística, sino “una colección de mentiras maliciosas e intencionales con el único propósito de dañar a Hollihan, el IID y cualquiera que se atreva a criticar al Gobierno ecuatoriano”.
Además alegan que TeleSUR causó daños en la reputación de Hollihan como agente inmobiliaria y le generó estrés y severo daño emocional, por vincularla a una actividad criminal.
De acuerdo con el audiovisual Hollihan es clave en el papel de estructurar, coordinar y financiar las operaciones en el país.
“Hay una fuerza oscura, oculta y clandestina que tiene la intención de destruir la democracia. Hoy vamos a demostrar la capacidad de la CIA en Ecuador”, afirma el reporte emitido en junio y sin mayores pruebas que sostengan la acusación.
“Ella (Hollihan) quiere llamar la atención sobre la falsa propaganda que es transmitida en su propio país”, afirmó su abogado, Michael Fasano.
Hollihan se dedica a los negocios inmobiliarios y pertenece al IID, grupo que aboga por la libre expresión y comercio en Latinoamérica.
Además de Hollihan, el documental acusa también de conspiración a la excandidata presidencial Martha Roldós, y a los coroneles en retiro, Mario Pazmiño y Alberto Molina.
Cabe destacar que TeleSur fue fundada en 2005 y promovida como “Una respuesta socialista a CNN”, acusando a la señal estadounidense de servir a los “intereses imperialistas del gobierno estadounidense”.
Las operaciones del canal han sido financiadas por los gobiernos de Venezuela mayormente, y el aporte de Argentina (cuya participación se detuvo tras el cambio de gobierno), Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Uruguay.
Fuentes: Ecuavisa; El Comercio