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Mueren las esperanzas de la oposición venezolana de efectuar el referendo revocatorio este 2016 y lograr la destitución de Nicolás Maduro este mismo año. Abogados constitucionalistas aseguran que la salida es efectuar una Asamblea Constituyente.
El Consejo Nacional Electoral informó la tarde del miércoles 21 de septiembre que la recolección del 20 % de las firmas del padrón electoral se efectuará los días 26, 27 y 28 de octubre de este año , al tiempo que el organismo previó que de superar ese paso, la consulta se efectuaría en el primer trimestre de 2017; por lo que de ser Nicolás Maduro destituido, quedaría como presidente el vicepresidente Ejecutivo, o sea, el poder estaría aún en manos del chavismo.
A los venezolanos no les sorprende este anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) y muchos se preguntan cuáles serán los próximos pasos a ejercer para no permitir que el Gobierno de Maduro concluya su mandato, pues con el pasar de los días se acentúa la crisis en el país suramericano.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reaccionó con un llamado a masivas movilizaciones pacíficas como medida de protesta para «defender la Constitución». María Corina Machado, líder opositora, por su parte llamó a la «rebelión civil«; sin embargo aún quedan «cartas bajo la manga» que el antichavismo podría implementar para lograr la interrupción del actual Gobierno.
PanAm Post contactó a abogados constitucionalistas y especialistas en la materia para conocer qué opciones legales y pacíficas le quedan a la oposición venezolana para lograr la salida del poder de Nicolás Maduro.
Nicolás Maduro: ¿Ilegítimo?
Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) explicó a PanAm Post que a la oposición le quedan dos opciones constitucionales: la primera, sería que la Asamblea Nacional declare a Maduro como presidente ilegítimo «confeso» tras conocerse que tiene doble nacionalidad por el presunto nacimiento de su madre en Colombia.
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La especialista asegura que esa opción no debe despreciarse, a pesar de que el actual TSJ podría sentenciar «sin efecto» dicha decisión de la Asamblea Nacional (AN); tal y como ha sentenciado en contra de otras decisiones del Parlamento.
Mármol asegura que «los derechos están para ejercerse y no se puede renunciar a ello en nombre de un presunto fracaso; de llegarse al extremo de que no fuera respetada la decisión de la AN, Nicolás Maduro sería un presidente de facto».
«Es hora de una Constituyente»
La segunda opción y la más eficaz sería realizar una Asamblea Constituyente con la cual se modifique la Carta Magna y pueda lograrse la «reinstitucionalización» del país.
Mármol de León, y el abogado constitucionalista José Vicente Haro, han insistido desde principios de año que el referendo revocatorio era una opción casi «imposible» pues depende de los lapsos y condiciones impuestos por el CNE, órgano electoral que se ha mostrado a favor del régimen chavista.
Una Asamblea Constituyente está dentro del marco constitucional y está amparada en la actual Carta Magna respaldada en los artículos 347, 348 y 349.
Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
La misma puede ser convocada por el 15 % de los electores inscritos en el registro civil y electoral; con esto, el TSJ no podría anular ninguna decisión tomada por el pueblo pues la solicitud se haría desde el poder popular y no desde el Parlamento.
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El artículo 349 establece que el presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución, y los Poderes de Estado tampoco podrán impedir las nuevas decisiones.
«Venezuela lo que tiene que hacer es recoger el 15 % de las firmas de los inscritos en el padrón electoral y llamar a una Constituyente que no sea convocada por ningún poder sino por el mismo pueblo», aseguran los especialistas.
«Un cambio de todas las cabezas de los poderes públicos y hacer una refundación del Estado, porque este juego se terminó, el juego del revocatorio se acabó, es un juego macabro que lo han ido permisando en una evidente burla de lo que son nuestros derechos constitucionales»; sentenció la especialista.
Dijo que aunque parezca complicado, el proceso puede durar seis meses; los mismos seis meses que le ha llevado a la oposición luchar por un referendo revocatorio que «prácticamente murió» con el anuncio del CNE de que sería en 2017.
«Una vez que tengamos recogidas esas firmas las autenticamos nacional e internacionalmente para que que dé constancia de que están debidamente recogidas, escogemos a los constituyentistas y en un lapso de cuatro a seis meses se busca reformar la Constitución», explicó.
Por su parte, Haro insistió en la necesidad de que la Constituyente sea convocada por el pueblo, por organizaciones civiles, pues asegura que si es convocada por la AN, el TSJ podría buscar la manera de anularla con una sentencia, tal y como lo ha hecho con la mayoría de las medidas tomadas por el Parlamento.
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«Si la convoca la Asamblea Nacional sería anulada por el TSJ», sentenció; al tiempo que recomendó que para lograr la Constituyente es necesario la «voluntad política» de todos los factores del país, desde los partidos políticos, hasta organizaciones civiles y comunidad en general.
Posibles reformas
Los especialistas recomiendan que en esa modificación de la Constitución, se redacten reformas que busquen acabar con la reeleción indefinida, restablecer el Senado como filtro y control de la AN, establecer la doble vuelta electoral y acortar el período presidencial.
Asegura que es necesario que dentro de las primeras medidas se tome un Gobierno de transición, refundar el Estado y cambiarlo todo.
Aunque la reforma no sea inmediata propone luces para terminar con el mandato chavista antes que terminen su periodo en el 2019.
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