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La Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU expresó su “sorpresa y decepción” ante la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela contra la Ley de Amnistía, la cual declaró inconstitucional.
En un comunicado seguido de una declaración de prensa, la oficina que preside Zeid Ra’ad Al Hussein deploró la decisión del TSJ, pues considera que dicha Ley aprobada por la oposición venezolana en el Parlamento que controla por votación popular se ajusta a las normas establecidas por los organismos defensores de Derechos Humanos a nivel internacional.
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“Estamos muy, muy decepcionados por la decisión del Tribunal Supremo, sobre todo teniendo en cuenta que el Gobierno venezolano nos solicitó nuestra opinión legal y nosotros respondimos que en general estaba en conformidad con los estándares de derechos humanos”, explicó en rueda de prensa la portavoz del Alto Comisionado, Ravina Shamdasani.
We're surprised by #Venezuela's court ruling against a bill which we believe conforms to intl #humanrights standards pic.twitter.com/YpXHsfQfrT
— UN Human Rights (@UNHumanRights) April 12, 2016
Consultada la portavoz respecto a la independencia del poder judicial en el país sudamericano, respondió que varias entidades de la ONU han mostrado su preocupación al respecto.
“Nosotros y otros mecanismos de derechos humanos de la ONU hemos mostrado nuestra preocupación respecto a la independencia del estamento judicial venezolano en reiteradas ocasiones. El año pasado el Comité de Derechos Humanos destacó la necesidad de una reforma profunda del sistema judicial para garantizar su independencia del Gobierno y de cualquier grupo político”.
Shamdasani explicó que el Alto Comisionado aún está estudiando en detalle la decisión del alto tribunal, pero ya advirtió que para la entidad es “preocupante” el hecho de que se ha declarado “el texto en su integridad” anticonstitucional.
Dijo que el Alto Comisionado reitera su llamamiento al Gobierno y a la oposición para que “abran nuevos caminos para poder restablecer el diálogo” que lleve a “acuerdos necesarios para enfrentar los graves desafíos políticos y sociales de la población”.
Por su parte la canciller venezolana Delcy Rodríguez condenó la posición de la ONU a través de las redes sociales.
Alto Comisionado DDHH @UNHumanRights ha cometido el peor error en el ejercicio d sus funciones avalando Ley de amnesia criminal en Venezuela
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 12, 2016
Alto Comisionado ONU refuerza impunidad dla derecha vzlana para acometer acciones insurreccionales contra el Estado constitucional d derecho
— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) April 12, 2016
Una pretendida “Comisión de la Verdad”
Horas antes de que el TSJ declarara insconstitucional la Ley aprobada por la Asamblea Nacional, el presidente Nicolás Maduro planteó la creación de una “Comisión de la Verdad” en contrapartida de una amnistía que liberaría al menos a 76 de venezolanos presos por razones políticas.
Durante un mitin que conmemoró el golpe de Estado que sacó brevemente del poder a Hugo Chávez en 2002, Maduro añadió que también invitó a opositores y premios Nobel a sumarse a la comisión, en cuyo establecimiento estará presente el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper.
[adrotate group=”7″]Ante esta situación la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) informó este lunes 11 de abril que con la creación de una “Comisión de la Verdad” el presidente Nicolás Maduro aumentará la impunidad en violaciones a los Derechos Humanos.
De acuerdo con Provea la decisión de crear una nueva “Comisión de la Verdad” (CV) incumple los estándares internacionales de derechos humanos que rigen en la materia, y que han sido aplicados en las experiencias latinoamericanas.
La organización asegura que para que una Comisión de la Verdad cuente con credibilidad internacional debe cumplir algunos requisitos:
a) Seleccionar miembros con excelente reputación moral y profesional;
b) Garantizar independencia total de cualquier interferencia política;
c) Establecer procedimientos transparentes para la investigación y;
d) Establecer un diálogo con la sociedad civil, en particular con organizaciones de víctimas; y contar con el apoyo de las partes interesadas, ganarse el respeto de las sociedades y cumplir de manera consistente con un código de conducta.
Para Provea, el Gobierno de Nicolás Maduro, no garantiza ninguna de las condiciones anteriores.
En tanto, el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, descartó que la oposición fuera a enviar representantes a la supuesta Comisión de la Verdad, integrada por el vicepresidente de la República, Aristóbulo Istúriz; la fiscal general y el defensor del Pueblo, Luisa Ortega y Tarek William Saab (ambos fuertemente cuestionados por su más que dudosa imparcialidad) y Ernesto Samper, expresidente colombiano y secretario de la Unión de Naciones del Sur, como supuesto “garante” de los acuerdos.
“La decisión de la ley de Amnistía ratifica que estamos ante un Gobierno de malandros (delincuentes)”. “No hay duda de que el país se encuentra en una confrontación de poderes: El de la gente y lo que le queda de poder a una cúpula corrupta”, señaló Torrealba. La MUD “defenderá en la calle” la Ley declarada inconstitucional.
