Intelectuales haitianos aseguran que el acuerdo firmado entre el expresidente Michel Martelly y el Congreso bicameral es inconstitucional y agudiza la crisis de ese país caribeño, que desde el pasado domingo 7 de febrero se quedó sin presidente.
Haití vive su segundo día sin jefe de Estado, y a la espera de que el Parlamento elija a un presidente interino el cual estaría encargado de organizar nuevas elecciones y traspasar el poder a un nuevo gobernante, en un lapso de 120 días.
Pero especialistas como el excónsul haitiano Edwin Paraison y el politólogo Camille Charlmers afirman que el pacto liderado por Martelly antes de abandonar su cargo se logró de manera frágil, ya que no fue consultado con todos los miembros de la Asamblea Nacional.
Charlmers señaló que “la situación que vive esa nación no está prevista en la Constitución, por lo que se puede considerar como inconstitucional lo pactado entre los actores”.
El politólogo aseguró que para salir de la crisis es necesario que se realice una consulta con todos los sectores políticos y sociales. Explicó que es un acuerdo obtenido dentro de la exclusión de los actores populares y de gran parte de la clase política.
Martelly dejó el cargo el pasado domingo, pero antes de hacerlo acordó con el presidente del Senado, Jocelerme Privert, y con el titular de la Cámara de Diputados, Cholzer Chancy el modo en que se escogería al nuevo mandatario.
Ante esta situación la oposición de ese país advirtió que no aceptará un presunto “golpe parlamentario”.
Mientras tanto, el primer ministro Evans Paul asumió provisionalmente la presidencia de ese país. Este martes el funcionario hizo un llamado al diálogo e instó a la oposición a abandonar las protestas en las calles.
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La oposición está alerta
La oposición haitiana aseguró que no aceptará a un presidente que no venga “de elecciones limpias” y condenó el pacto liderado por Martelly tras calificarlo de “naturaleza antidemocrática”.
Anunciaron además que continuarán en las calles para exigir la anulación del proceso electoral iniciado en octubre de 2015 para que se efectúe una convocatoria a nuevas elecciones que sean transparentes.
El acuerdo “intenta validar las elecciones de 2015 como si fueran normales sin tener en cuenta las protestas populares que terminaron con varios muertos y la rotura de la sociedad haitiana”.
Del mismo modo aseguran que el Parlamento haitiano es parte de la crisis, razón por la cual no puede decidir la solución de la misma.
La oposición haitiana sugiere que la presidencia interina sea asumida por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jules Cantave, y señala que la misión principal del Gobierno de transición debe ser garantizar la paz, crear una comisión que investigue las irregularidades cometidas en la primera ronda de las elecciones presidenciales, y crear un clima de confianza que permita celebrar comicios libres y democráticos.
La ONG Amnistía Internacional mostró su preocupación por la actual situación haitiana, y la calificó como un “limbo de liderazgo”.
La organización aseguró que “gran parte de esta situación se debe a la clase política haitiana, que prefiere centrar sus energías en luchas intestinas por el poder, en lugar de atender las imperiosas necesidades de la población haitiana”.
Desde que se llevó a cabo la primera vuelta electoral, el 25 de octubre de 2015, Haití se vio sumergida en una serie de manifestaciones por un fraude en los comicios.
Una comisión independiente verificó 15% de los certificados de las elecciones presidenciales y demostró que sólo 8% de ellos estaban correctos.
La denuncia de fraude electoral se basa en el descubrimiento de que 57% de los votos contados no tienen las firmas de los votantes, más de 30% de los votos contados no tienen relación con ningún documento de identificación nacional, y que 46% de los números que aparecen en las listas de votos son falsos.
Las elecciones previstas para el pasado 24 de enero fueron suspendidas “por razones de seguridad”, para participar estaba convocado el candidato oficialista Jovenel Moise y el opositor Jude Celestin, quien a una semana del balotaje se negó a participar por el fraude cometido en los comicios de octubre.