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Este lunes 18 de enero la oposición venezolana discutirá el Decreto de Estado de Emergencia Económica dictado por el Gobierno de Nicolás Maduro, texto en el cual el Ejecutivo se adjudica la posibilidad de requerir tanto a empresas como a personas naturales, los medios y mercancías “que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento” en el país.
Las Comisiones de Contraloría, Política Interior, Desarrollo Social Integral y Finanzas, serán las encargadas de analizar cada uno de los puntos establecidos en el Decreto y tomar posición en relación con ellos.
El Decreto de Emergencia Económica fue publicado en la Gaceta Oficial 40.828 y consta de 10 artículos que le permitirían al Gobierno no solo profundizar los controles en divisas, sino además obviar trámites presupuestarios, agilizar compras sin licitación; y la posibilidad de disponer de bienes tanto de empresas como de personas naturales.
La medida, que fue presentada a los venezolanos horas antes del discurso de Memoria y Cuenta por parte del presidente Nicolás Maduro, establece que el Gobierno podrá disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015; implementará medidas para evitar la evasión fiscal; y dispondrá de los trámites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías.
[adrotate group=”7″]Además, al menos tres puntos afectan directamente a la propiedad privada en el país, porque expresan que “el Ejecutivo Nacional podrá requerir de las personas naturales o jurídicas, propietarias o poseedoras, los medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio, beneficiadoras, y demás establecimientos, bienes inmuebles y demás mercancías que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos a los venezolanos, así como otros bienes de primera necesidad”.
Del mismo modo, la normativa señala que el Ejecutivo podrá requerir a las empresas tanto del sector público como privado incrementar sus niveles de producción, así como el abastecimiento de determinados insumos a los centros de producción de alimentos o bienes esenciales para “garantizar la satisfacción de necesidades básicas de los venezolanos y venezolanas”.
En el mismo sentido el texto establece que “los ministerios del Poder Popular, con competencia en materia económica y finanzas, podrán efectuar las coordinaciones necesarias con el BCV a los fines de establecer límites máximos de ingresos y egresos de la moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras”, lo que se ha calificado como la inminencia de un “corralito“, como el que rigió en Argentina hace 14 años.
“Licencia para expropiar”
El diputado Alfonso Marquina, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, aseveró que el Decreto fue creado por el Gobierno con la intención de que el Parlamento no lo apruebe y “así responsabilizar a la mayoría opositora de la grave crisis económica que atraviesa el país”.
Marquina señaló que con el decreto, “todas las señales que el Gobierno ofrece es que van a seguir insistiendo en todos los errores que han llevado a Venezuela a la peor crisis económica”.
Dijo que el documento no especifica ni la forma ni el alcance de combatir la inflación y la escasez, y busca profundizar todos los mecanismos del control.
“Lo que busca el Gobierno es que se le de una especie de licencia para que pueda contratar sin pedir consulta de precios o licitaciones públicas, pero lo más grave es que el Gobierno pide licencia para seguir confiscando, expropiando y ocupando empresas”, señaló.
Dijo además que es imposible que la mayoría opositora pueda aprobar un Decreto de Emergencia en los términos en que fue presentado.
“Pretender limitar el dinero de los venezolanos, sencillamente es inaceptable. Estoy seguro de que este Decreto va a ser negado por la AN, y que fue emitido con la intención de buscar una excusa para responsabilizar a la AN de que negamos este decreto”, sentenció el diputado.
Del mismo modo, Delsa Solórzano, presidenta de la Comision Política Interior dijo que con este documento, “el Gobierno pide libertades plenas para hacer uso de los bienes y servicios de nuestro país con la excusa de que supuestamente es para garantizar el abastecimiento”.
Dijo que con este Decreto el Ejecutivo pide libertad plena para apropiarse de los bienes sin control.
El Gobierno busca poderes especiales
Alicia Sepúlveda, coordinadora del Observatorio Económico Legislativo de Cedice-Libertad, explicó a PanAm Post que con el decreto de Emergencia Económica, el Gobierno de Nicolás Maduro busca “tener poderes especiales y carta blanca para tomar medidas” que atentan contra las libertades de los venezolanos.
“Percibo que el decreto va a permitir el tema de una ejecución presupuestaria sin transparencia, unas medidas de mayor intervención de la economía; y expropiaciones e intervenciones de las cadenas productivas para supuestamente beneficiar a la población”, aseveró.
Sepúlveda afirmo que la economía venezolana lo que necesita es generar confianza, un marco normativo claro, que exista un Estado de Derecho y la protección a la propiedad privada. “Este decreto está hecho para continuar cercenando las libertades económicas de los venezolanos”, concluyó.
