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English#QueNadieVotePorTi es una campaña de la oposición venezolana para resguardar el voto de los ciudadanos de ese país que se encuentran en el exterior y que no podrán participar en las próximas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.
Se trata de un portal web en el cual los venezolanos en otros países tienen la oportunidad de «resguardar» su voto registrándose en la página y colocando su cédula de identidad; de esa manera, y de acuerdo con los creadores de dicha iniciativa, el ciudadano dejaría establecido que no asistirá a los comicios y protegerá el voto ante «posibles usurpadores».
Pero la idea de esto, es combatir el rumor que ha surgido durante años de que en Venezuela hay personas que votan con cédulas diferentes y que sufragan más de una vez.
La información suministrada llegará a los testigos de mesa de cada centro de votación, ellos llevarían un listado con la información de los electores que se encuentran en el exterior.
En Venezuela los rumores de fraude electoral y de irregularidades en los comicios nunca pasan desapercibidos, pues muchos electores aseguran que hasta los muertos en ese país ejercen su derecho al voto.
Roberto Abdul, presidente del Comité Directivo en la Asociación Civil Súmate —ONG con experiencia tecnológica y logística en cobertura de eventos electorales— , explicó a PanAm Post que la iniciativa #QueNadieVotePorTi permite que la oposición venezolana pueda ejercer contraloría ante la autoridad electoral de ese país, el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Dijo que aunque en Venezuela son muy pocos los casos de usurpación de identidad que se han presentado, deben llevar un control sobre quienes participarán y dejarán de hacerlo en los próximos comicios.
Irregularidades a favor del Gobierno
Aunque Abdul reconoció que en ninguna jornada electoral han podido constatar un fraude en cuanto a la totalización de los votos, explicó que son las acciones que ejerce el Estado con el respaldo del CNE las que terminan favoreciendo al oficialismo en las elecciones.
Dio a conocer que la irregularidad que más se comete es el uso y el abuso de los recursos estatales en materiales, financieros, humanos y de infraestrucutura para hacer campaña electoral y para influir en la decisión del elector a la hora de votar.
Puso como ejemplo la inauguración de obras del Gobierno durante la campaña electoral para favorecer a sus candidatos; y el acompañamiento o voto asistido de Guardias Nacionales o de miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela al lado de la máquina electoral para presionar y verificar que los ciudadanos voten a favor del PSUV el día de los comicios.
El voto asistido en Venezuela es una práctica legal que permite que personas con discapacidad o ancianos cuenten con la asistencia de una persona de su confianza para ayudarlos a votar; por el contrario, dirigentes del partido de Gobierno en diferentes oportunidades implementan el voto asistido para presionar y obligar a que ciudadanos ejerzan su derecho a favor del PSUV, según se denuncia recurrentemente.
Explicó que tal «ventajismo exorbitante» también se pudo observar cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE), modificó el índice poblacional de ese país para favorecer electoralmente al chavismo, pues el nuevo cálculo implica que la oposición obtendría menos diputados debido a un curioso descenso de habitantes en regiones donde, por tradición, es mayoría.
El pasado 29 de octubre Súmate denunció al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por uso de recursos del Estado para campaña electoral.
El vicepresidente de la ONG, Edgar Saldivia solicitó al CNE que sancione al mandatario nacional por incurrir en 17 alocuciones proselitistas, en las que presuntamente promovió a sus candidatos a diputados.
La Constitución, las leyes contra corrupción y procesos electorales, prohíben tanto el adelanto de la campaña electoral como el uso de bienes estatales para la misma.
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En la denuncia exigen que Maduro pague una multa entre 5 a 7 mil unidades tributarias «por el uso de la plataforma de medios de comunicación social en 17 actos proselitistas».
También denunciaron a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y también candidato, «por utilizar en beneficio de su aspiración y de los candidatos a diputados a la AN por el PSUV, bienes y recursos del Estado».
Hasta las momentos, la ONG no ha obtenido respuesta del CNE.
Pende de un hilo el acompañamiento internacional
Aunque en Venezuela no está aprobada la figura de la observación internacional, sí se permite que existan delegaciones para el acompañamiento internacional solo de organismos y delegaciones que estén acreditados por el árbitro electoral, el CNE.
Recientemente el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil anunció que ya no viajará a Venezuela como parte de la misión de la Unasur para participar como observador internacional en ese país debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades venezolanas sobre las garantías necesarias para lograr una «observación objetiva e imparcial».
Pero además el pasado 30 de octubre la Corte Electoral Uruguaya (CEU), la cual encabeza el Consejo Electoral de Unasur, advirtió que «el sentido» de la misión de observación para las elecciones del 6 de diciembre «está en riesgo».
En un documento oficial la CEU considera que «si no fuera posible conformar la misión en tiempo y forma» no debería realizarse para preservar la trayectoria de Unasur «a favor del ejercicio democrático en la región» y no perjudicar «la seriedad y el prestigio ganados en el ámbito internacional».
“Seguimos sin jefe de misión y sin coordinador general”, dijo uno de los integrantes de la CEU, Pablo Klappenbach.
Ante estas declaraciones oficiales, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena dijo que aún hay tiempo para que la misión de Unasur participe; pero hasta ahora no se ha firmado el acuerdo entre las cancillerías de los 12 países miembros.
Por otra parte, Lucena descartó la petición de la oposición de que participen alrededor de 500 observadores internacionales, entre ellos los de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea.
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