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Ante acusaciones por tráfico de influencias, el ex presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, testificó este jueves 15 de octubre en una Fiscalía Federal de ese país.
Lula fue interrogado en el marco de una investigación que iniciaron para conocer si recibió pagos para beneficiar a la constructora brasileña Odebrecht, y si ejerció presión sobre el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social para que esa compañía recibiera préstamos que por un monto de US$1.000 millones, con bajos intereses.
La investigación también lleva consigo determinar si el ex presidente viajó a naciones como Angola y Cuba, durante su mandato, para influir y beneficiar a Odebretcht en contratos para nuevas obras internacionales.
El pasado 12 de septiembre, la policía brasileña solicitó a la Corte Suprema de ese país que citara al expresidente Lula, para escuchar su testimonio, pues aseguró que puede “haberse beneficiado” de los casos de corrupción.
Un comunicado emitido por el Instituto Lula, afirma que ante los fiscales, el expresidente negó cualquier posibilidad de malversación durante su gestión como mandatario de Brasil. Además, aseveró que «nunca interfirió en ningún contrato» con la entidad financiera estatal ni compañías privadas.
El Instituto Lula agregó que «él siempre trató de hacerle propaganda a estas empresas en el exterior, con el objetivo de generar trabajos y divisas para Brasil». El texto añade que expresidentes de todo el mundo asumen papeles similares.
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La compañía Odebretcht está siendo investigada por presuntas corruptelas en el caso Petrobras. Su presidente, Marcelo Odebrecht, se encuentra bajo arresto desde el pasado mes de junio, y es acusado de pagar altas sumas de dinero en sobornos a funcionarios de la estatal petrolera brasileña, para obtener contratos millonarios en el área de la construcción.
Política brasileña plagada de corrupción
Este viernes 16 de octubre la Oficina del fiscal general de la Nación admitió iniciar una investigación por presuntos indicios de que el presidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha haya cometido delito, por no declarar que posee cuentas bancarias en Suiza.
La Procuraduría General de la República afirmó este viernes, que el patrimonio de Cunha aumentó 214% desde 2002 hasta 2014. En un comunicado, el organismo asegura que en la actualidad los activos declarados por el funcionario son de R$1,6 millones. En 2002 declaró que eran R$ 525.768, por lo que para el fiscal general «hay pruebas suficientes de que las cuentas en el extranjero no fueron declaradas», lo que acarrearía un delito.
Pero este no es el primer caso por el cual el presidente de la Cámara de Representantes de ese país es investigado. Cunha tiene una investigación independiente a sus espaldas por presuntamente haber participado en el escándalo de corrupción de Petrobras.
Recientemente, el periódico O Globo dijo que Cunha estuvo en negociaciones con un alto funcionario del Gobierno para mantenerse como presidente de la Cámara, a cambio de no abrirle un juicio político a la actual presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.
Por otra parte, el pasado 6 de octubre la Corte Suprema Electoral de Brasil también anunció que Rousseff será investigada debido a la posibilidad de que su campaña haya sido financiada con dinero ilegal.
Adicionalmente, la presidenta también se encuentra involucrada en investigaciones que la señalan por haber desviado fondos del Estado.
El pasado 7 de octubre, la Corte Federal de Auditorías de Brasil aseguró que la mandataria violó prácticas contables y la ley de Finanzas durante el año 2014, tras usar dinero de bancos estatales para cubrir déficits presupuestarios. En relación con esto, el Supremo Tribunal Federal de Brasil desechó facilitar el proceso de juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.
La oposición pide juicio político
El abogado Helio Bicudo, formalizó este jueves 15 de octubre una nueva petición de juicio político contra la presidenta brasileña. Él, junto a otros juristas del país, llevaron el pedido a una notaría en San Paulo, basándose en las acusaciones por el mal manejo fiscal del Gobierno de Rousseff.
Cabe destacar que el presidente de la Cámara de Representantes, Eduardo Cunha, ya ha rechazado 11 pedidos para procesar a Rousseff, porque supuestamente las solicitudes «carecían de razones jurídicas», y además mantiene su posición de que «los mandatos anteriores no contaminan el mandato presente».
Ante este argumento, los juristas aseguran que la nueva acción de juicio político sí las reúne, porque esta solicitud anexa un informe de un fiscal de Tribunal de Cuentas que señala que las irregularidades cometidas en 2014 se repitieron durante los primeros meses de 2015.
