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EnglishEste sábado 3 de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en Carolina del Sur (EE.UU.), afirmó que la situación de la libertad de expresión y concentración de medios ha empeorado en América Latina, y asegura que en Venezuela hay un hostigamiento permanente de los pocos medios independientes que quedan.
Durante las sesiones de la CIDH que culminarán este martes 6 de octubre, la Vicepresidencia Regional de la SIP propondrá a la Asamblea General que apruebe cuatro resoluciones contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Las solicitudes de la SIP Venezuela se enmarcan en un petitorio en el que instan a que se declare la ruptura de la libertad de expresión y de prensa en el país suramericano; que se condene el comportamiento de los principales líderes del chavismo, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, como los «primeros victimarios de la prensa libre y del ocultamiento de la información pública».
Ademas, exigen que se exprese la solidaridad a favor de los presos políticos y de opinión en Venezuela; y que insten a los Gobiernos de la región a mantenerse atentos y respaldar la observación internacional en las próximas elecciones parlamentarias.
El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS), calculó que los primeros siete meses del 2015 hubo 287 violaciones del derecho a la libertad de expresión; de acuerdo con ese conteo, al menos 237 de ellas, afectaron a medios extranjeros y regionales por la difusión de información incómoda para el Gobierno de ese país.
Tal es el caso de los medios de comunicación privados como La Patilla, Tal Cual y El Nacional; los cuales recibieron una demanda milmillonaria emprendida por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello por supuestos «daños morales».
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La acción legal surgió luego de que estos medios emplearan la doctrina del reporte fiel —aprobada por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos— para republicar una información que publicó el diario ABC de España, en el que vinculaban a Cabello con acciones de narcotráfico y lo mencionaron como uno de los líderes del Cartel de los Soles.
Redes sociales, un «arma de doble filo»
De acuerdo con el Foro Penal Venezolano, hay 31 presos en el país por participar en protestas contra el Gobierno nacional, y otros 9 venezolanos por expresar opinión a través del Twitter.
El domingo 4 de octubre cumplió un año detenida Inés González Arraga, mejor conocida como @inesitaterrible quien fue aprehendida por el Estado venezolano después de expresar su opinión a través de su cuenta en Twitter.
González fue señalada de «aplicar terrorismo cibernético», después de haber publicado mensajes en las redes sociales, en relación con el asesinato del diputado oficialista Robert Serra.
https://twitter.com/inesitaterrible/status/518046297841221633
En su audiencia de presentación le imputaron instigación pública, ultraje a funcionario y ultraje violento.
En julio de 2015, Marisol González, hermana de la tuitera detenida, denunció que la presa política fue presuntamente golpeada por funcionarias de la policía en el momento que la trasladaban al Hospital Militar.
Actualmente @inesitaterrible se encuentra recluida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, en su sede de El Helicoide en Caracas, en un delicado estado de salud, pues fue diagnosticada con un tumor parauterino, por lo que le realizarán una histerectomía total.
González no es la única detenida por opinar sobre el caso de la muerte de Robert Serra; el joven Víctor Ugas, estuvo detenido ocho meses por haber publicado a través de su cuenta en Twitter, la imagen del cadáver del exdiputado chavista filtradas desde la morgue de Bello Monte. Ugas, fue señalado por haber cometido supuestos “delitos informáticos”.
Otras dos personas también fueron detenidas por hacer mención al caso de Serra a través de la red social Twitter. Ginette Hernández y su tío Lessy Hernández, por presuntamente haber publicado semanas antes unas predicciones en las que afirmaban que la Asamblea Nacional “estaría de luto”.
El Estado apresó a todos estos venezolanos por hacer referencia a la muerte del parlamentario oficialista a través de las redes sociales, pero aún el Gobierno no ha logrado demostrar la tesis política sobre el homicidio del exfuncionario.
Por el caso hay 11 personas detenidas imputadas por la comisión de los delitos de homicidio agravado y robo agravado; pero el supuesto autor intelectual, el exconcejal de Cúcuta, Julio Vélez quien fue detenido el pasado 3 de junio, no fue imputado por el delito de homicidio, sino por uso de documento público falso, forjamiento de documento público, detentación y ocultamiento de arma de guerra, y ocultamiento de municiones.
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