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Este lunes se iniciaron en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) las audiencias sobre el litigio marítimo entre Nicaragua y Colombia, en las cuales se determinará si este ente tiene competencias para establecer si el país suramericano ha cumplido una sentencia emitida por la propia CIJ el 19 de noviembre de 2012. de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas por la Corte, tal como lo demandó el país centroamericano en noviembre de 2013.
En su momento, el fallo fue considerado “inaplicable” por el Gobierno colombiano, que puso como condición que se firmara antes un tratado que garantice los derechos de ese país en la zona en disputa.
Nicaragua afirma que Colombia ha violado la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982 y pide a la Corte Internacional de Justicia que intervenga para que el país suramericano «repare los perjuicios causados».
En total serán seis audiencias preliminares. En la primera, pautada para este lunes, Colombia presentó sus objeciones preliminares, mientras que este martes, Nicaragua expondrá su punto de vista. La segunda ronda está prevista para el 30 de septiembre y 2 de octubre en el mismo orden de comparecencia.
En la sesión, Colombia acusó a Nicaragua de hacerse pasar por “víctima” y de «fabricar disputas donde no las hay».
Antecedentes y argumentos
En parte, la discusión surge por diferencias en el cálculo de los kilómetros del territorio marítimo que estaba en disputa, pues Nicaragua calcula que la Organización de Naciones Unidas le otorgó más de 90.000 kilómetros cuadrados, y Colombia calcula unos 75.000.
Cabe destacar que el 26 de noviembre de 2013, la Corte Internacional de la Organización de Naciones Unidas dejó siete cayos del archipiélago de San Andrés bajo la soberanía de Colombia, los cuales también formaban parte de la demanda de Nicaragua en contra del país suramericano.
Colombia asegura que la CIJ no es competente para asumir la demanda de Nicaragua, pues afirma que todos los asuntos relacionados con ese tema ya fueron definidos en la resolución de ese juzgado en 2012.
El país encabezado por Juan Manuel Santos además niega la presunta violación de espacios marítimos y resalta que no ha amenazado con la fuerza a Nicaragua, tal y como el país centroamericano lo afirma.
Nicaragua por su parte, hace referencia a declaraciones realizadas por el presidente, vicepresidente y ministra de Asuntos Exteriores de Colombia, asegurando que el país suramericano ha rechazado el fallo de la Corte y no ha aplicado la sentencia.
«Falta de voluntad política»
Walter Arévalo, profesor de Derecho Internacional en la Universidad del Rosario, en Colombia, explicó a PanAm Post que para Colombia no debería ser difícil el cumplimiento de la sentencia, por lo que aseguró que en ese país «hay un problema desde el punto de vista político» porque el Gobierno encabezado por Santos considera que perdió el litigio cuando en realidad, de acuerdo con el especialista «no perdió tanto».
Dijo que Colombia se rehúsa legalmente a aceptar la aplicación del fallo y para ello ha establecido barreras legales como la sentencia de su propia Corte Constitucional que establece que no se puede cumplir el mandato de la CIJ si no se hace un tratado con Nicaragua. Aseguró que por el contrario, el país centroamericano afirma que la sentencia es obligatoria y no amerita tratado alguno.
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Arévalo informó que la sentencia de 2012, no le pide a Colombia grandes esfuerzos como mover barcos ni propiedades de ese territorio.
Dijo que al inicio de la demanda, Nicaragua tenía exigencias muy amplias; por ejemplo, solicitaba plataforma continental extendida, soberanía sobre el archipielago de San Andrés y Santa Ctalina, soberanía sobre los cayos y delimitación nueva en el Meridiano 82.
El especialista aseguró que la mayoría de las solicitudes de Nicaragua no fueron otorgadas, y es por eso que muchos especialistas afirman que Colombia ganó, aunque el Gobierno no lo entiende así.
Dijo que lo único que le pide Nicaragua a Colombia es que modifique su frontera en el Meridiano 82 y aunque el país suramericano pierde algunos espacios marítimos, no pierde ni territorio ni soberanía. Explicó que a Colombia le reconocieron 65% de la cuenca del mar Caribe, el archipiélago y los cayos; aún cuando ningún tratado avalaba la posición colombiana.
El especialista informó que Colombia por su parte, aboga por resolver este problema en la OEA en el cual yace el Pacto de Bogotá, para así llegar a acuerdos políticos. Nicaragua, por su parte, sostiene que tras el fallo de la CIJ, tiene derechos sobre la plataforma marítima.
En los últimos 30 años, Nicaragua ha estado involucrada en 11 casos de los 18 llevados a la Corte Internacional de Justicia por países latinoamericanos, y ha sido demandante en 8 oportunidades. Ha demandado a Estados Unidos, Honduras, Costa Rica, y Colombia.
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