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El Plan Nacional de Derechos Humanos presentado este jueves por el Gobierno de Venezuela no fue producto de debate, no cumple con estándares internacionales, y busca garantizar la continuidad y consolidación de la Revolución Bolivariana; así lo denunciaron organizaciones no gubernamentales (ONGs) a través del Twitter con la etiqueta #EstoNoEsPlan.
Un #PlanNacionalDDHH con visión ideológica excluyente, violatorio de CRBV y Tratados DDHH es un precedente negativo #EstoNoEsPlan
— Centro DDHH UCAB (@CDH_UCAB) August 27, 2015
Un Plan DDHH debe ser conforme a la Declaración de Viena y consultado ampliamente con sociedad civil #EstoNoesUnaConsulta #EstoNoEsPlan
— PROVEA (@_Provea) August 27, 2015
https://twitter.com/RedLGBTIVzla/status/637268056067178496
El pasado 14 de julio el vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, inició el proceso de consulta de la propuesta del Plan Nacional de Derechos Humanos, sin embargo, el Gobierno no ha tomado en cuenta las propuestas de las organizaciones no gubernamentales, defensoras de derechos de ese país.
El documento elaborado por el Gobierno surge por la premura de cumplir con los compromisos que Venezuela asumió en 2011 ante las Naciones Unidas, en su primer Examen Periódico Universal (EPU), cuando aceptó la recomendación de formular un Plan Nacional en Derechos Humanos, en concordancia con la Declaración de Viena. En 2016 debe presentar los avances concretos en la promoción de este plan.
Aunque las ONG valoran la iniciativa del Ejecutivo, por haber sido convocadas; critican que el documento presentado por el Gobierno, contiene más de 60 páginas con objetivos, ejes y acciones pre-formuladas, pero no hay reconocimiento a los problemas que deben resolverse.
Aseguran además que el diagnóstico del problema sobre derechos humanos en Venezuela, no se efectuó de manera colectiva, objetiva ni consensuada; y señalan que no se mencionan los mecanismos ni instituciones responsables de llevar a cabo los objetivos planteados en el plan gubernamental.
El Gobierno venezolano presentó este documento luego de quedar mal parado y ser desmentido ante la ONU en su examen ante la Comisión de derechos humanos. Además, lo presenta en medio de un conflicto fronterizo en que el Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro, es repudiado y señalado por acciones xenófobas y violación a los derechos de colombianos en su país.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, aseguró que el plan utiliza conceptos de naturaleza ideológica, lo que generaría discriminación a las personas que no se califican como «socialistas».
«Es una lista de buenas intenciones»
Ligia Bolívar, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, informó a PanAm Post que este plan se ha venido realizando en todos los países miembros de la ONU, con asistencia técnica de ese organismo, a través del Alto Comisionado para los derechos humanos.
Explicó que es un proceso que debe comenzar con un diagnóstico consultado y después se deben dar a conocer las bases del plan y su desarrollo, pero advirtió que nada de eso está sucediendo en Venezuela.
ONG's a la opinión pública #EstoNoesPlan http://t.co/DJZ4QPBagW pic.twitter.com/V2BOHjFL4S
— PROVEA (@_Provea) August 27, 2015
«No huno diagnóstico previo, no hubo consulta para la elaboración», afirmó Bolívar, a lo que agregó que en todos los países, ese diagnóstico ha tomado hasta un año elaborarlo, porque se realizan consultas a diferentes sectores de la sociedad, pero que en Venezuela solo lleva un mes.
«Un plan debe que tener metas concretas; tú no puedes tener cuestiones genéricas como que se va a mejorar la justicia del país, y no decir cual es el problema, las causas del mismo», aseguró la especialista.
Bolívar explicó que este documento no tiene metas ni acciones concretas. Aseguró que en vez de ser un plan, «es una lista de buenas intenciones».
Explicó además que el plan gubernamental está al margen del organismo que lo promueve, habla de Mercosur, Unasur y otras instancias pero no se adapta al marco internacional de protección de derechos humanos de la ONU.
«Es un plan que habla de democracia socialista, eso no sale en la constitución venezolana y fue rechazado por la población, es un plan excluyente», concluyó.
Proponen modificarlo
En una nota de prensa enviada por la ONG Foro Penal Venezolano, sus miembros proponen al Gobierno siete puntos concretos para tomar en cuenta en el documento gubernamental.
Solicitan reformular el lenguaje general: «un plan de derechos humanos no puede ser ‘socialista’. Debe ser amplio, plural y respetuoso de todas las ideologías, visiones y corrientes del pensamiento», dice el comunicado.
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Trabajar por la independencia de poderes es otra de las peticiones que hace el Foro Penal Venezolano: «Las instituciones deben estar al servicio del pueblo, no de parcialidades políticas».
La ONG insiste en que se deben crear condiciones objetivas y legales para que los defensores y activistas de derechos humanos no sean perseguidos ni criminalizados por desempeñar sus funciones.
Recomiendan darle uso a la ley General de Amnistía y Reconciliación Política para que cese el exilio, la persecución, y la prisión injusta y arbitraria de los disidentes.
Solicitan también que en el plan se incluya la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, para acabar con la opacidad en los procesos penales; también exigen que la ley les autorice a participar activamente en el control de las actuaciones de los órganos de Estado, en materia de protección de los derechos humanos.
El Foro Penal Venezolano pide al Ejecutivo que se garantice la libertad de expresión tanto a los ciudadanos como a los medios de comunicación «reconociendo, permitiendo y no criminalizando el ejercicio de este derecho».
En relación con el sistema judicial venezolano, exigen «objetividad, celeridad e independencia en las investigaciones penales «, además de justicia en la condena de los responsables de violaciones a los derechos humanos.
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