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Empresarios chavistas presentaron al Gobierno de Venezuela la Cesta Alimentaria Socialista como una alternativa para acabar con las filas de personas en las puertas de los abastos y supermercados. Especialistas afirman a PanAm Post que la medida es inviable, pero además también es discriminatoria.
De acuerdo con Gerson Hernández, director general del Consejo de Integración Empresarial Bolivariano, la cesta estará compuesta por 37 alimentos no perecederos, y se venderán en principio a empleados públicos, con un costo de mil bolívares.
Los productos se importarían desde Miami con la divisa oficial más baja de 6,30 Bs por dólar con artículos fabricados por 400 empresas internacionales, financiados por empresarios socialistas, y llevados a Venezuela por la compañía National Global Import and Export Corporation.
Alicia Sepúlveda, coordinadora del observatorio económico-legislativo de Cedice Libertad, informó a PanAm Post que Venezuela no cuenta financieramente con la capacidad monetaria para cumplir con quienes se verían beneficiados por esa canasta, y aseguró que en la relación costo-beneficio «sería algo demasiado costoso y estaría beneficiando a muy pocos», explicó que es una solución «completamente inviable».
La economista aseguró que es una medida discriminatoria, burocrática y que va a incentivar la corrupción.
Explicó que Venezuela es un país con casi 30 millones de habitantes y solo hay un aproximado de 2,5 millones de empleados públicos, lo que implicaría que mientras los empresarios socialistas afirman que esta Canasta «acabaría con el bachaqueo», la mayoría de los venezolanos que no laboran para una institución pública seguirían a la espera de dichos alimentos.
De acuerdo con medios de comunicación locales, durante 16 años, el Gobierno chavista ha gastado en la adquisición de productos en el extranjero US$505.104 millones, mientras que las empresas privadas venezolanas esperan por divisas para poder producir.
Damiano Del Vescovo, presidente de patronal Fedecámaras en el estado Carabobo, una de las localidades industriales de ese país, dijo a PanAm Post que con la importación de estos productos terminados continuaría «el derroche de divisas que están escasas», y aseguró que por cada dólar que el Gobierno invierte en el exterior, apoyando a empresas y fiscos extranjeros, los empresarios venezolanos son capaces de producir cinco veces más que lo que se compra con un dólar.
«Ojalá esa cantidad de dólares sirvieran para pagar parte de la deuda que se tiene a los proveedores extranjeros, poder reabrir las lineas de crédito, poder importar la materia prima para producir en el país. Saldría mucho más barato y habría más cantidad», sentenció el empresario.
Neidy Rosal, diputada del Consejo Legislativo del estado Carabobo por el partido Proyecto Venezuela, reconocida en el país por dar a conocer en el año 2011 sobre las 160 mil toneladas de comida podrida que se encontraron en el puerto de Puerto Cabello, dijo a PanAm Post que esta sería una medida que fortalece la instauración de la escasez y del bachaqueo, pues no solo se estaría beneficiando a un sector de la sociedad sino que además no se estaría incentivando la producción nacional.
«Una persona que reciba una cesta de más de 30 productos por un costo de 1000 bolívares se va a aprovechar de la oportunidad y la revenderá tres veces más cara, porque esta es una medida que en vez de fomentar la producción, fomenta la corrupción», aseveró.
Dijo además que con estas cestas socialistas el Gobierno venezolano estaría violando el derecho a la alimentación de la mayoría de los ciudadanos en ese país.
Una medida populista que admite el fracaso
Rosal dijo a PanAm Post que no hay justificación para que el Gobierno venezolano importe productos y alimentos básicos terminados cuando ha implementado una política de expropiación a empresas que actualmente están inoperativas.
El Gobierno expropió 60% de la capacidad instalada de alimentos. «No hay producción de leche, pero el Gobierno tiene a Lácteos Los Andes, expropiaron a Industrias Diana, pero no se consigue aceite; el Gobierno tiene 10 de los 16 centrales azucareros del país, la empresa Fama de América y Café Madrid fueron expropiadas, pero no hay café; no hay harina pero tienen en sus manos a Monaca, empresa que produce Harina Juana y Robin Hood (harina de maíz y de trigo respectivamente), expropiaron frigoríficos en el estado Bolívar y no se consigue carne», sentenció.
Del Véscovo afirmó que al traer una cesta alimentaria, el Gobierno estaría reconociendo que el problema en Venezuela no es de distribución sino de producción, y que estaría confirmándose que los alimentos no se producen en la cantidad necesaria para satisfacer la demanda.
El representante gremial se cuestionó: ¿Cuánta comida pueden venir en esos barcos y cuántas personas recibirán esa asistencia?, a lo que afirmó: «el problema seguirá existiendo y el Gobierno seguirá derrochando dolares».
El bachaqueo continuará
Del Véscovo informó que actualmente solo opera 48% de la capacidad instalada de las empresas privadas en el país, por falta de materia prima tanto importada como nacional.
Aseguró que el Estado tiene 32% de la capacidad instalada para la producción de harina de maíz y esas empresas no funcionan; tienen 80% de café, 60% de azúcar, alrededor de 7000 centros de distribución en todo el país y aún así no hay producción.
Dijo que el bachaqueo se acabará exclusivamente con la producción. «Si se inundan los anaqueles de productos, se consigue en la cantidad, las marcas y en el tiempo que los ciudadanos quieran, no hay necesidad de hacer cola y evidentemente no hay bachaqueo».
Explicó que al haber una mayor demanda, el producto se lo lleva quien mejor lo pague, aseveró que es lo que sucede con la harina de maíz, con los dólares, o con todo lo que escasea.
Del Véscovo agregó: «Una cesta que los empleados públicos adquieran a mil bolívares lo más probable es que la revendan y termine costando cinco mil».
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