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Las pandillas en El Salvador continúan imponiéndose al Gobierno; este martes 4 de agosto tres funcionarios de la Policía Nacional Civil (PNC) de ese país fueron víctimas de una emboscada. Cuando acudieron al barrio Santa Lucía del municipio La Libertad (noroeste) para atender un llamado de una supuesta emergencia dos fueron asesinados y uno quedó gravemente herido.
Las autoridades manejan la información de que la llamada telefónica fue realizada por pandilleros de la Mara Salvatrucha, quienes emboscaron a los funcionarios cuando se desplazaban en la patrulla policial. Al parecer, fueron unos 10 los responsables, que utilizaron fusiles y armas cortas.
De acuerdo con medios de comunicación locales, este miércoles 5 de agosto, otro funcionario falleció durante un enfrentamiento con pandilleros en el municipio Santa María Ostuma, de La Paz.
Con la muerte de estos tres funcionarios suman 39 los oficiales asesinados durante 2015, la mayoría, a manos de las pandillas.
Recientemente, el Gobierno de El Salvador reiteró que no negociará con los criminales; esto, como parte de las políticas de seguridad del presidente Salvador Sánchez Cerén, quien ha pedido aumentar el patrullaje militar en el departamento del Gran San Salvador para acompañar a la Policía en las tareas de seguridad “hasta donde fuera necesario”.
El origen de los nuevos ataques en El Salvador, fue la negativa del Gobierno de atender el llamado a diálogo hecho por parte de los pandilleros, que a finales de junio enviaron una carta, desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia.
Criminales «piden perdón» y amenazan al Gobierno
El Gobierno de El Salvador, que se ha puesto como meta la destrucción de las pandillas que azotan a los ciudadanos, recientemente tuvo que sortear un «paro de transporte» obligado por los Maras Salvatrucha, del cual resultaron siete choferes de transporte público y un pasajero de estas unidades asesinados por no acatar el llamado a la protesta.
El paro de transporte dejó grandes pérdidas económicas y afectó a más de 1,3 millones de salvadoreños.
Luego de haber efectuado los crímenes y de haber intentado paralizar el libre tránsito de los salvadoreños durante tres días, los pandilleros emitieron una «disculpa» pública por los hechos ocasionados.
“Pedimos al pueblo salvadoreño perdón por todos los daños causados los días del 27 al 30 de julio y por el luto causado a las familias que por obligación de sus jefes, los millonarios empresarios del transporte público, tuvieron que pagar con sus vidas la avaricia de sus jefes, pues el llamado se había hecho para que no sacaran sus unidades a circular”, expresa el escrito.
Según las pandillas, el paro de labores correspondió a una medida de presión contra las autoridades para que “cese la persecución policial” contra sus miembros y familiares que residen en comunidades de escasos recursos.
Además estos grupos criminales amenazan al Gobierno y aseguran que de no «cesar la represión, torturas y persecución contra los pandilleros», continuarán impactando a la empresa privada hasta llegar a un “acuerdo mutuo” que permita lograr la paz en El Salvador. Recordaron que tienen la capacidad de impactar la economía nacional e influir en la vida cotidiana de los salvadoreños.
Guerra entre Gobierno y pandillas
Ya son 39 los policías asesinados este año en el país, la misma cifra que en todo 2014. Solo en enero, con siete policías asesinados en los primeros 12 días del año, la frecuencia de asesinatos por mes superó la registrada el año 2014.
La escalada de violencia contra agentes se ubica en un contexto de batallas entre policías, militares y pandillas que se remonta a abril de 2014, cuando en un comunicado conjunto entre las pandillas Mara Salvatruchas, y Barrio 18 denunciaron la represión de los policías en sus territorios y el asesinato de un centenar de miembros «sin justificación».
En aquel comunicado, las pandillas advirtieron que de continuar esos ataques ellos responderían también con fuego; argumento suficiente para que el presidente Salvador Sánchez Cerén rompiera con el plan de seguridad de su antecesor.
Sánchez Cerén se desligó de la tregua y aseguró que negociar condiciones carcelarias y otros beneficios con los pandilleros, era ilegal. Los cabecillas de las principales pandillas fueron trasladados de regreso a la cárcel de máxima seguridad, de donde habían sido sacados hacia prisiones con otros miembros de sus respectivas estructuras.
A partir de ahí, los niveles de violencia se dispararon. En marzo, el mandatario incluso presentó como un logro que más de 140 pandilleros hayan perecido en enfrentamientos con la Policía. Ese mes, el mandatario atribuyó un 30% de los 431 homicidios registrados a la Policía; mientras que mayo se convirtió en el mes con mayor cantidad de homicidios, con más de 635 asesinatos registrados.
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