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El secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, informó que solicitará una reunión conjunta entre autoridades de Haití y República Dominicana para tratar de dialogar y solventar la crisis migratoria entre ambas naciones.
La propuesta surgió luego de que una misión del organismo visitara a los países involucrados —comenzó el pasado viernes en Santo Domingo y terminó este martes en Puerto Príncipe— con el fin de «tender puentes» ante la situación de inmigrantes haitianos en la República Dominicana.
La delegación estuvo encabezada por el secretario de Asuntos Políticos de la OEA, Francisco Guerrero, al que acompañó Gabriel Bidegain, asesor del secretario general. De la visita, se espera que se haga un informe que estará listo en las próximas semanas.
Las declaraciones de Almagro incomodaron a dirigentes políticos de República Dominicana. El diputado Vinicio Castillo Semán, representante de la Fuerza Nacional Progresista en la Cámara baja, manifestó su descontento, debido a que presuntamente el secretario general de la OEA afirmó en una entrevista que Dominicana había aceptado su petición de frenar las repatriaciones de los haitianos ilegales.
«El país se está enterando hoy por unas declaraciones del Secretario General de la OEA a CNN que el Gobierno ha cedido a las presiones del organismo y de Haití, para no iniciar las repatriaciones de ilegales haitianos, y frenar la intervención del Gobierno de ayudar a las repatriaciones voluntarias. “, dijo Castillo.
El diputado expresó que ceder a la presión de la OEA y de Haití es humillar a su país. «El presidente Danilo Medina está obligado, por mandato de la Constitución, a aplicar la Ley de Migración y su propio Decreto 327-13, cuyo plazo para la prohibición de repatriaciones de ilegales venció hace casi dos meses», agregó el diputado.
Tensas relaciones
Las tensas relaciones entre los dos países se han acentuado desde el 17 de junio, cuando el Gobierno dominicano concluyó su plan para regularizar a extranjeros indocumentados, la mayoría de ellos haitianos.
El 13 de julio República Dominicana planteó a la OEA que no retomará el diálogo binacional con Haití hasta que esa nación se disculpe por «los epítetos» utilizados contra ese país, por el presidente Michel Martelly y el canciller Lener Renauld.
Se trata de las declaraciones que ofreció Michel Martelly, al instar a la República Dominicana a que suspenda la supuesta violencia ejercida contra los haitianos en esa nación.
Por su parte, el canciller haitiano, Lener Renauld, pidió a la comunidad internacional romper su silencio y que le pida a República Dominicana que reanude el diálogo sobre el tema migratorio, con el fin de que ese país garantice el respeto a los derechos humanos de los haitianos residentes en el país, y que podrían ser repatriados.
En junio, el mandatario haitiano llamó “hipócritas” a los países y organismos que critican a República Dominicana por las deportaciones. Señaló que también las Bahamas está deportando haitianos todos los días y, sin embargo, no recibe ninguna crítica internacional.
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El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros surgió como parte de las medidas tomadas por el Gobierno dominicano para hacer cumplir la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional , que establece los parámetros para obtener la nacionalidad dominicana.
Esa disposición estipula que no son dominicanos los hijos de inmigrantes indocumentados, a pesar de haber nacido en el país, ni tampoco los descendientes de extranjeros “en tránsito” en la nación.
Violación de derechos
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está monitoreando la frontera entre Haití y Dominicana, luego de la expiración de la fecha para que los descendientes de haitianos se registraran, según el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros dominicano.
El portavoz en Ginebra de la OIM, Joel Millman, explicó que los equipos en el terreno de esa agencia, apostados en nueve cruces fronterizos, entrevistaron del 16 de junio al 3 de julio a 1.133 personas
“Algunas personas dijeron que se fueron por su cuenta debido al miedo o preocupación por lo que podría suceder con la nueva ley. Al menos una familia afirmó que los soldados entraron a su casa para ordenarles que se fueran inmediatamente sin sus pertenencias. No sabemos si esto es representativo o inusual pero encontramos a familias que aseguran que eso está pasando en República Dominicana”, apuntó Millman.
El Gobierno haitiano solicitó a la OIM y a la comunidad internacional que respalde sus esfuerzos para identificar, registrar y asistir a los retornados.
Por su parte, Haití y entidades no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han señalado a República Dominicana de convertir en apátridas a miles de haitianos.
De acuerdo con la información oficial, 36.593 indocumentados han abandonado voluntariamente República Dominicana desde el pasado 18 de junio, un día después de que venciera el plazo de inscripción en el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros.
