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EnglishDe acuerdo con investigaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, importantes representantes del gremio azucarero del país incurrieron en prácticas desleales e indebidas contra la libre competencia. El “cartel del azúcar”, como se le denomina en la nación suramericana, está presuntamente conformado por 12 ingenios, 3 gremios y 16 personas.
Según el diccionario de la Real Academia Española, un cartel en materia económica se refiere a un “convenio entre varias empresas similares para evitar la mutua competencia y regular la producción, venta y precios en determinado campo industrial”.
En este caso, el gremio azucarero en Colombia no solo controlaba los precios del producto, sino que además implementó estrategias para distribuirse clientes entre sí e impedir que las inversiones de terceros ingresaran al mercado, y así evitar nuevos competidores.
Lo grave de la situación es que los involucrados adoptaban decisiones que debían ser autónomas de manera conjunta, lo cual constituyó una práctica idónea para obstruir la participación del azúcar importada en el mercado colombiano y de esta forma evitar la caída en el precio del producto.
Un informe de la SIC asegura que son nueve las personas jurídicas a investigar con sus respectivos líderes: Asocaña, presidida por Luis Fernando Londoño; Ciamsa, por Clemente Carlos Mira; Dicsa, por Luis Augusto Jaramillo Palacios; y empresas como Riopaila, Manuelita, Mayagüez e Incauca. Al parecer, todas ellas mantuvieron esa práctica desde 1998.
Las multas por infringir la libre competencia pueden llegar hasta COL$63.000 millones (unos US$25 millones) para personas jurídicas y $1.300 millones para personas naturales (unos US$500 mil). Este informe sugiere al superintendente Pablo Felipe Robledo que inicie una investigación en contra de los señalados, pero es él quien deberá decidir si sanciona o exonera a los investigados.
Asocaña, el gremio “clave” del cartel
El informe confirma que Asocaña “sirve de instrumento de coordinación de los ingenios azucareros para limitar la libre competencia, no solo a través de intercambio directo e indirecto, sino impartiéndole instrucciones de índole comercial a sus afiliados”.
La Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia, Asocaña, afirma en su portal web que es una entidad gremial sin fines de lucro, cuya misión es representar al sector azucarero colombiano y promover su evolución y desarrollo sostenible. Pero este gremio presuntamente incumplió con la libre competencia económica, plasmada en la Constitución colombiana.
Además de atender algunas denuncias y recaudar información de testimonios, la investigación está basada en correos electrónicos en los cuales Jorge Ernesto Rebolledo, en su calidad de secretario técnico del Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar (FEPA), entregó información a los ingenios sobre la producción y ventas internas y externas de los demás.
Con esa información, que llegaba a cada ingenio a través de Asocaña, se hacían los acuerdos anticompetitivos para asignar las cuotas de producción de azúcar, se hacían las proyecciones de ventas y también de precios.
Por otro lado, se conoció que los ingenios acordaron la restricción de las importaciones de azúcar en el país. La estrategia estaba orientada a evitar el ingreso de azúcar de Bolivia o generar su encarecimiento a través de barreras de ingreso en el puerto de Buenaventura, todo eso para generar que el precio del producto no bajará a nivel interno.
El artículo 333 de la Carta Magna reza: “… el Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”.
Aún bajo el conocimiento de esto, en abril de 2013, Luis Fernando Londoño Capurro, líder de Asocaña, negó rotundamente que el sector formara parte de un cartel para fijar precios, y aseguró en ese momento que no crearon estrategias para bloquear las importaciones del granulado.
“En este sector jamás se ha formado un cartel del azúcar que adelante prácticas ilícitas o delictivas de ninguna índole”, aseguró en una entrevista al diario El País.
Para el momento, Londoño denunció que esos señalamientos en contra del gremio azucarero forman parte de una estrategia para desmontar desmontar el Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar. “A mí me gustaría un careo en un juzgado penal para conocer qué se ha dicho sobre Asocaña”, agregó.
Una práctica común e intergremial
En Colombia ya fueron sancionadas empresas y directivos vinculados a los carteles de pañales y el papel higiénico.
Además junto a los presuntos carteles del cemento y el azúcar, también está otro probable en subastas ganaderas; incluso en marzo de este año, el superintendente de Industria y Comercio (SIC), Pablo Felipe Robledo del Castillo, anunció que se abrieron cargos por un presunto cartel de los cuadernos escolares, al igual que se tomó igual una decisión ante ocho compañías de vigilancia privada que se habrían puesto de acuerdo para ganar contratos con el Estado.
Estos no son los únicos gremios investigados, puesto que habría la posibilidad de otro presunto cartel, esta vez el del arroz, producto de primera necesidad que empezó 2015 con incrementos notables de precios, al parecer por una especulación basada en restringir el normal abastecimiento.
Ante esta situación, el superintendente informó: “La Organización Mundial del Comercio (OMC) de hecho ya nos ha recomendado establecer otros criterios adicionales para sancionar, como unos porcentajes sobre los ingresos o las utilidades operacionales de las empresas. Así se hace en Europa, donde hay multas hasta de 400 millones de euros a quienes violan la ley de Competencia”.
