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La noche de este lunes 23 de marzo, el Ministerio Público de Venezuela imputó a cinco jóvenes opositores, acusados por presuntamente haber agredido a un sargento de la Aviación el pasado 18 de febrero. Abogados y familiares de los implicados denuncian como arbitraria la detención de los implicados, y aseguran que el procedimiento abierto en su contra está plagado de irregularidades.
Tras la imputación efectuada este lunes, dos de ellos quedaron detenidos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en El Helicoide: William Portillo (20 años) y Leswin Pérez Vásquez (26 años) por los delitos de privación ilegítima de libertad, asociación para delinquir y lesiones leves, a raíz de las supuestas agresiones a Luis Alejandro Linares Espinoza, funcionario de la Aviación.
Por el mismo caso y los mismos delitos, el joven Ángel Sucre (22 años) quedó detenido hasta que consiga a tres fiadores que puedan pagar la fianza para conseguir su libertad; y Geraldine Molina (24 años) y Félix Ortuño (37 años), quedaron en régimen de presentación cada ocho días.
Adicionalmente, a Pérez Vázquez se le imputó el delito de posesión ilícita de arma de fuego y a Molina Fermín el de posesión ilícita de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
La investigación contra los cinco ciudadanos se originó luego de que el programa Zurda Konducta, transmitido por VTV, canal del gobierno venezolano, emitiera un video en el que un grupo de jóvenes agrede físicamente al funcionario en las instalaciones de un local ubicado dentro de la estación de metro de Chacao, a pocas cuadras de la Plaza Altamira, bastión de la protesta opositora en Caracas.
Según el Ministerio Público, al momento de la detención, el pasado viernes, a Leswin Pérez Vásquez se le incautó un arma de fuego y 100 gramos de droga, mientras que a los otros cuatro aprehendidos se les hallaron distintas porciones de estupefacientes.
Los detenidos explicaron a la defensa que fueron capturados en diversos procedimientos efectuados por la PNB a raíz de una supuesta actitud sospechosa. La versión oficial afirma que al realizarles la inspección ocular de rigor, los efectivos policiales no contaban con los testigos legalmente requeridos; al momento, los funcionarios alegaron que les habían conseguido armas y drogas, y esa era la principal razón por la cual se los llevaron presos. Una vez que fueron trasladados, se les explicó que no era precisamente por la tenencia ilegal de presunta droga o armas que estaban siendo privados de libertad, sino que se les acusaba por agredir físicamente al sargento de la aviación.
Noelia Álvarez, abogada defensora del grupo y representante del Foro Penal Venezolano (ONG que ha representado a detenidos en protestas), denunció a PanAm Post que el procedimiento de detención de los implicados «está lleno de vicios». Aseguró que no hay pruebas que inculpen directamente a los detenidos y explicó que el ente judicial se basa en un video —que no esta dentro del expediente— y un testimonio.
Álvarez informó que la próxima audiencia se efectuará dentro de 45 días, y en ella, el Ministerio Público deberá determinar si procede el enjuiciamiento de los jóvenes.
Denuncian irregularidades en detenciones de los jóvenes
La representante del Foro Penal Venezolano denunció que los jóvenes fueron detenidos por personas vestidas de civil que no presentaron credenciales ni órdenes de captura. «Los llevaron con los ojos tapados y con amenazas de por medio», dijo.
Álvarez explicó que en relación con la incautación de armas y drogas, no hay pruebas, ni fijación fotográfica que los inculpe.
Un representante legal que prefirió mantenerse en el anonimato, y que hasta la madrugada de este lunes estuvo acompañando a los imputados, denunció a PanAm Post que es muy sospechoso el hecho de que las detenciones se hayan realizado en diferentes lugares y casi al mismo tiempo, y agregó que le parece extraño que la privativa de libertad se originara por un caso diferente (drogas y tenencia de armas) al que actualmente se les imputa.
Afirmó que todos los detenidos son líderes opositores en las zonas en donde viven; considera que «con estas detenciones el gobierno busca seguir intimidando y atacando a la disidencia».
Jesús Marcano, abuelo de Félix Ortuño (uno de los imputados), declaró a PanAm Post y calificó de arbitraria la detención; además, condenó el hecho de que hayan sido apresados en principio por presunta tenencia de armas y drogas, y que «de la noche a la mañana» se conociera que son señalados de haber atentado contra la integridad del funcionario de la aviación.
Marcano aseguró que es falso que a Ortuño le incautaran drogas y armas. Cree, sin embargo que su nieto es imputado por ser opositor y por frecuentar la Plaza Altamira —lugar simbólico de la protesta opositora en la capital venezolana.
De igual forma confirmó que su nieto es líder del Movimiento Resistencia Venezuela, y es el encargado de mantener limpio «El Cementerio», es una zona de la Plaza Altamira que se identifica por un mural con las fotos de todos los fallecidos de las protestas que iniciaron en febrero de 2014.
Presos politicos con esperanzas
El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, expresó este lunes su disposición de mediar por la situación de 1.600 casos que procesan los tribunales, entre ellos 62 detenidos por las manifestaciones de protestas desde febrero del año pasado. Estas declaraciones las ofreció luego de recibir en su despacho una comisión de diputados de la oposición venezolana, la que acordaron mantener una «cláusula de confidencialidad» para no entorpecer las gestiones.
En la reunión se trataron casos como el del Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma; del dirigente político de Voluntad Popular, Leopoldo López y del exalcalde Daniel Ceballos. Igualmente se hizo referencia a la situación de reclusion de varios detenidos en la cárcel del Sebin, conocida como la «Tumba».
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