Este lunes 22 de diciembre, la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela designó y juramentó a los representantes del poder ciudadano (Fiscalía General, Contraloría General y Defensoría del Pueblo), en una movida calificada como inconstitucional por la oposición política.
Con una mayoría simple de votos, la bancada chavista escogió a sus candidatos y se garantizó el control de estos entes. Bajo la misma estrategia, se prepara para mantener el dominio sobre el poder Electoral y Judicial.
La designación se efectuó a pesar de que la Constitución de Venezuela expresa en el artículo 279 que estos funcionarios deben ser elegidos con las dos terceras partes de los votos de la Asamblea.
Pero el chavismo no contaba con el número necesario para lograr la legalidad de la elección. Por tanto, el 19 de diciembre el presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una interpretación del artículo 279 de la Constitución. La Sala Constitucional del TSJ determinó que la elección puede realizarse tan solo con mayoría simple en la Asamblea Nacional, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes al momento de la votación.
Fue así como la AN juramentó como Defensor del Pueblo a Tarek William Saab, exgobernador del chavismo en el Estado Anzoátegui (2004-2012); como Contralor General de la República a Manuel Galindo Ballesteros, quien desde el 2013 desempeñaba el cargo de Procurador Encargado; y como Fiscal General, ratificada por un nuevo período, a Luisa Ortega Díaz, quien cumplirá 14 años en el mismo puesto al finalizar su segunda gestión.
El diputado Stalin González, del partido opositor Un Nuevo Tiempo (UNT), denunció en la plenaria del lunes que los diputados del chavismo evadieron los procedimientos normales de elección de estas autoridades con la intención de cometer un fraude contra la Constitución.
González citó el diario de debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 que defendía la designación con mayoría calificada. “Nunca se habló de evadir las dos terceras partes porque se quiere en cada uno de los poderes buscar el mayor consenso, la mayor confianza entre todos nosotros”, indicó durante su intervención en el Parlamento.
Mantenemos nuestra posición contra la politizacion de los poderes en Venezuela. Sin autonomia no hay justucia, transparencia ni verdad.
— Deyalitza Aray (@dearay66) December 22, 2014
Un verdadero golpe de Estado
En declaraciones al PanAm Post, Jesús María Casal, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), explicó que el artículo 279 de la carta magna venezolana tiene como finalidad lograr un nivel alto de acuerdo político, y favorecer el consenso en relación con la designación de estas autoridades que tienen vitales funciones para la democracia: ejercer la acción pública penal, defender los derechos humanos y velar por la buena administración de los recursos públicos.
Casal afirmó que como estas son labores de control y de alta trascendencia, la Constitución venezolana exige la mayoría calificada, y además prevé una salida en caso de no existir acuerdo en la AN: someter una lista de tres nombres por cada uno de los cargos a una consulta popular para que sea el electorado el que decida dicha controversia, punto que tanto el TSJ como los diputados oficialistas ignoraron.
El especialista en derecho constitucional denunció que la mayoría chavista de la AN desconoció lo dispuesto claramente en la carta magna y realizó la designación de estos tres funcionarios apoyándose en una sentencia de la sala constitucional del TSJ con una “argumentación muy pobre y escasa en donde no se considera la finalidad de la norma”.
¿Se reafirma el secuestro de los poderes en Venezuela?
Este martes, la diputada por Proyecto Venezuela, Deyalitza Aray, consignó ante la secretaría de la Asamblea Nacional las razones del voto en contra de los representantes de la bancada opositora.
La diputada expresó que Venezuela vive una crisis institucional materializada, debido a que no existe el principio constitucional de autonomía de los poderes públicos consagrados en la Constitución.
El secretario político del partido opositor Primero Justicia, Ángel Medina, afirmó que la bancada opositora no acompañó a la mayoría el lunes en la AN porque lo que se hizo fue una de una ratificación de nombres, en vez de la renovación de los poderes públicos. Para Medina, la Fiscal General no debió repetir. Según su criterio, había postulados más preparados para la responsabilidad.
Por su parte, el diputado a la Asamblea Nacional y coordinador nacional de Voluntad Popular, Juan Guaidó, calificó a la bancada oficialista y al TSJ como irresponsables y violadores de la Constitución al “volver a secuestrar los poderes públicos por siete años más”.
Guaidó también se refirió a Luisa Ortega Díaz como la persona menos indicada para seguir ejerciendo el cargo de Fiscal General debido al récord de 91% de casos no resueltos que resulta de su gestión.
Además hizo un llamado a los venezolanos: “Cuando vayan a denunciar porque lo atracaron y no consigan justicia, recuerden entonces a la bancada oficialista y a todos los que propusieron y avalaron esta aberración, falseando la Constitución e interpretando en dos días las reglas de las elecciones a su conveniencia. Que quede claro que se ratificaron y premiaron a los violadores de derechos humanos”, añadió.
Repudio de distintos sectores
Desde otra ala de la oposición, el excandidato presidencial opositor Henrique Capriles Radonski denunció que los diputados del PSUV “limpiaron el piso con la Constitución” y que la AN concedió poderes públicos a la medida del Gobierno. “Ellos se pagan y se dan el vuelto”.
Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andres Bello se sumaron al rechazo del procedimiento. En un comunicado difundido por Twitter, los estudiantes consideraron que la elección de los funcionarios está “al margen del procedimiento constitucional” que protege a “las minorías de la tiranía de las mayorías”.
El humorista venezolano Luis Chataing se expresó también a través del Twitter:
https://twitter.com/LuisChataing/status/547353530840125440
Poder Electoral y Judicial en la mira
Luego de la juramentación del día lunes, Blanca Eekhout, diputada oficialista y presidente del Comité de Postulaciones Electorales, propuso ratificar a Tibisay Lucena como rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE) y a Sandra Oblitas, como segunda rectora; ambas han ocupado esos cargos desde el año 2006, motivo por el cual la oposición decidió no apoyar ninguna fórmula que las incluya.
Debido a la abstención de los diputados opositores, el presidente de la AN Diosdado Cabello dijo que el TSJ designaría a los rectores del CNE.
La parlamentaria opositora Deyalitza Aray exigió que, como lo establece la Constitución, las autoridades del CNE sean independientes, apartidistas e imparciales, pues su principal función es garantizar la transparencia del sistema democrático.
Recordó que actualmente son múltiples las acusaciones que hay en contra del CNE por su falta de autonomía y por el ejercicio parcializado de su autoridad, lo que a su juicio, ha afectado seriamente los procesos electorales en Venezuela.
Para cerrar la jornada del día lunes, se hizo referencia a la elección de los nuevos representantes del Poder Judicial, para la cual ya hay 184 preseleccionados; los legisladores de la oposición tampoco votaron por ellos.
Al ser necesarias dos terceras partes de los votos para la elección, la AN sesionará el próximo 26 de diciembre: si en tres sesiones no hay acuerdo, los nuevos magistrados se elegirán por mayoría simple, tal y como sucedió con los representantes del Poder Ciudadano.
Editado por Elisa Vásquez