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En septiembre de 2024 advertí que Alexandre de Moraes, ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, corría el riesgo de ser sancionado por Estados Unidos debido a decisiones judiciales percibidas como ataques a la libertad de expresión. Señalé, en aquella oportunidad, que podría terminar en la misma lista que figuras como Nicolás Maduro o Diosdado Cabello, enfrentando medidas similares a las aplicadas a violadores de derechos humanos en Venezuela. Nueve meses después, en junio de 2025, esa posibilidad se ha vuelto más tangible, encendiendo alarmas en el país por sus posibles consecuencias.
El 21 de mayo de 2025, durante una audiencia en el Congreso de EE. UU., el senador Marco Rubio confirmó que su gobierno evaluaba sancionar a Moraes bajo la Ley Global Magnitsky, que permite castigar a individuos extranjeros por violaciones graves de derechos humanos, como la censura y la persecución política. Aunque no se oficializó ninguna sanción, Rubio afirmó que existía “una fuerte posibilidad” de que se concretaran, intensificando así el debate sobre el papel del STF. Las medidas impulsadas por Moraes para “combatir la desinformación”, como la suspensión de cuentas y el bloqueo de contenidos digitales, han sido cuestionadas por su falta de transparencia y proporcionalidad, generando críticas tanto dentro como fuera del país.
Si EE. UU. decidiera prohibir a empresas como Microsoft, Google o Amazon prestar servicios al STF, el sistema judicial brasileño podría enfrentarse a una parálisis operativa. Muchos de sus sistemas dependen de tecnología estadounidense, y su interrupción obligaría a adoptar soluciones precarias o revertir a métodos analógicos, ralentizando los procesos judiciales y proyectando una imagen de fragilidad institucional. Este escenario no solo afectaría al STF, sino que también debilitaría la posición de Brasil como potencia regional.
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Bajo la llamada “dictadura de la toga” y el gobierno de Lula da Silva, Brasil se desliza hacia un modelo más autoritario, generando mayor inestabilidad en la región. En administraciones anteriores, el país fue un actor clave en la mediación de conflictos y en la promoción de agendas multilaterales. Hoy, su influencia se diluye, mientras prioriza políticas internas que, como la censura digital, lo aíslan del escenario global. La amenaza de sanciones no hace más que agravar esta percepción: un Brasil con su sistema judicial en crisis y aislado tecnológicamente pierde capacidad de liderazgo regional y proyección internacional.
Esta situación representa una contradicción para una potencia que históricamente ha aspirado a ser un referente regional. Mientras países como Argentina y Panamá avanzan en la consolidación de sus sistemas políticos y económicos, y otros como Venezuela y Nicaragua profundizan su aislamiento autoritario, Brasil parece atrapado en un limbo. La administración de Lula, que prometía un “reposicionamiento” internacional a través del diálogo, ha debilitado la imagen del país al no anticipar las repercusiones externas de sus decisiones internas. Un Brasil sancionado enfrentaría un retroceso tecnológico y diplomático, cediendo espacio a otras naciones que, con menos recursos, han logrado mayor protagonismo en el tablero regional.
¿Está dispuesto Brasil a sacrificar a figuras del STF para preservar la estabilidad nacional? La censura, defendida por el oficialismo como herramienta contra la desinformación, no puede implementarse a costa de derechos fundamentales ni del prestigio internacional del país. No hay señales de Lula o del STF sobre el cambio de sus posturas. Por el contrario, parecen centrados en sostenerlas y gestionar sus consecuencias. ¿Podría esto convertirlos en actores irrelevantes en el contexto regional? ¿Cómo enfrentaría un eventual gobierno de derecha este escenario, siendo aliado de EE. UU. pero en conflicto directo con el STF?
El tribunal ha mantenido su posición firme frente a la inhabilitación de Jair Bolsonaro, y todo indica que podría endurecerla respecto a Eduardo Bolsonaro. Este último, actualmente en el exilio tras denunciar persecución política, ha sido una figura clave en el impulso de sanciones desde EE. UU. Recientemente declaró que no descarta una candidatura presidencial en 2026. Sin embargo, si el STF no cedió con su padre, ¿por qué lo haría con él? ¿Estarían dispuestos los sectores más radicales del tribunal, liderados por Alexandre de Moraes, a permitir el regreso de un Bolsonaro al poder? ¿O esta situación forzaría un escenario de consenso que ponga a un centrista como presidente?
