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La persecución de los Bolsonaro en Brasil no muestra signos de cesar, configurando un fenómeno político que pone en tela de juicio los principios del debido proceso y la imparcialidad del sistema judicial. Un ejemplo reciente y significativo de esta dinámica es el exilio de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, acompañado de su licencia temporal del mandato como diputado federal. Este hecho cobra relevancia si se considera que Eduardo fue elegido en 2022 con 741.701 votos, una de las votaciones más altas registradas para un legislador en el país. Sin embargo, la presión ejercida por el juez Alexandre de Moraes, que incluyó amenazas de confiscación de su pasaporte y acusaciones que podrían derivar en su encarcelamiento, lo llevó a tomar esta medida extrema, denunciando una persecución política en su contra. Eduardo es el primer Bolsonaro obligado al exilio.
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Este episodio no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica más amplia cuyo objetivo principal es Jair Bolsonaro, expresidente y líder de la oposición conservadora. Actualmente, Bolsonaro enfrenta un juicio en el Supremo Tribunal Federal (STF) por su presunta implicación en un “intento de golpe de Estado” tras las elecciones de 2022, un proceso que podría acarrear una condena de hasta 40 años de prisión. La Sala Primera del STF, encargada del caso, está conformada por los jueces Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia y Cristiano Zanin. La composición de este tribunal es evidentemente parcial: Moraes es un militante declarado de la izquierda anti-bolsonarista, Dino ha manifestado ser amigo personal de Lula da Silva y fue su ministro de Justicia, y Zanin actuó como abogado personal de Lula. Esta alineación sugiere una clara tendencia política que socava la neutralidad esperada en un juicio de tal magnitud, comprometiendo las garantías de un proceso justo.
En el trasfondo de estas acciones judiciales se percibe el objetivo de impedir que Jair Bolsonaro se postule como candidato presidencial en 2026. Aunque está inhabilitado hasta 2030 por el Tribunal Superior Electoral debido a sus “cuestionamientos al sistema de votación electrónica”, el expresidente mantiene un considerable respaldo popular y ha manifestado su intención de desafiar esa sanción para regresar a la contienda electoral. “Por el momento, soy candidato”, declaró recientemente, reafirmando su determinación. Para la clase política alineada con el actual gobierno, Bolsonaro representa una amenaza electoral difícil de neutralizar en las urnas. Así, el juicio en curso y las medidas contra su entorno familiar parecen responder a una estrategia de supervivencia política destinada a excluirlo del escenario, incluso si ello implica debilitar las normas democráticas.
La intensificación de la persecución contra los Bolsonaro, evidenciada en el exilio de Eduardo y el proceso contra Jair, revela un esfuerzo sistemático por desarticular su influencia. Sin embargo, también expone las fragilidades de un sistema judicial que, lejos de actuar como garante imparcial, sirve como herramienta de intereses políticos específicos. Este panorama plantea serias interrogantes sobre el estado de la democracia en Brasil, donde la justicia, en lugar de preservar el equilibrio entre poderes, parece contribuir a su erosión en favor de una agenda determinada. Una de estas interrogantes ya está generando un debate popular: ¿Por qué Brasil no vuelve a ser una monarquía?
