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EnglishLa época del terrorismo en Perú, marcada por los enfrentamientos de los grupos Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) se inició en la década de los 80 y se extendió hasta el 2000, año en que la instauración de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) marcó el cierre de uno de los capítulos más duros de la historia peruana.
Sin embargo, para Ruthie Ballón, presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de Terrorismo de Perú (Afavit), este trágico período todavía no llega a su fin. En una entrevista con PanAm Post habló sobre la situación actual de las víctimas y la falta de atención política que tiene el tema en el país.
Ballón, quien tuvo que abandonar su país por amenazas hacia su familia, asegura que Afavit no recibe ningún tipo de ayuda económica, y que su objetivo es dar voz a las víctimas y contar la verdad acerca de “esos 20 años de horror” que vivieron los peruanos.
Usted ha mencionado anteriormente que varias ONG de DD.HH. en el país ayudan a las personas vinculadas al terrorismo en Perú más que a sus víctimas. ¿Nos puede contar más al respecto?
Es un tema complejo. Aprodeh y otras ONG de Derechos Humanos más pequeñas, ofrecen servicios legales a los terroristas para que puedan llevarle un juicio al Estado peruano en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todos los juicios, el Estado ha tenido que pagar indemnizaciones muy grandes, porque estas ONG se valen de un vacío legal que les permite lograr que se les acorten las condenas [a los terroristas], que se les indemnice, entre otras cosas. Lo logran porque tienen un aparato legal muy fuerte, tienen abogados conocidos que van a defender a los terroristas ante la Corte IDH.
¿Por qué tantas organizaciones defienden a los terroristas?
Esa pregunta me la hago todos los días, porque no entiendo cómo pueden ayudar a personas que han desangrado a su país. En Perú hubo más de 60 mil muertes, asesinatos de parte de Sendero Luminoso y el MRTA. Mataron a personas que vivían en lugares donde el Estado no tenia presencia.
Yo pienso que esto se ha vuelto un negocio [para las ONG de DD.HH.], porque reciben millones de dólares anualmente del extranjero, pero los donantes no saben en qué se gasta la plata que han donado. Ellos pagan abogados, tienen buenos sueldos y básicamente viven del sufrimiento del Perú.
Pero aquí ya entra el tema de los DD.HH. de las personas que cometieron actos de terrorismo. La Corte IDH alega que el Estado peruano no les dio un juicio justo, ni siguió el debido proceso para estas personas. ¿Hay algún debate público sobre este tema?
Existe un debate muy grande en el país. Se creó una Comisión de la Verdad y Reconciliación (CRV), que lo único que logró ha sido cualquier cosa menos la reconciliación de los peruanos, porque es una burla hacia las víctimas. Nosotros podemos sentir compasión por los familiares de los terroristas, porque al final de cuentas, ellos no tienen la culpa. Pero no podemos dejar que se nos ponga en el mismo nivel que a ellos, porque nosotros fuimos los afectados.
Nosotros jamas tuvimos la opción de ser víctimas; en cambio ellos si decidieron ir por las armas y la violencia para llegar al poder. Y no eran jóvenes, eran adultos de 30 años y más. Cometieron atrocidades, mataron a niños. Afavit no busca venganza, no tenemos odio; solo buscamos justicia y verdad. Esto se hace muy difícil porque no tenemos dinero y nuestras voces no han sido escuchadas.
En este momento hay muchos jóvenes que no saben lo que fue el terrorismo en Perú porque no lo vivieron, y se dejan impresionar porque aparentemente lo que estas ONG buscan es la defensa de DD.HH. de los terroristas; algo que en ningún momento nosotros estamos negando. Pero tampoco pensamos que se les debe indemnizar por haber asesinado a miles de peruanos. También pedimos que el estado peruano se retire de la Corte IDH.
Como Afavit, ¿cuál creen que es la mejor forma de lograr la reconciliación?
Pedimos una reconciliación con justicia, verdad y memoria. Nunca vamos a poder ser reconciliados bajo un documento como el de la CRV, donde se victimiza a los terroristas. [En el documento] no se llama terrorismo al terrorismo, le llaman guerra interna. Pero eso significa que dos grupos armados se levantaron y pelearon unos contra otros, cuando este no fue el caso. Acá los civiles no estaban armados.
Por ejemplo, tomemos el caso de mi padre. A él el MRTA lo secuestró, lo mantuvo bajo dos metros de tierra, amarrado a una cama y sin que pueda moverse; después de seis meses de negociación con los altos mandos del grupo, ellos recibieron la recompensa e igual lo mataron. Él era un hombre de 1,62m y pesaba 120 kilos; lo encontramos con solo 40 kilos. Y él no fue el único. ¿Cómo podemos decir que esto era una guerra civil o una guerra interna? Eso es terrorismo. Mientras no se llame a las cosas por su nombre, no puede existir una reconciliación.
Hasta ahora los políticos no se dan cuenta de que mientras no exista una reconciliación real, Perú no va a ir para ningún lado, no va a haber desarrollo. Y la memoria es muy importante; cuando en un país hay más de 60 mil personas que han sido asesinadas, tiene que existir una memoria colectiva, porque si no, se abre la posibilidad de que se pueda repetir la historia.
Es más, todo el mundo sabe que [el informe de la CRV] fue hecho con un sesgo político de izquierda, donde victimizaron a los victimarios, y a las víctimas las dejaron de lado. Muchas cosas no se dijeron ahí. ¿Cómo poder reconciliar a un país con mentiras? Así sea de izquierda o de derecha, [la CRV] no debió haber tenido ningún tipo de sesgo, debió haber sido hecha con verdad. Y ahora varias personas que estuvieron en la CRV, trabajan en estas organizaciones de DD.HH. defendiendo a terroristas.
¿Ustedes han tenido contacto con el gobierno del presidente Ollanta Humala?
A Ollanta Humala hemos acudido mediante su vicepresidenta, su canciller y su primera ministra. Hemos tocado todas las puertas posibles y siempre nos las han cerrado en la cara. A ellos no les interesan las víctimas del terrorismo.
Nosotros queremos ser escuchados porque queremos contar cuál es la verdad de los deudos. Por ejemplo, un desplazado actualmente solo recibe PER$335 al mes, que son USD$100; mientras que los terroristas que van a la Corte IDH junto con todos sus cómplices y reciben cientos de miles de dólares. Entonces, ¿dónde está la justicia en Perú?
