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Hoy, todos los libertarios, los conservadores, y los liberales clásicos, tendrían que estar protestando unidos. Una ley que busca “regular” la libertad de expresión jamás será útil para reafirmar la democracia. Hillary Clinton está equivocada. Tuiteó este jueves 21 de abril:
“Durante demasiado tiempo, las plataformas tecnológicas han amplificado la desinformación y el extremismo sin rendir cuentas. La UE está preparada para hacer algo al respecto. Insto a nuestros aliados transatlánticos a impulsar la Ley de Servicios Digitales hasta el final y reforzar la democracia mundial antes de que sea demasiado tarde”.
For too long, tech platforms have amplified disinformation and extremism with no accountability. The EU is poised to do something about it.
I urge our transatlantic allies to push the Digital Services Act across the finish line and bolster global democracy before it's too late.
— Hillary Clinton (@HillaryClinton) April 21, 2022
No sorprende que esta “ley bozal” sea promovida justamente por la excandidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, una de las encarnaciones más notorias del globalismo y su ideología progresista, con ese marcado acento totalitario que caracteriza a este pensamiento único.
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La “Ley de Servicios Digitales” (DSA) consiste en una propuesta de los globalistas de la Unión Europea para “moderar”, es decir, censurar, filtrar, los contenidos de las redes sociales.
Bajo el pretexto de combatir “la desinformación” y los contenidos “ilegales”, estos señores se van a dar vuelo, en realidad, atacando a las expresiones conservadoras, el patriotismo, el antiglobalismo, las derechas políticas, la libertad religiosa, la libertad de no aplicarse la vacuna, y todo lo que les parezca contrario a su visión del mundo, el del nuevo orden mundial, el del globalismo.
Justo este sábado 23 de abril han llegado a un acuerdo, los miembros del Consejo Europeo, la Comisión y el Parlamento Europeo, para fijar “nuevos estándares globales”. Quienes incurran en conductas que sean consideradas a partir de ahora como delito, como las plataformas online y los motores de búsqueda, podrían ser sancionados con multas duras, de hasta 6 % de su facturación mundial.
Un punto que llama la atención es que la ley DSA supuestamente garantizaría a los usuarios de internet en la Unión Europea, un mejor control de sus datos personales. Así, existirá ahora una prohibición explícita a los motores de búsqueda para ofrecer resultados basados en un algoritmo que toma en cuenta tu perfil específico. Es decir, no podrán mostrarte publicidad basada en datos confidenciales, como tu religión, raza, u orientación sexual.
A simple vista parecería que ha llegado la hora en que se pudo poner freno a los infinitos abusos del Big Tech, y su visión dictatorial y de izquierda de ver el mundo e imponer conductas, pero el hecho de que sean instituciones marcadamente globalistas las que operarán estas nuevas pautas, mueve de inmediato a la sospecha.
Más allá de que se aprietan las tuercas a la pornografía de venganza, es decir al uso de imágenes para perjudicar a una expareja, o de proteger a los menores de edad y promover transacciones comerciales más seguras y perfiles empresariales probadamente auténticos, sin engaños, el tema de discusión de fondo es la libertad de expresión, y los sensibles criterios que se aplicarán, favoreciendo, por supuesto, a la ideología hegemónica que rige a la Unión Europea.
El globalismo europeo, a la hora de la “letra chiquita”, de los detalles, para definir las nuevas líneas “tolerables” y castigar las “intolerables”, partirá de sus criterios de siempre: la Agenda 2030, la promoción del aborto, el supremacismo feminista y el LGBT, el control natal, la tiranía sanitaria, la política de “fronteras abiertas”, el ecologismo a ultranza por encima de las economías nacionales del campo y los productores locales, entre muchos otros ejemplos.
Han planteado que en internet sea “ilegal”, lo mismo que es “ilegal” en las calles. Con esa forma de medir las cosas, por ejemplo, nadie podrá oponerse al aborto, ya que en muchos países, por desgracia, es una práctica legal, legislada y vigente.
Hay que recordar que en diciembre de 2020, la Comisión Europea ya planteaba renovar sus leyes para combatir un paquete de actividades, como la comercialización de productos dudosos, los ataques cibernéticos, la dominancia en los mercados, y algo que nos ocupa: la difusión de los “discurso de odio”.
Esto significa que, valiéndose de tal concepto, la censura se habrá instalado en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque “discurso de odio” es considerado todo aquello que contravenga al progresismo: analizar, criticar, la agenda LBGT, la adopción homosexual, al feminismo radical, al supremacismo negro, el aborto, las energías “limpias”, e incluso, basándose en la biología y no en alguna ideología, llamar hombre a un hombre (y no llamarle “mujer transexual) que se ha aplicado cirugías y tratamientos hormonales para “convertirse” en una “mujer” . Todo esto es ya considerado “discurso de odio”.
Así las cosas, la Ley de Servicios Digitales es en parte una embestida más contra la libertad de expresión, un lance legislativo del globalismo puro y duro para cancelar al pensamiento disidente, una manera de aplastar a las nuevas derechas, al conservadurismo en Europa, pero que sienta las bases para hacer lo mismo en Estados Unidos y el resto del continente americano.
