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La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal falló a favor de reabrir la investigación de la denuncia que hiciera el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la exmandataria argentina Cristina Kirchner y varios funcionarios de su Gobierno, por el presunto encubrimiento de los iraníes vinculados al atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.
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La decisión de la Cámara fue tomada después de que fueran denunciadas maniobras por parte de algunos magistrados adeptos al kirchenrismo para frenar, con el nombramiento de jueces K, el avance de la denuncia de Nisman en la justicia.
La Cámara integrada por la jueza Ana María Figueroa, abiertamente kirchnerista, y los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky decidió a favor de la reapertura de una causa que fue reclamada durante casi dos años por diversos sectores políticos, funcionarios y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, entre otras organizaciones.
Nisman denunció a Kirchner, al excanciller Héctor Timerman, al diputado de la agrupación k La Cámpora, Andrés Larroque, y a los piqueteros Luis D’Elía y Fernando Estechey por el presunto encubrimiento de los iraníes acusados de ser los autores intelectuales del atentado que acabó con la vida de 85 personas.
Según destaca el sitio de noticias Infobae, la Cámara Federal de Casación Penal basó su fallo en dos elementos: la grabación de una llamada entre el entonces canciller Héctor Timerman y el extitular de la AMIA, Guillermo Borger, en la que ambos se referían a la supuesta responsabilidad de Irán en el atentado y el hecho de que el Memorándum de Entendimiento con Irán fuera declarado inconstitucional.
En estos casi dos años el juez federal Daniel Rafecas y luego los jueces Jorge Ballestero y Eduardo Feller, de la Cámara Federal, habían desestimado la denuncia hecha por Nisman el 14 de enero de 2015.
Nisman fue encontrado muerto en el baño de su departamento el 18 de enero de 2015, justo un día antes de que presentara su denuncia ante el Congreso.
El fiscal Nisman advierte en su denuncia «la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa, para que eludan la investigación y se sustraigan de la acción de la justicia argentina».
Nisman argumentaba que los funcionarios y dirigentes cercanos al Gobierno denunciados por él idearon un plan para «fabricar la inocencia» de los iraníes acusados por el atentado y así obtener acuerdos comerciales que incluyeran el intercambio de granos y carne por energía.
