El exgobernador de la provincia de Buenos Aires y excandidato presidencial, Daniel Scioli, enfrenta una situación judicial cada vez más complicada debido a las múltiples causas en las que aparece señalado por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión pública.
El diario La Nación detalla en una nota publicada este martes, que a Scioli se le acusa por actos de corrupción en el Instituto Obra Médica Asistencial (IOMA), en Aguas Bonaerenses (ABSA), en el Instituto de Lotería y Casinos, el Ministerio de Salud, el Astillero Río Santiago y el Instituto de Previsión Social.
A esto se suma la causa abierta a la Jefatura de Gabinete por la que ya está procesado su titular Alberto Pérez y otros cuatro exfuncionarios. Desde esta instancia se habrían fraguado facturas apócrifas por un monto que supera los AR$ 10 millones (USD$ 630.700) que podrían haber sido usados para solventar gastos de la campaña presidencial de Scioli, en 2015.
El fiscal Álvaro Garganta, procesó a Pérez y a sus compañeros, les prohibió salida del país y les impuso una inhibición de bienes por AR$ 15 millones (USD$ 946.050).
Garganta allanó los aeropuertos Jorge Newbery y San Fernando (Buenos Aires) en busca de documentación. En los operativos se secuestró libros y cuadernos para analizar si hay diferencias entre los registros de vuelos oficiales y los vuelos que Scioli realizó durante su campaña.
“Se busca determinar si el exgobernador hizo pasar los viajes que efectuó para promocionar su candidatura como si fueran vuelos oficiales”, dijeron fuentes judiciales al diario La Nación.
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A finales de noviembre Scioli, quedó en el centro de la polémica luego de que realizara un viaje a Punta Cana (República Dominicana) en un vuelo privado contratado con la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos SA, que alquilaba aeronaves a la Gobernación hasta diciembre 2015.
Por ese viaje el exgobernador bonaerense deberá presentar facturas, con valor de mercado, según un requerimiento exigido por la Unidad Funcional de Información (UFI) 11 de la ciudad de La Plata (provincia de Buenos Aires), que está a cargo de la investigación que se le sigue por enriquecimiento ilícito.
El fiscal Garganta sostiene que la irregularidad en el viaje de Scioli a Punta Cana surgiría por la falta de dinero “blanco” (legal) para justificar el gasto. Un viaje regular de estas características en un avión privado tiene un costo de entre USD$ 80.000 y US$ 90,000 señalaron fuentes judiciales a Clarín.
Por otra parte, el presidente del Sindicato Único de Profesionales, Trabajadores y Técnicos del IOMA , Idelman Seillant, denunció que empresas acusadas de haber estafado al instituto fueron aportantes de la campaña presidencial de Scioli.
Seillant señaló a La Nación que durante anterior gestión del IOMA se pagaron sobreprecios a empresas que el sindicato venía denunciando por “distintas maniobras de corrupción”, y que por esa razón acudieron a la justicia para saber si se derivaron fondos públicos para la campaña a través de estas compañías.
El diario argentino destaca que, según las denuncias, IOMA fue objeto de un fraude sistemático que se habría cometido a través de sobreprecios de prestaciones, empresas fantasma, compra de medicamentos falsos y hasta internaciones domiciliarias que nunca se realizaron.
La Nación detalla que en los últimos 18 meses de la gestión sciolista el IOMA perdió AR$ 2800 millones (USD$ 176.596.000) en compras directas, sobreprecios y otros rubros.
Fuente: La Nación.