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El mantenimiento del mausoleo del expresidente argentino Néstor Kirchner será financiado con fondos públicos de la provincia de Santa Cruz, gobernada actualmente por su hermana Alicia Kirchner.
El Mausoleo de once metros de alto y quince de ancho, fue construido en 2011 por la empresa Austral Construcciones, propiedad del empresario kirchnerista Lázaro Báez, actualmente en la cárcel acusado de lavado de dinero. Báez regaló a la familia Kirchner la estructura en honor al expresidente, con quien tuvo una estrecha amistad.
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El diario Clarín señala en una nota publicada este lunes 28 de noviembre, que Báez se encargó de la administración y custodia del mausoleo desde su construcción, pero en 2015 a raíz del avance de las causas judiciales en su contra, en las que está involucrada la exmandataria Cristina Kirchner, el empresario K puso fin a todo vínculo con la estructura.
Desde entonces la familia Kirchner debía mantenerlo y garantizar su seguridad, pero gracias al voto de los diputados provinciales del partido kirchnerista Frente para la Victoria, el mausoleo se convirtió “monumento provincial y patrimonio histórico” de Santa Cruz. La ley 3481 fue promulgada por Alicia Kirchner el 28 de junio en el Boletín Oficial.
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Clarín detalla que ahora la secretaría de Cultura de la Provincia se encarga de la administración del Mausoleo. Entre dos y tres personas se ocupan de limpiarlo y mantener sus alrededores.
La estructura que permanece bajo llave se cerró a la visita del público hace meses, según revela Clarín. La gobernación de Santa Cruz está trabajando en un cronograma para que el Mausoleo de Kirchner vuelvan a ser frecuentado por sus seguidores.
Clarín señala que dentro de los recursos destinados a la administración del lugar se incluye por ley la seguridad. En este sentido, la policía de Santa Cruz garantiza custodia las 24 horas del día, con turnos de ocho horas.
Desde la gobernación no revelaron qué presupuesto está destinado para el mantenimiento del mausoleo del exmandatario argentino.
La construcción del Mausoleo costó AR$ 4,5 millones ( US$ 289.395) y la justicia investiga si el dinero provino de las arcas provinciales y si la administración del lugar hasta 2015 se hizo a través del gobierno de Santa Cruz.
Fuente: Clarín.
