
La madrugada de este jueves la Cámara de Diputados del Congreso argentino convirtió en ley el proyecto que contempla la obligatoriedad de los debates públicos entre los candidatos que aspiren a la presidencia de la República que hayan superado las instancias primarias.
El texto aprobado por los diputados sostiene la obligatoriedad de “los debates preelectorales públicos entre candidatos a Presidente de la Nación, con la finalidad de dar a conocer y debatir ante el electorado las plataformas electorales de los partidos, frentes o agrupaciones políticas”.
El proyecto que ya había obtenido media sanción en la Cámara del Senado, fue aprobado con 152 votos a favor, 38 en contra y 1 abstención.
La ley establece dos debates obligatorios dentro de los 20 días y hasta siete días antes de la fecha de elección. Uno de estos debates debe hacerse en el interior del país. En caso de balotaje (segunda vuelta), habrá un debate adicional dentro de los 10 días anteriores a la elección.
La iniciativa que se convirtió en ley establece que al candidato que se niegue a cumplir con el debate presidencial se le quitarán los espacios de publicidad audiovisual, que serán repartidos entre los demás aspirantes. Asimismo, en el momento del debate se dejará vacío el espacio físico donde debía estar el candidato junto al resto de los participantes “a fin de denotar su ausencia”.
La regulación y fijación del temario del debate estará a cargo de la Cámara Nacional Electoral.
En la campaña electoral de 2015, Mauricio Macri y el candidato kirchnerista Daniel Scioli aceptaron ir a debate antes de balotaje. Fue el primer debate presidencial que vio el país desde 1983.
El diario Clarín destaca que aunque en el país existía voluntad para organizar los debates, los candidatos que iban ganando en las encuestas no aceptaban la exposición pública en un debate para no correr riesgos frente a sus rivales.
El diputado macrista Pablo Tonelli señaló que la finalidad de los debates es que los candidatos “le hagan conocer a los ciudadanos” sus propuestas.
Por su parte, la kirchnerista María Emilia Soria, quien votó en contra de la iniciativa, criticó que “el debate presidencial sea un negocio de marketing”.
El diputado del bloque opositor UNA, Juan Brügge, defendió la propuesta porque a su juicio “es un paso, un instrumento más, un mecanismo para un voto informado”.
Para el diputado del Partido Justicialista, Pablo Kosiner, aprobar el debate presidencial obligatorio significaba “ponerse en línea con la tendencia mundial”.
En la sesión de la Cámara baja también también se le dio media sanción al proyecto que regula la transición presidencial, que tiene como objetivo fijar plazos precisos para ese proceso. El presidente electo asumirá a las cero horas del día siguiente de la finalización del mandato del saliente, que concluye a la medianoche del nueve de diciembre, y que será en forma independiente de la jura del binomio presidencial que debe realizarse ante la Asamblea Legislativa del Congreso Nacional.
Los diputados intentan evitar la caótica situación que se generó con el traspaso de mando del gobierno de Cristina de Kirchner al de Mauricio Macri. En ese momento surgieron dudas sobre el momento preciso de la asunción o el lugar de entrega de los atributos de mando. La exmandataria quiso fijar condiciones y se negó a concurrir a la ceremonia de traspaso.
El proyecto que debe ir a la Cámara del Senado también contempla que se le garantice al gobierno electo la información de todos los órganos de la Administración Pública Centralizada.
Fuente: Clarín.