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La empresa Uber, que conecta a pasajeros y conductores a través del celular, pareciera haber ganado un episodio en la batalla que libra con los taxistas argentinos y el gobierno porteño.
Este lunes 24 de octubre el juez de instrucción de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Alberto Zelaya, desestimó una denuncia penal contra la empresa que había presentado el sindicato de taxistas contra 33 conductores de Uber.
Los taxistas acusaban a los conductores socios de Uber por los presuntos delitos de «entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita“.
Según el fallo de Zelaya, Uber no generó ningún delito penal en torno al entorpecimiento del transporte. El magistrado consideró que “a lo sumo” podrían existir faltas administrativas o infracciones de tránsito, “pero no delitos”.
El fallo sostiene que quienes conducen vehículos para Uber desarrollan en ese contexto «una actividad comercial lícita“.
«Todo parece girar alrededor de la disconformidad de los denunciantes con la aparición de un competidor comercial», señaló Zelaya.
Agregó que la cantidad de conductores de Uber que fueron acusados no afecta el «normal funcionamiento del tránsito vehícular de la ciudad de Buenos Aires».
«Más allá de la conflictividad que ha desatado la aparición de Uber, lo concreto, lo real, es que no se observa que en la vida cotidiana de los porteños se haya visto alterada la regularidad y eficiencia del servicio público de transporte individual», precisó Zelaya.
Zelaya se adhirió al dictamen del fiscal Jorge Ballestrero, quien según Zelaya «se encargó de desechar la instigación delictiva y la asociación ilícita, porque entendió que la aparición de Uber busca desarrollar una actividad comercial lícita bajo un modo de asociación con fines legítimos“.
«No parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios“, agregó el magistrado.
El juez refirió, además, que el foro penal no es el indicado para tratar el tema de Uber y los taxistas porteños.
El gremio de los taxistas apelarán el fallo de Zelaya, y la Sala V de la Cámara del Crimen deberá resolver la cuestión penal.
La decisión de Zelaya contrasta con las acciones del Ministerio Público porteño que el ocho de septiembre realizó 13 allanamientos en las oficinas y los domicilios de gerentes y choferes socios de la empresa Uber.
La fiscalía de la ciudad los acusa de violar la clausura impuesta por la justicia en abril y por ejercer “ilegítimanete” la actividad. Incluso se conoció que pedirían diez días de prisión para ocho choferes socios imputados por el caso.
Desafiando a la justicia porteña la empresa Uber anunció el mes pasado una nueva opción para que usuarios y conductores sigan conectándose a través de su aplicación en la ciudad de Buenos Aires.
Desde el pasado viernes 30 de septiembre los porteños pueden solicitar a través de su celular hasta con 30 días de anticipación el servicio de transporte.
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