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El juez Rodolfo Canicoba Corral ordenó este martes la prisión preventiva del sindicalista Omar «Caballo» Suárez, tras acusarlo de «asociación ilícita, administración fraudulenta y coacción», delitos que habría cometido cuando fue titular del gremio de los obreros marítimos.
La prensa argentina señala que Suárez, quien estuvo 27 años al frente del Sindicato de Obreros Marítimos (SOMU), era el sindicalista «favorito» de la exmandataria Cristina Kirchner.
La agencia estatal Télam señaló que la orden de detención contra Suárez fue firmada este lunes, pero se mantuvo en reserva hasta que el sindicalista se presentó en los tribunales federales con su defensa.
Suárez fue denunciado por extorsión a empresarios y entorpecimiento del tránsito marítimo. La agencia Télam detalla que el sindicalista exigía dinero a empresas navieras para capacitar marineros, y les advertía que en caso de no abonar esa suma, no habilitaría autorizaciones para dejar circular a buques extranjeros y motorizaría bloqueos en el ingreso a puertos y servicio de remolque.
Según señala el expediente de la causa, el dinero no fue usado para capacitación sino que habría sido desviado a una fundación que presidía Suárez y tercerizado a una sociedad anónima llamada «San Jorge Marítima», a nombre del tesorero del SOMU, Juan Manuel Medina.
«Estaba procesado por dos delitos bastantes graves, al borde de ir a juicio oral, y ahora hubo una ampliación por delitos muy graves: se le imputa ser el organizador de una asociación ilícita, compuesta por otros, y de alguna manera de haber entorpecido la investigación», señaló Canicoba Corral a radio Splendid.
El magistrado Canicoba Corral también dictó otros diez procesamientos de integrantes de la supuesta asociación ilícita, pero no ordenó su detención. Entre los procesados está la hijastra de Suárez, María del Carmen Cabrera Peña, y su yerno, Adolfo Vissani.
A Suárez además de la detención el juez le impuso un embargo sobre sus bienes por AR$ 10 millones (US$ 670.500).
El sindicalista también había sido imputado recientemente por el delito de lavado de dinero, tras una denuncia de la interventora judicial del gremio, Gladys González.
Las autoridades sospechan que varias sociedades comerciales atribuidas a Suárez y familiares suyos cometieron irregularidades con fondos provenientes del SOMU.
En febrero el juez Canicoba Corral decidió intervenir no sólo al SOMU sino también a la empresa San Jorge Marítima (SJM). Suárez renunció al gremio luego de que se anunciar su intervención.
El juez dispuso que la intervención del sindicato debe terminar para principios de marzo, momento en el que el gremio debe llamar a elecciones y elegir a una nueva conducción.
El diario Clarín señala que Suárez estaba acorralado desde abril cuando se empezaron a destapar varios hechos de corrupción, a raíz de los informes que se desprendían de las intervenciones de SOMU y de la Obra Social (seguro social) del sindicato que llegaban al juzgado de Canicoba Corral.
