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El Ministerio Público porteño realizó 13 allanamientos este jueves en las oficinas y los domicilios de gerentes y choferes socios de la empresa Uber, que conecta a conductores particulares con pasajeros a través del celular.
La fiscalía de la ciudad los acusa de violar la clausura impuesta por la justicia en abril y por ejercer «ilegítimanete» la actividad.
Fuentes judiciales señalaron al diario La Nación, que en los próximos días, el Ministerio Público porteño pedirá diez días de prisión para ocho choferes socios imputados por el caso.
La medida es por «ejercer ilegítimamente una actividad al haber excedido los límites de su registro de conducir». Los choferes estaban trabajando sin tener los permisos que exige la ciudad capital para prestar servicio de transporte público.
La Nación destaca que detectives de la Policía Metropolitana y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público porteño allanaron una oficina del microcentro de Buenos Aires donde funciona la representación de la firma Uber Argentina SRL.
También allanaron los domicilios de dos ejecutivos que estuvieron a cargo de Uber en Argentina hasta junio pasado y las casas de dos gerentes actuales.
Los gerentes fueron imputados por haber violado la clausura y bloqueo preventivo de la aplicación, impuesto por la jueza porteña Claudia Alvaro el 22 de abril.
«El objetivo fue recolectar pruebas que sirvan para reforzar la reconstrucción del ilícito e identificar correctamente a los autores con el objeto de poner fin a la contravención», dijeron fuentes judiciales a La Nación.
En los allanamientos a choferes socios y a los gerentes, se incautaron documentación que vincula a los más de 20 imputados en la causa con las actividades de Uber, smartphones, computadoras y otros dispositivos.
El caso está en manos de la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste, a cargo del fiscal de Cámara, Martín Lapadú y el fiscal Néstor Maragliano. Para la justicia los imputados infringieron el artículo 83 del Código Contravencional, «que prohíbe la utilización del espacio público con fines lucrativos», explicaron las fuentes consultadas por el diario argentino.
Fuente: La Nación.
