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Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques pidieron este martes 16 de agosto que la exmandataria argentina Cristina Kirchner sea citada a indagatoria como acusada por actos de corrupción, por haber montado un sistema para favorecer al empresario Lázaro Báez con adjudicaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, sur del país.
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Según los fiscales, el «sistema» que enriqueció a la familia Kirchner y a Báez, se inició en la gestión del fallecido presidente Néstor Kirchner y se profundizó en los gobiernos de la expresidenta.
Los fiscales también solicitaron la indagatoria para 34 funcionarios que formaron parte del entramado para favorecer a Lázaro Báez. Entre los citados están el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López, el exdirector de Vialidad Nacional Nelson Periotti y el exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner, primo del exmandatario fallecido. También indagarán a Lázaro Báez y a su hijo Martín Báez.
Los fiscales pidieron al juez Julián Ercolini la inhibición general de bienes para todos los citados a indagatoria.
Se investigarán los delitos de administración infiel en perjuicio del Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. El diario Clarín señala que para el primer caso el Código Penal argentino prevé una pena de dos a seis años, y en el caso del segundo delito, la pena sería de uno a seis años, con inhabilitación perpetua para ejercer funciones estatales.
Los fiscales investigan cómo las autoridades del poder ejecutivo, conjuntamente con funcionarios del Estado y un pequeño grupo de empresarios, entre ellos Báez, «se habrían dedicado de manera sistemática y constante a llevar a cabo negocios espurios con el objetivo de apropiarse de fondos públicos”.
En un expediente de 169 páginas, los fiscales Pollicita y Mahiques señalan que en 2003 Báez era un monotributista que ganaba de sueldo AR$ 3.500 (US$ 239,12) como empleado de la gobernación de Santa Cruz, pero apenas un mes después que Néstor Kirchner asume el poder, Báez se convierte en accionista de la empresa Austral Construcciones.
En 2014, Austral Construcciones tenía activos por AR$ 1.700 millones (US$ 116.144.000) y un patrimonio de más de AR$ 300 millones (US$ 20.496.000). La facturación de Báez creció alrededor del 48.000 % en doce años, detalla Clarín.
En el expediente los fiscales dan ejemplos de cómo se enriqueció la familia Kirchner a través de la relación con el empresario de la construcción: “Logró determinarse como al menos entre los años 2008 y 2013, Lázaro Báez alquiló y explotó los hoteles Alto Calafate y Las Dunas pertenecientes a los exmandatarios (Néstor y Cristina Kirchner), reportándoles al menos durante esos cinco años y únicamente por el primero, una ganancia aproximada de más de cuatro millones de dólares estadounidenses y doce millones de pesos argentinos, incrementando de tal manera su patrimonio a través del dinero que provendría, como se dijo, de las ganancias ilegales que acarrearon esas contrataciones”.
Pollicita señala que la mayor parte de las licitaciones públicas que ganaron las empresas constructoras de Báez fueron «teledirigidas» para que él fuera el beneficiado.
“Los acusados lejos de velar por los “intereses confiados” —en autos los de la administración pública— a través de un gran número de conductas irregulares quebrantaron el deber de fidelidad que tenían para con los bienes del Estado e hicieron prevalecer el “interés personal” de los ex presidentes que pretendió beneficiar a su socio y amigo personal, para garantizarle un lucro indebido a costas del patrimonio del Estado”, detalla el expediente.
Báez fue el único de los contratistas al cual el Estado le pagó todo lo que le debía, pero muchas de sus obras no fueron terminadas.
El 78,12 % de las obras viales en la provincia de Santa Cruz fueron para el empresario amigo de los Kirchner. Por estos contratos Báez cobró casi AR$ nueve mil millones (US$ 614.880.000) y tuvo contratos por más de AR$ 16 mil millones (US$ 1.093.120.000).
Para los fiscales Pollicita y Mahiques, Báez no tiene forma de justificar «el sorpresivo poderío económico que supo detentar». Lo mismo ocurre con los funcionarios que eran de Santa Cruz y fueron elevados a cargos nacionales estratégicos para intervenir en la adjudicación de la obra pública.
El diario Clarín señala que el fiscal Pollicita podría imputar más adelante a la exmandataria y a otros funcionarios por los delitos de «asociación ilícita o actuar en banda». Esto ocurriría cuando el letrado agregue a esta causa madre las acusaciones por Hotesur (negocio inmobiliario de la familia Kirchner que está siendo investigado) y por los negocios con Venezuela. Por este delito podrían solicitar la prisión preventiva de los imputados.
