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Con la esperanza que se pueda destrabar la polémica con el aumento de las tarifas el gobierno argentino anunció que llamará para finales de mes a audiencias públicas, para discutir con los diferentes sectores el tema tarifario del gas y de la luz.
El Ejecutivo había sido criticado por saltarse el requisito de las audiencias públicas, previsto en la ley, al anunciar en abril los aumentos en las tarifas. Este fue uno de los argumentos que usó la justicia argentina para anular los incrementos en el gas y la luz.
El ministerio de Energía siempre sostuvo que no era necesario, ni figuraba en ninguna parte de la legislación que regula a ambos sectores, que se tuviera que hacer las audiencias, y por eso autorizó los aumentos. El cambio de posición ahora intenta resolver la situación judicial, para evitar que siga agravándose la crisis energética.
El gobierno espera que con el anuncio de las audiencias, la Corte Suprema de Justicia, instancia que tiene en sus manos la decisión final sobre la tarifa del gas, apruebe el aumento. Por ahora, la Corte solo estudia este caso.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, señaló que el objetivo de las audiencias «es mostrarle a la sociedad que los aumentos están justificados, y que son la única forma de revertir una década de retroceso en el sector energético”.
La convocatoria audiencias públicas se hará a empresas, asociaciones de consumidores, legisladores y sindicalistas para que conozcan las razones que llevaron al ministerio de Energía a decidir esos incrementos. El Gobierno tiene que esperar 20 días entre la convocatoria y su realización.
Ante el cambio de estrategia del gobierno, el presidente de Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, advirtió que la audiencia sola no alcanza para levantar los amparos que anularon los aumentos de gas y la luz.
Asimismo, pidió que se discutan los incrementos «con toda la información sobre la mesa». «Queremos discutir qué es lo que estamos pagando, cuál es el precio real, y ver qué pasa en cada una de las ciudades, porque la realidad es distinta en cada una de las provincias», dijo Procelli a radio La Red.
«Más allá de que la audiencia es una exigencia formal de la ley, hay que empezar a discutir qué compone la tarifa social de la luz y del gas», agregó.
Por su parte, el abogado de la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios (Adecua), Osvaldo Riopedre, señaló que una audiencia informativa «no va a cumplir los requisitos» necesarios para avalar aumentos.
» Vamos a perder tiempo, va a haber impugnaciones, van a haber jueces interesados en que esas impugnaciones prosperen, y vamos a retrasarnos 20 o 30 días más», aseguró Rioprede en declaraciones publicadas por el diario La Nación.
El 7 de julio la Cámara Federal de La Plata anuló el aumento en en las tarifas de gas argumentando que no se hicieron las correspondientes audiencias públicas. El caso quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia que prometió que decidiría este mismo mes.
En el caso de la luz, el jueves de la semana pasada la jueza federal Martina Forns suspendió los aumentos en todo el país y mencionó como su principal argumento la falta de audiencias públicas previas. El Gobierno impugnó a la magistrada por “falta de imparcialidad”.
El ministro Aranguren dijo que «sería muy grave» que la Corte Suprema no avalara el aumento, y sostuvo que retrotraer al cuadro tarifario anterior le implicaría un costo al Estado de AR$ 22.000 millones (más de US$ 1.460 millones), destaca La Nación.
El diario Clarín detalla que las empresas distribuidoras de gas no tienen ingresos desde hace más de un mes por el fallo judicial que impide todas las subas en las facturas. Desde comienzos de julio que no emiten boletas y eso está afectando sus operaciones.
En el caso de las distribuidoras eléctricas la situación no es distinta luego del fallo de la semana pasada. Ricardo Torres, titular de la empresa Edenor, que presta servicio en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, declaró a Clarín que la suspensión del aumento de las tarifas “pone tremendo riesgo sobre el servicio».
«El servicio de Edenor es 80 % salarios, mantenimiento e inversiones. La situación es bastante insólita y grave”, aseveró Torres.
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