La justicia argentina decidió abrir las causas por la venta a precio vil de terrenos fiscales en la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en las que está involucrada la ex mandataria Cristina Kirchner. Este delito se basa en la compra de un bien a un precio notablemente bajo frente a los estándares del mercado.
El juez Javier Leal Ibarra ordenó desarchivar las causas y abrir un sumario por la actuación de la abogada adepta al kirchnerismo, Andrea Askenazi Vera, como juez federal suplente de Río Gallegos.
Askenazi Vera, según el juez Leal Ibarra, habría incurrido en “demoras, deficiencias e irregularidades” en las causas por corrupción contra los Kirchner tramitadas en ese juzgado.
Según el diario argentino Clarín, la juez Askenazi Vera “había ordenado a sus empleados que las ‘causas políticas’ se las debían entregar en mano a ella, que le ponía la sigla de su nombre ‘AVAD’, y luego rotularla como ‘expediente pasado a secreto’ “.
El tribunal de Río Gallegos retrasó una causa por la compra por parte de Néstor y Cristina Kirchner de terrenos fiscales en El Calafate a ARS$7,5 (US$ 0,49) el metro cuadrado. Clarín detalla que Kirchner compró 2 hectáreas a US$50 mil y las vendió posteriormente a más de US$2 millones al grupo chileno Cencosud.
Además, al menos otros 50 funcionarios kirchneritas habrían comprado terrenos fiscales a precio vil.
El cuestionado juzgado también congeló las causas por la cartelización de la obra pública de la provincia de Santa Cruz a favor de las empresas del empresario kirchnerista Lázaro Báez, investigado por lavado de dinero. Báez recibió el 92% de los contratos de la obra pública en la provincia durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, según Clarín.
El juez federal Sebastián Casanello habría señalado que no puso las irregularidades en las obras públicas como delito precedente del lavado en la “ruta del dinero K”, porque el juzgado de Río Gallegos había sobreseído o archivado la mayoría.
El juzgado de Askenazi Vera también archivó la causa que se abrió en 2014 contra Ricardo Barreiro, conocido como “el jardinero de los Kirchner”, por incompatibilidad de funciones como empleado público, y a la vez ser concesionario de la firma de carga aérea Jet Paq S.A., que depende de Aerolíneas Argentinas.
La misma suerte corrió una denuncia por enriquecimiento ilícito contra los Kirchner.
Fuente: Clarín