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En los últimos años, tal vez décadas, la realidad judicial española —la cruda realidad— nos ha demostrado la existencia de tres “clases” de ciudadanos:
De primera, que son los miembros de la Familia Real y allegados.
Están por encima de la ley, pueden hacer lo que quieran y nadie se mete con ellos… No hay juez que se atreva a imputar —ahora investigar—, a la Infanta Cristina, por ejemplo, y mucho menos la Fiscalía, que como ya sabemos es la voz de su amo…
(Y si algún juez se atreve, siempre hay un Tribunal superior que corrige la “equivocada” decisión inicial).
De segunda, que son los aforados, ministros, diputados, senadores, etc.
Muchos nos preguntamos para qué sirve el Senado, sin darnos cuenta de que es un cementerio de elefantes muy útil para dotar de aforamiento a presuntos delincuentes políticos, que han estado gobernando en autonomías, diputaciones provinciales, grandes ayuntamientos, etc., y quieren tener la seguridad de que no tendrán que comparecer ante un juez normal y corriente, no vaya ser que “esté loco” y les empitone, es decir, les investigue, y hasta les haga padecer la pena de banquillo, esa a la que nuestro Tribunal Supremo decía que “no podía ni debía condenarse” al entonces presidente del gobierno, Felipe González.
Así tienen la seguridad de que las querellas y denuncias contra ellos solo se verán ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que ya sabemos lo comprensiva que es cuando se trata del enriquecimiento injustificado de Bono, Blanco, Barcina…, etc. Cualquier explicación y auto justificación les basta para cubrir el expediente y darle carpetazo al asunto.
De tercera, es decir, ciudadanos de a pie, como usted y yo, o más bien contribuyentes natos, vasallos, súbditos…
Pagadores de impuestos a troche y moche, a los que no se nos perdonará ni una, y que rápidamente seremos investigados, juzgados y condenados, previo paso por la prisión provisional, por cualquier chorrada que hagamos…
En resumen, un sistema judicial tercermundista, más propio de un país africano que de una nación europea. ¿Será verdad que África empieza en los Pirineos…?
Como conclusión, urge, pues, reducir al mínimo el número de aforados, e incluso suprimir esa caduca institución jurídica medieval.
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