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El 20 de julio de 2012 escribía en el desaparecido Diario liberal: “Don Mariano Rajoy ha dicho reiteradamente que la factura de la crisis se pagaría entre todos, de forma solidaria y justa. Pero lo cierto es que no veo que nadie meta la tijera en el sistema nacional de pensiones, y ello pese a contar con cerca de nueve millones de beneficiarios en nómina, y ser una de las mayores cargas del Estado”.
Han pasado ocho años y la situación sigue igual. Bueno, en realidad, es peor, pues a la gran crisis del coronavirus, una auténtica bomba atómica sobre las economías occidentales, se une el aumento del número de pensionistas en un millón más, con lo cual ahora andamos por los diez millones (por mucho que el gobierno lo oculte, para no asustar demasiado al personal).
Ahora mismo, y como consecuencia de los Ertes (expedientes de regulación temporal de empleo) en España hay más personas viviendo del Estado que aportando al Estado.
Y si a ellos unimos la demagógica y populista paga universal a todos los que no han aportado nada, ni a Hacienda ni a la Seguridad Social, pues la situación es dantesca.
Si se habla de reformar la jubilación, se ha ampliado los años que computan para obtener la pensión, lo que supone una menor cuantía de la misma, e incluso se dice que se promediaría toda la vida laboral, lo que supondría una gran reducción del importe a percibir, pero nada se hace respecto a los pensionistas actuales, que constituyen el problema real, actual.
¿Hasta cuándo va a poder seguir España pagando las pensiones actuales? Algunas regiones, precisamente esas que tanto añoran la independencia, no podrían mantener las pensiones de sus jubilados, sino fuese por la aportación solidaria de la caja única del sistema nacional de seguridad social. Y me refiero al País Vasco, por ejemplo.
Otra región, también con ansías independentistas, como Cataluña, pide insistentemente la ayuda del Estado para poder afrontar sus pagos y no entrar en situación de quiebra, o, cuando menos, en concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos. Pero, ¿no querían ser independientes? Es realmente extraño que ahora se acuerden de España cuando tanto han contribuido con sus políticas manirrotas y separatistas, a hundir el prestigio de la mación española en el exterior.
No es de recibo que las pensiones de cuantías elevadas, de mil euros para arriba, por ejemplo, no sufran recorte alguno, al igual que se ha practicado a los funcionarios, o por la vía de hecho se viene imponiendo en las relaciones laborales. Por no hablar de los autónomos, que nunca saben si van a poder afrontar sus pagos a fin de mes, o los parados, que no es que se les quite una paga extra, es que nunca han tenido derecho a ella, ya que sus retribuciones consisten en doce mensualidades, ni más ni menos. Y, por supuesto, sin trienios, que no saben qué es eso.
La seguridad social es un sistema de solidaridad nacional, y así lo viene declarando reiteradamente la jurisprudencia y el propio Tribunal Constitucional. No es similar a un seguro privado, donde «tanto pones, tanto tienes», sino que hay contribuyentes que resultan perjudicados –normalmente los que hacen mayores aportaciones, mientras que otros se benefician– y son generalmente los que menos han cotizado. Nos podrá parecer bien o mal el sistema, pero es lo que hay, y esta solidaridad, así como la caja única, son características básicas de la seguridad social española.
Caja única que el presidente aparente del gobierno (el real es Pablo Iglesias), quiere romper, en “beneficio” del País Vasco, al que sin duda seguirá Cataluña, sin solución de continuidad.
Por consiguiente, parece obvio que habrá que imponer a los pensionistas –repito, diez millones de beneficiarios- sacrificios retributivos, al menos los que tengan ingresos más elevados, que podrían ser los que oscilen entre el cuarenta y el cien por cien de la pensión máxima: aquellas pensiones de más de mil euros hasta la máxima, de dos mil quinientos euros.
El cuánto y cómo lógicamente tendrá que decidirlo el Gobierno. Y el momento, cuanto antes. Ahora mismo, tal vez ya sea tarde.
Dicho lo cual, los políticos podrían –y deberían- empezar dando ejemplo, y ello de dos formas significativas:
- reduciendo notablemente sus retribuciones, pues no es de recibo que cobren un dineral, en la mayoría de los casos por no hacer nada (nada de provecho, quiero decir);
- disminuyendo su número, pues es absurdo que para gestionar un país con cuarenta y siete millones de personas, tengamos más de medio millón de políticos en nómina (las nóminas más altas de los organismos correspondientes, entre otras razones porque ellos mismos se ponen los salarios que les da la gana, siempre los más altos, naturalmente, para que no sufra su “dignidad”. Dignidad retributiva, pues de la otra, no creo que anden muy sobrados).
Mientras tanto, otros países del mundo están dando ejemplo. La primera ministro de Nueva Zelanda, por ejemplo, ha rebajado las retribuciones de todo el gobierno y empleados públicos el veinte por ciento, para poder afrontar la crisis, y salir de ella lo antes posible. Lo mismo ha hecho Japón o Uruguay, entre otros.
¿Y España? España ni está, ni se la espera. No solo eso, sino que hemos pasado de 13 ministerios a 17, y la siguiente remodelación ministerial a 23, con “solo” cuatro vicepresidencias del gobierno, entre las cuales está el presidente real y efectivo, Pablo Iglesias.
Presiento que en el nuevo gobierno pasaremos ya de los 30 ministerios, que hay mucha gente que colocar, y muchas bocas hambrientas que llenar.
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