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El ser humano no puede poseer nada más valioso que la salud. No padecer ninguna lesión ni enfermedad nos permite realizar cualquier actividad que nos propongamos, ya sea productiva o de esparcimiento. La salud es el bien más grande que una persona puede poseer y nadie que haya padecido su ausencia se atrevería a discutirlo.
Resulta sorprendente, en consecuencia, que haya quien abogue por delegar los servicios de salud al gobierno y los políticos, que son dos de las instituciones que menos confianza y prestigio tienen en México y América Latina en general.
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En el artículo IV de la Constitución Mexicana el Estado se adjudica la impartición de servicios de salud y garantiza que lo hará de manera “gratuita”:
“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general “
En 1943 con base a este artículo y por un decreto presidencial de Manuel Ávila Camacho, se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Desde entonces la historia del IMSS ha sido turbia; miles de historias donde la corrupción, la negligencia y el desvió de recursos terminan en un sinfín de tragedias familiares que han sido encubiertas por un aparato extremadamente burocrático que no ha podido evolucionar al ritmo que los derechohabientes y la sociedad en general lo han requerido.
Un primer punto que resulta pertinente aclarar es que, contrario a lo que se suele creer, las aportaciones que recibe no son tripartitas, es decir, es muy subjetivo afirmar que una parte proviene del patrón, otra del asalariado y la tercera del Estado.
Si tomamos en cuenta que “el Estado” no produce nada y por el contrario es un ente meramente recaudador y lo analizamos objetivamente, tenemos que en realidad absolutamente todo su funcionamiento está financiado por los ciudadanos comunes y corrientes, sean usuarios de sus servicios o no.
La crisis financiera del IMSS es insostenible y tiene mucho que ver con corrupción, con el alto poder sindical e irreales prestaciones que gozan algunos de sus trabajadores, con recortes presupuestales y con el alto pasivo laboral que se ha generado a través de pensiones a lo largo de los años en forma de pensiones a altos funcionarios y exempleados.
Del billonario presupuesto que se le asigna a la institución año tras año un porcentaje importante termina perdiéndose en burocracia, contratos fantasmas y en el mantenimiento de instalaciones viejas, en mal estado e insuficientes.
La semana pasada el asunto llegó a niveles de escándalo cuando se filtró la información de que, en Veracruz, bajo el gobierno del prófugo exgobernador Javier Duarte, se administraba agua destilada a niños con cáncer en lugar del medicamento necesario para realizar quimioterapias.
Imaginemos por un segundo ser padre de un niño con cáncer en Veracruz en este momento, ¿con qué confianza llevaría a su hijo a tratarse el IMSS? No es un tema menor; como hemos dicho antes, la salud propia y la de nuestros allegados es lo más preciado que podemos poseer.
Es un buen momento para hacer una reflexión y tratar de llegar al problema de raíz; pensar que el problema es el PRI (partido que gobernaba en Veracruz cuando esto sucedió) o Javier Duarte, es negarse a ver el problema completo.
Situaciones como esta ocurren a lo largo y ancho del país por el alto empoderamiento que les damos a aquellas instituciones que nos han demostrado no ser confiables. Es bien sabido que el IMSS es un semillero de corrupción, que sus funcionarios tienden a la ineficiencia y que es una bomba de tiempo financiera, sin embargo, muy pocos se atreven a proponer su desaparición o su privatización, sencillamente porque no es “políticamente correcto”.
El problema con el sistema de salud pública es su planteamiento inicial. Con el supuesto de ayudar a los más pobres se financian un sinfín de puestos inútiles, se compran aparatos baratos a los precios más altos y se pagan pensiones y privilegios de políticos que sin trabajar llevan una vida de reyes.
En el IMSS, contrario a cualquier hospital privado, no importa que el servicio que se entrega sea de pésima calidad, que se opere una pierna en lugar de la otra por equivocación, que no se tengan citas ni doctores disponibles hasta dentro de dos meses, que haya desabasto de medicinas, o que se quiera tratar un cáncer con paracetamol o con agua destilada; de cualquier manera, seguirán cobrando mes a mes y el presupuesto federal seguirá siendo asignado anualmente.
Privatizar los servicios de salud en México no solo es un tema de eficiencia, también es un tema de sentido común y del más elemental humanismo. Seguir financiando una institución tan cara y que da resultados tan pobres es insostenible.
La parte “altruista” a la que algunos apelan diciendo que es una institución pensada para los más pobres carece de fundamentos reales y lógicos.
Thomas Sowell, famoso economista y pensador liberal, describía claramente la inviabilidad de pensar en el Estado como solución a los problemas de salud pública cuando afirmaba que “aquellos que creen que no podemos pagar por doctores, hospitales y medicamentos, de alguna extraña manera creen que podemos pagar por doctores, hospitales, medicamentos y un montón de burocracia gubernamental para administrarlos.”
Lo de Duarte y las quimioterapias falsas es un crimen que a todos nos debe doler y calar en lo más hondo, la vida de un niño que se pierde por la falta de escrúpulos de algunos cuantos debería ser una buena sacudida de conciencia para aquellos que, sin importar lo que décadas de evidencia tengan que ofrecernos, siguen defendiendo a la salud pública como una institución confiable y necesaria cuando lejos está de serlo.
Replanteemos el problema de fondo o bien, sigamos administrando agua destilada al cáncer de la corrupción y la negligencia política en nuestro país.
