“No hagas cosas buenas que parezcan malas” es un famoso refrán fruto de la cultura popular latinoamericana que invita a evitarse problemas innecesarios por querer llevar a cabo alguna acción o iniciativa que pudiera parecer negativa o sospechosa, sin importar que esta al final esta tuviera repercusiones benéficas para los involucrados.
¿Qué pasa si alteramos el orden de los factores en la ecuación y formamos un nuevo refrán? ¿Qué pasa si ahora decimos “no hagas cosas malas que parezcan buenas”? El asunto no solo toma mucho más sentido, sino que simultáneamente cobra mucha más relevancia por su alto nivel de aplicabilidad.
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Mientras que en el primer caso puede parecer que estamos haciendo un mal, pero en realidad nuestras intenciones y nuestros objetivos son buenos, en el segundo ocurre exactamente lo inverso: disfrazamos (conscientemente o no) de bondad lo que en realidad es malo y nocivo para los afectados.
No hay mejor manera de ejemplificar este planteamiento en materia económica y política que el ampliamente discutido y para algunos, impostergable asunto de la regulación del “salario mínimo”.
Esta propuesta pretende utilizar el poder regulatorio y punitivo del Estado para supuestamente evitar que algún trabajador gane menos de lo estrictamente necesario para cubrir sus necesidades básicas.
“Subiremos el salario mínimo” es la propuesta por excelencia de los políticos más populistas y la forma mas sencilla de engañar a los más necesitados, jugando con la ilusión de un aumento en su ingreso y por tanto de su poder adquisitivo y de su nivel de vida.
Lo que aquellos que promueven y creen en dicha política olvidan es que la economía dista mucho de ser magia, es decir, hace falta mucho más que una varita mágica (o un bolígrafo sostenido por un diputado “mago” en este caso) para generar una verdadera mejora en las condiciones de vida de los individuos que conforman una sociedad. Los salarios se aumentan con incremento de productividad, libertad económica, competitividad entre empresas e individuos y con nuevas inversiones.
De lo contrario, actualmente Maduro y el lamentable caso de Venezuela serían ejemplos a nivel mundial de buenas políticas y progreso económico, ya que constantemente está aumentando el salario de los trabajadores hasta en un 50 % sin ningún fundamento económico más allá de la alta presión política e inestabilidad social que se vive en su país.
Cuando analizamos cuáles son los países con mejores salarios mínimos en el mundo nos topamos con un dato curioso: muchos de ellos tienen un salario mínimo de $0,0, dicho de otra forma, no tienen un salario mínimo regulado por el Estado y dejan esta tarea a la libre asociación y a los acuerdos voluntarios que se suscitan entre entes privados.
Bahrein, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, Singapur, Suecia y Suiza son los principales ejemplos de países sin políticas regulatorias del salario mínimo y que sin embargo figuran entre los países con mayor progreso económico en general*.
Siguiendo el ejemplo de estos países y de acuerdo al Índice de la Libertad Económica que cada año publica puntualmente The Heritage Foundation, la receta es clara e infalible: mayor libertad económica termina por verse reflejada en mayor inversión, mayor competencia, mayores ingresos salariales y por tanto termina por verse reflejado en un mejor nivel de vida y mayores posibilidades para los individuos de acceder a servicios básicos y beneficios económicos sin tener que depender del Estado.
Establecer un salario mínimo alto por decreto es contraproducente para la economía de un país y termina por crear lo que en políticas públicas se le conoce como “efecto cobra”.
Como primera consecuencia, al ser más cara la mano de obra los empresarios se ven obligados a buscar sustitutos tecnológicos para ella y a despedir parte de su personal, generando desempleo y condiciones más adversas para los trabajadores con un menor grado de especialización.
Aunado a esto tenemos que, como todo costo en un proceso de producción, dichos aumentos salariales se verán reflejados en el precio final que el consumidor pagará por la adquisición de los bienes y servicios que deseé consumir y no en una disminución en las utilidades de la empresa (situación igualmente indeseable) como muchos pretenden sostener. Esto solo puede tener una consecuencia macroeconómica en el corto plazo: inflación.
Para rematar el asunto no solo estaríamos generando desempleo e inflación, sino que estaríamos promoviendo la fuga de capitales forzando a las empresas que estén en condiciones de hacerlo a moverse a países con mayor libertad económica donde no se vean forzados a pagar, arbitrariamente y por decreto, salarios que no obedecen la realidad productiva de un país.
Hay una figura imaginativa que el famoso economista español Juan Ramón Rallo donde nos pregunta hipotéticamente que salario mínimo impondríamos a nuestro peor enemigo; ¿sería uno bajo para que pudiera moverse libremente en el mercado laboral o sería uno tan alto que ni siquiera por los conocimientos más especializados del mundo las empresas estarían dispuestas a pagarle?
Subir el salario mínimo suena bien y puede parecer una causa justa enfocada hacia los más pobres, pero en realidad no es más que otra propuesta populista que lejos de mejorar la vida de los ciudadanos solo contribuye a aumentar los bolsillos y la popularidad de aquellos políticos que se hacen pasar por “defensores del pueblo”.
En México ningún partido político se salva, todos parecen querer sobre-empoderar al Estado a costa de las libertades individuales de sus ciudadanos.
México se encuentra en #62 del Índice de Libertad Económica, no existe manera más eficiente e imparcial de medir el progreso económico nacional que poner atención a este tipo de indicadores. Todo lo demás no es más que demagogia y basta con voltear a ver a los primeros sitios del índice para comprobarlo. Los números no se equivocan.
*Resulta notable cómo los países nórdicos son el ejemplo predilecto de aquellos que promueven una mayor intervención estatal como medida de crecimiento económico cuando se hablan de temas como el estado de bienestar o los impuestos progresivos, pero deciden ignorar por completo y de manera sistemática políticas de corte liberal como la desregulación del salario mínimo.