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El pasado lunes 23 de mayo el MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) dio a conocer su propuesta de no exigir contraprestaciones a las familias o personas que reciban asignación familiar.
Al día de hoy, está previsto que aquellas familias de contexto crítico que son receptoras de la mencionada ayuda estatal, comprueben que envían a sus hijos a algún centro educativo; caso contrario el Banco de Previsión Social suspende o cancela el pago del beneficio a modo de sanción.
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La subsecretaria del MIDES Ana Olivera (exintendenta de Montevideo, Partido Comunista) pretende ahora simplemente facilitar dinero a estas familias sin condición alguna, sumando barrabasadas a lo que ya es obviamente una administración sin rumbo ni límites en lo que a descaro respecta.
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Si bien estos hechos transcurren en Uruguay, bien podría estar refiriéndome a cualquier país latinoamericano. Después de todo, Olivera no hace más que repetir una fórmula que pareciera no fallar jamás: votante pago, votante seguro – ya lo afirmó en algún momento un exdirector frenteamplista.
La mera idea es despreciable por varios motivos, muy particularmente porque evidencia el desinterés de parte del gobierno en hacer cualquier intento para no perpetuar la pobreza extrema y revela además su cortoplacismo, que bien podría traducirse en ausencia de metas o, lisa y llanamente, en irresponsabilidad pura.
El MIDES es un ministerio que comenzó con el gobierno del Frente Amplio. Uruguay salía de su crisis económica más profunda en décadas y en su momento fue necesario implementar medidas paliativas, que no apuntaban a la proyección sino a la supervivencia. Desde entonces, el MIDES no ha sido más que un comité de base institucionalizado y oficialista que se aprovecha de las situaciones más críticas en las que un ser humano se puede encontrar.
En otras palabras, el MIDES es un ente clientelista.
La indecencia de la propuesta de Olivera tiene varias aristas. Es claro que no le importa la educación de los jóvenes uruguayos postrados en los contextos más delicados. Al minimizar la esencialidad de la educación, quita de la ecuación a la única herramienta que podrían desarrollar muchos chicos para salir de la vulnerabilidad en la que crecen. Inmortalizar la pobreza es inmortalizar la dependencia del Estado – y es también inmortalizar la permanencia de políticas asistencialistas como aquellas de las que se jacta su grupo político.
Pero Olivera no priva a estos chicos solamente de una educación académica, sino también de una cultura de trabajo. ¿Qué futuro puede tener un niño que no solamente no asistió a un centro educativo, sino que además jamás vio trabajar a sus padres? ¿Qué ambiciones o proyectos puede tener tal criatura?
La oferta de Ana Olivera es inmoral. No sería 100% descabellado afirmar que a Olivera no le importan los niños, no le importan los pobres y no le importa el futuro de Uruguay. Su necesidad es inmediata y política, y el humanismo que pregona muere en discursos y panfletos.
Olivera asegura luego que “el dinero es un derecho” que portan estas familias. El comunismo – y me atrevo a asegurar que la izquierda en general – no comprende el significado del término. No todo es un derecho. Un ideal no es un derecho. Tampoco lo es cualquier cosa beneficiosa o deseable.
En lo que resulta una ironía absoluta, el comunismo se desliga del derecho a la propiedad privada, clara muestra de su cherry picking y tendencia a la tergiversación de conceptos.
El asistencialismo no hace más que reproducir problemáticas que requieren soluciones urgentes, por el bien de los más necesitados y por el bien de la sociedad en su conjunto. El clientelismo frenteamplista no sólo no es ético, sino que falla a la hora de formar ciudadanos responsables que puedan valerse en tanto individuos.
Olivera propondrá quitar la sanción más efectiva a aquellos padres que, por distintas circunstancias, no otorgan a la educación el valor que merece. Estará condenando a muchos chicos a vivir en la miseria intelectual y económica.
Por sólo haber ideado tan maquiavélica oferta, Olivera no tiene perdón.
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