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El presidente del Uruguay, Tabaré Vázquez, firmó a principios de esta semana un decreto que prohíbe los piquetes en calles y rutas. Mediante el mismo, el Poder Ejecutivo faculta al Ministerio del Interior a tomar las medidas que le parezcan pertinentes a efectos de “preservar el uso público de las calles, caminos y carreteras cuyo tránsito se pretenda obstaculizar o interrumpir por personas, vehículos u objetos de cualquier naturaleza”.
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El puntapié inicial para tal decreto fue redactado 18 años (Nº 127/999 del 4 de mayo de 1999), nada tiene que ver con el actual gobierno y aún así no deja de caer mal. En primer lugar, porque uno piensa en Vázquez y visualiza a un hombre al que no le da la tinta de las biromes para decretar a diestra y siniestra. Una y otra vez, los tintes totalitarios de Vázquez rompen los ojos – y todo sentimiento republicano.
En segundo lugar, el decreto cobra (incluso más) fuerzas porque pareciera ser la reacción ejecutiva a un piquete cerca de las instalaciones de la planta de celulosa de Montes del Plata, integrado por personas que solicitaban trabajar en dicha empresa.
Tercero, con sólo un 28 % de aprobación, el presidente uruguayo no está en condiciones de disparar en contra de aquellos que se supone debe defender: trabajadores manifestándose.
Por delante de todo, y caigo en la obviedad al decirlo, el piquete es en muchas ocasiones una manifestación por demás violenta, que incluye quema de neumáticos (o de lo que se encuentre alrededor, como los siempre escasos contenedores) y demás oprobios.
El piquete tiene muy a menudo una naturaleza destructiva que, incluso en el ideal de los casos (sin muertes ni heridos, sin daños a la propiedad privada), interrumpe la libre circulación de personas ajenas a los conflictos que los originaron.
Pero por otro lado, es también cierto que la manifestación, tanto grupal como individual – siempre y cuando sea pacífica- es una libertad fundamental del ser humano y que Vázquez (el mismo Vázquez que insiste que en Venezuela hay democracia) decrete en su contra, causa, por lo menos, tanto miedo como sospecha.
Los piquetes no son ni fueron plaga en Uruguay. Ni siquiera abundan las manifestaciones que no son pacíficas. La repentina necesidad de firmar y relanzar un decreto prácticamente ya existente, da, como decimos en Uruguay, “chuchos”. Chuchos a futuro, chuchos por lo que podría ser. ¿Cuáles son las intenciones de Vázquez?
Si se le preguntase a cualquier uruguayo cómo y cuándo debería Vázquez otorgar medios legales al Ministerio del Interior en nombre de la preservación de la sana convivencia, la respuesta haría alusión a la inseguridad reinante en el país oriental, no a piquetes.
Sin embargo, Vázquez afirma que quienes se quejan de la falta de seguridad son personas que “no están bien informadas, que no conocen la realidad de cómo vienen disminuyendo los delitos contra la propiedad y las personas. Los homicidios, los robos, las rapiña”.
Cuando se está tan alejado del mundo real, gobernar a decretazos y prohibiciones (como la reciente de no vender alcohol entre 22:00 y 08:00 horas) son acciones particularmente peligrosas – si bien lo es siempre, claro está.
Nada bueno se puede esperar de quien pretenda, simplemente mediante decretos, establecer su concepto personal de orden y buenas costumbres. Mucho menos si ese mismo alguien coquetea y protege, sin reparo alguno, dictaduras y totalitarismos que son la vergüenza de un continente entero.
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