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El miércoles 10 de mayo, el vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, acusó a ocho personas de conformar “una célula terrorista”, financiada por la oposición, para derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro. Uno de los imputados, Fermín Cocchioni, se encontraba, al momento de escribir esta nota, desaparecido.
Pero además, como revela el abogado de este joven de 32 años, de nacionalidad italiana y venezolana, Cocchioni ha sido sometido a torturas para confesar la participación de líderes opositores en la organización de las protestas.
Joel García, defensor de Cocchioni y abogado de la Fundación por los Derechos y la Equidad Ciudadana (Fundeci) pinta un panorama horrendo de lo que han sido las condiciones de detención de este joven, que por lo demás no tienen nada de extraordinario en la oscura situación que vive el país suramericano.
Advierte García que la responsabilidad de las torturas contra su defendido y otros jóvenes detenidos en el marco de las protestas contra Maduro, llega hasta el propio presidente de Venezuela; y afirma que el ministro del Interior, Néstor Reverol, está alterando evidencias para inculpar a los opositores de las muertes en las manifestaciones, lo que en sí mismo es un delito.
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“Ruleteado”, bateado y desaparecido
¿Qué puede contar de las circunstancias de la detención de Fermín Cocchioni y de lo que sucedió luego de que fue arrestado?
Él fue detenido por funcionarios, dicen quienes estaban allí que eran de la policía científica, de la Policía Nacional Bolivariana y del Sebin. Vestían de negro, con pasamontañas, con trajes de camuflaje. Fermín estaba, con un grupo de personas, esperando un autobús para ir al velorio de Armando Cañizales, el joven asesinado el día anterior en la manifestación. Cocchioni era amigo de Cañizales.
Solamente a él lo aprehendieron; lo metieron en una camioneta, lo encapucharon, y se lo llevaron con rumbo desconocido. Cuando le quitaron la capucha, Cocchioni se dio cuenta de que lo llevaron al Sebin; pero previo “ruleteo”, lo tuvieron varias horas en la camioneta dando vueltas.
En el Sebin, inmediatamente después de que lo reseñaron, se lo llevaron a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Y en la Dgcim es cuando le empiezan a decir que él es un “guarimbero”, que lo financia la oposición, desde el exterior, etcétera.
Él respondió que no, que eso era mentira, que él no conocía a ningún dirigente de la oposición; acto seguido, Fermín dice que le pusieron una colchoneta alrededor de su cuerpo, amarrada, y le dieron una lluvia de batazos, golpes muy fuertes. De hecho, yo le hice quitar la camisa en la audiencia para que la jueza viera los maltratos que tenía en sus costados.
Después le hicieron firmar varios documentos, sin conocer su contenido, pues tenía la cabeza tapada. Luego, le ponen algo cerca de su boca, él asume que era un teléfono, y le dijeron, bajo amenaza de volver a caerle a batazos, que tenía que decir, primero, que él era el líder de los “guarimberos” en Altamira, y luego, que Henrique Capriles y Ramón Muchacho eran quienes le “proporcionaban”, esa fue la palabra que usaron, toda la logística para hacer las protestas, pero que el objetivo final era siempre matar a policías o a guardias nacionales.
Ese fue el audio que el vicepresidente El Aissami exhibió en una comunicación desde Miraflores.
¿Por qué a él? ¿Tenía Cocchioni alguna actividad con los manifestantes, o lo agarraron al azar?
En el caso de Cañizales está sucediendo algo bastante particular, según están diciendo las mismas personas que estuvieron en el sitio del asesinato, las que están interviniendo por parte de cuerpos policiales: a Cañizales lo matan con una canica de plomo, pero el plomo se lo disparan desde donde estaba ubicada la Guardia Nacional. El ministro Reverol dio órdenes de voltear la escena para que el cuerpo de Cañizales quedara de frente adonde estaban sus compañeros.
Ojalá que la Fiscalía, como está actuando a través de su propia unidad de criminalística, no vaya a permitir esta contaminación de la escena. Pero esa es la versión del ministro, es lo que quiere, inculpar a factores de la oposición.
Alterar evidencia es un delito, ¿no?
Todos esos son delitos, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Qué se juzga en Venezuela? Por eso es que usted ve que se están llevando todo para la jurisdicción militar, porque allí cumplen órdenes tanto los fiscales como los jueces, hacen lo que ellos quieren. No los envían a la jurisdicción civil porque sabemos que la fiscalía, al fin y gracias a Dios, está actuando apegada a la legalidad.
A Cocchioni lo detienen porque son amigos, son conocidos, y él estaba ese día en Altamira. Están buscando vincular a personas vinculadas a Cañizales en este caso para exculpar a la Guardia Nacional.
¿Qué dijo la juez militar cuando usted le mostró las señales de tortura de Fermín?
Pues nada. Y de acuerdo con el artículo 15 de la Ley Especial contra Tortura y Tratos Crueles, oficié a la Defensoría del Pueblo y le solicité que lo enviara a medicatura forense a fin de que le hicieran a Fermín un reconocimiento médico legal. Esta acordó enviarlo a Medicina Legal, para que le hicieran el reconocimiento, y declaró sin lugar la notificación a la Defensoría, aun cuando es su obligación notificar esto en un lapso no mayor a 48 horas, es lo que establece esa misma ley. Pero por lo menos accedió a enviarlo a la medicatura forense.
Y el informe, ¿qué arrojó?
¡Es que no sabemos todavía! El problema está en que a hoy estamos buscando a Fermín Cocchioni, no lo conseguimos.
O sea, ¿Cocchioni está desaparecido?
No sabemos dónde está. El día que terminó la audiencia lo enviaron de nuevo a la Dgcim, pero el juez ordenó como sitio de reclusión el Sebin, en El Helicoide; resulta que en la Dgcim dicen que no está, que lo llevaron al Sebin, y en el Sebin dicen que ellos no lo tienen.
Le pedí a su mamá que se dirigiera inmediatamente a la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, a fin de denunciar la desaparición forzada de personas.
¿Qué delitos le imputaron?
Traición a la Patria, rebelión militar y sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional. Esos delitos están contemplados en la legislación militar, pero también en el Código Penal Civil, y tenemos una sentencia de 2016 de la Sala Constitucional que establece que habiendo delitos en común en ambos instrumentos jurídicos, prevalece la imputación ante la Justicia civil.
Eso lo planteé en la audiencia y solicité la incompetencia del tribunal, alegando todo esto que estoy diciendo, y la juez simplemente lo declaró sin lugar.
La tortura está más vigente que nunca
¿Han tratado el caso con la Embajada italiana, siendo Cocchioni también ciudadano de ese país, de mover los canales diplomáticos con Italia y la Unión Europea?
Desde el mismo momento de su aprehensión nos comunicamos con la Embajada y el Consulado de Italia, y están haciendo sus gestiones como ciudadano italiano. Están en conocimiento del hecho y están actuando.
Ustedes en Fundeci han encontrado que la tortura es hoy una práctica común en Venezuela. La pregunta es: ¿qué tan común, sobre todo en estos casos de naturaleza política?
Yo diría que en todos los casos de naturaleza política, que tienen que ver con ramificaciones hacia un delito, en protestas, que los “siembran”, la tortura es la primera herramienta que utilizan, sobre todo el Sebin, pero ahora también la Dgcim está actuando porque estamos yéndonos hacia la jurisdicción militar.
Es una práctica común ponerle una bolsa en la cabeza con insecticida, para asfixiar a las personas, son comunes los golpes; me dijo Cocchioni que pudo ver a un adolescente, de aproximadamente 13 años, que está en el Sebin, cuando le pusieron la cabeza en una poceta (inodoro). Eso me lo dijo Cocchioni.
La tortura está más vigente en esos cuerpos de seguridad que nunca. Yo creo que en Venezuela nunca antes se había torturado tanto, ni siquiera en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, como ahora. El Gobierno de Maduro ha sido el Gobierno más represor que ha tenido la historia venezolana.
Cuando digo esto lo digo con conocimiento, porque manejamos muchas causas que tienen que ver con Policía Nacional, con la Dgcim o con el Sebin como funcionarios agresores, donde la tortura es común. Así lo hemos denunciado siempre, y de hecho, ahora todos los casos los vamos a llevar a Derechos Fundamentales, aprovechando que la Fiscalía está actuando apegada a la legalidad.
¿Toda la cadena de mando de estos cuerpos está implicada en torturas? Estos son delitos que no prescriben… Usted habla de que esas torturas están diseñadas para obtener una confesión, y recuerdo las declaraciones de Gabriela Ramírez, exdefensora del Pueblo, diferenciando tortura de tratos crueles…
En aquella oportunidad, Gabriela Ramírez quiso definir lo que era tortura y diferenciarlo de lo que era trato cruel a la luz de esta Ley Especial. Dice la Ley que tortura es cuando el maltrato físico tiene la finalidad de obtener una confesión; yo te torturo, como en estos casos, para que grabes un video, o un audio, incriminando a una determinada persona. El trato cruel es cualquier trato vejatorio o degradante, pero que no tiene objetivo obtener una confesión: Los vemos en los videos donde un guardia nacional le cae a patadas a un muchacho, por ejemplo. Es maltrato por el placer de maltratar. Esa es la distinción, pero ambas son tortura.
¿Cómo es la cadena de mando allí? Si toda esa cadena de mando está implicada en torturas, vendrán juicios masivos, en algún momento, contra toda esta gente…
Obviamente. Y te voy a poner como ejemplo lo que declaró un estudiante de la Universidad de Carabobo, que fue detenido el 18 de abril en un hotel en Caracas, antes de la marcha del Día de la Independencia. Les allanaron el hotel, les “sembraron” unos bidones de gasolina, que en qué cabeza cabe que unos estudiantes vayan a traer bidones de gasolina en un autobús; esos muchachos fueron torturados también, para que incriminaran a líderes de la oposición. A todos les grabaron videos, los golpearon y los maltrataron. Y hay una chica allí que afirma que pudo ver al ministro Reverol presenciando el interrogatorio. A pesar de que le taparon la cabeza, pudo ver entre la trama de la tela que estaba el ministro Reverol. Y otro muchacho dijo que el ministro les decía que colaboraran, y después se iba y empezaban las torturas.
Todos ellos están en conocimiento de eso. Por eso es que yo decía que el presidente Maduro cuando utiliza un video de eso, y sabemos que esa confesión fue arrancada bajo tortura, también incurre en complicidad allí…
Disculpe, ¿me dice que la cadena de mando llega hasta Nicolás Maduro?
Por supuesto que sí. A menos que él esté engañado por sus funcionarios. Pero él debe saber muy bien, porque tiene buenos asesores, que a la luz del artículo 49, numeral 5, de la Constitución, ninguna confesión tiene validez si es arrancada bajo coacción; y el artículo 132 del Código Orgánico Procesal Penal establece que ninguna declaración de un imputado es válida si no está debidamente acompañada por su defensa, privada o pública.
Yo debo decir con toda responsabilidad: una cosa es lo que usted ve por televisión, lo que escucha a las autoridades, presidente, vicepresidente, o Diosdado Cabello, decir, y otra cosa es lo que establecen los expedientes en realidad. El vicepresidente hablaba de una “célula terrorista”, y estos muchachos no están imputados por terrorismo.
Bueno, el caso de Leopoldo López, al que Cabello acusa de 43 asesinatos, y no está homicidio entre los delitos por los cuales lo condenan…
Exacto. Y en el caso de Leopoldo López yo lo digo con conocimiento de causa, porque soy defensor de Ángel González, que estuvo imputado junto con Leopoldo López, y no se manejó nunca la acusación de homicidio en ese caso.
Delitos que no prescriben
¿Qué penas establece la Ley Especial contra la Tortura a los funcionarios que se presten a estas prácticas? ¿Esos delitos prescriben?
Los delitos contra los Derechos Humanos, a tenor de lo que establece el artículo 25 de la Constitución, no prescriben, y las penas oscilan de 8 a 25 años. En el caso de un joven maltratado en Los Ruices, en 2014, al que golpearon unos Policías Nacionales, nosotros lo defendimos, y después acusamos a los policías nacionales. Esos policías fueron enjuiciados, y admitiendo hechos, los condenaron a ocho años, la mitad de la pena que hubieran tenido si no hubieran confesado.
¿Cómo valora la decisión de la Fiscalía General la decisión de arrancarle a los juzgados por el derribo de la estatua de Hugo Chávez en Perijá a la justicia militar, y la conformación de este equipo especial para investigar el asesinato de Miguel Castillo?
Lo primero, la Fiscalía ha tenido un cambio notable, está haciendo lo que siempre debió hacer. Yo diría que la Fiscalía dejó de funcionar como brazo ejecutor del Gobierno a partir de la aprehensión de Coromoto Rodríguez, en 2016. Hoy día se siente más cuando la fiscal Ortega Díaz dijo que las sentencias 155 y 156 rompían el hilo constitucional.
En las actuaciones últimas, ya los fiscales no piden solo medidas cautelares; dado que no hay sino actas policiales contra los detenidos, piden directamente la libertad de los mismos. Eso hay que aplaudirlo aunque a la gente no se le debe felicitar por hacer lo que les corresponde, pero eso lo saludo.
Respecto al caso de Castillo, esa dirección fue creada por Ortega Díaz para tratar solamente delitos cometidos por funcionarios policiales en violaciones de derechos humanos. En otros casos no han actuado, como por ejemplo en el de Bassil Da Costa.
Sabemos que en este caso, el de Castillo, la policía científica es subalterna del ministro Reverol, y sabemos que los intereses son inculpar a los dirigentes políticos.
