En medio del Carnaval, que es feriado en Venezuela, ha pasado prácticamente desapercibido el nombramiento, por parte del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, de Dag Nylander como nuevo mediador en el litigio entre la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela en el diferendo que tienen en relación con el territorio Esequibo, una franja de 159.000 kilómetros en la que Guyana tiene soberanía y que fue arrebatada a Venezuela por Gran Bretaña a mediados del siglo XIX, y que es el litigio territorial más importante, por su extensión, en el continente americano.
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Nylander sustituirá a Norman Girvan, antiguo mediador entre las dos naciones, quien murió en 2014 sin lograr resolver el diferendo en el que trabajó durante cuatro años (al igual que sus dos predecesores entre 1989 y 2010); y tiene el mandato expedito de Guterres de realizar una “mediación reforzada”, hasta finales de este año, según informó Stephane Dujarric, portavoz de Guterres.
Además tiene un mandato claro, derivado de una resolución de la ONU del pasado 16 de diciembre, en la que se afirma que si el caso no se resuelve el 31 de diciembre de 2017, pasará a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Nylander no es cualquier diplomático. Viene de ser el representante de Noruega en los diálogos de paz entre Colombia y las FARC, en los que participó como garante del proceso junto con Cuba; conoce bien Latinoamérica, y de primera mano, seguramente, a los representantes diplomáticos venezolanos, que junto con los chilenos, fueron los países involucrados en el proceso de paz. No fue un proceso sencillo: le consumió una década de su vida, en la que aprendió perfecto español.
De lo que se resuelva en las negociaciones entre Venezuela y Guyana dependerá una nueva geopolítica de la región; y muy a pesar de las relaciones que pueda haber forjado Nylander con la cancillería venezolana durante la década que pasó gestionando la paz en Colombia, las perspectivas no son buenas para este país, y sí para los intereses de Guyana.
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Y este, debe aclararse, no es solo un litigio por tierra, sino por dinero: hay involucrada una fortuna bajo el subsuelo, en forma de petróleo, y también una vieja conocida de Guyana y Venezuela, la Exxon Mobil, cuyo expresidente hasta el año pasado (sorpresa) es nada menos que Rex Tillerson, hoy secretario de Estado de Donald Trump en Estados Unidos.
Una deuda histórica
El Laudo Arbitral de París (1899) en el que Venezuela ni siquiera participó, define las actuales fronteras entre Venezuela y lo que en aquel momento era la Guayana Británica. En 1966, pocos meses de que Gran Bretaña (que había tomado los territorios por la fuerza a mediados del siglo XIX) concediera la independencia a lo que hoy es la República Cooperativa de Guyana (para la cual el Esequibo representa dos tercios de su territorio), se firmó el Acuerdo de Ginebra, en el que la ONU reconoce que Venezuela tiene un reclamo válido y se constituye la figura del buen oficiante.
Y si la posición de la democracia venezolana fue constante en su reclamo de esa franja de tierra, sufrió un grave daño cuando esta terminó: en 2004, en una visita a Georgetown, capital de Guyana, Hugo Chávez afirmó que “el Gobierno venezolano no será un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y cuyo propósito sea beneficiar a los habitantes del área”.
Esta declaración, desde entonces, ha sido esgrimida por los gobiernos guyaneses para iniciar la exploración, y posteriormente la explotación, de petróleo, no solo en el territorio en reclamación, sino también en sus aguas conexas. Y a pesar de las protestas de Venezuela, en 2015, comenzó la explotación de petróleo por parte de Exxon Mobil en las costas guyanesas y el descubrimiento, en 2016, de un yacimiento de grandes dimensiones en la zona.
Exxon Mobil, para la “revolución bolivariana”, no es cualquier enemigo: mantuvo el litigio más cuantioso de los que enfrentó el país en el Centro Internacional de Arbitraje de Diferencias Comerciales (Ciadi) por sus confiscaciones, y Venezuela se vio obligada a cancelar 1,6 millardos de dólares, aunque finalmente, un año después, prosperó una demanda de anulación del país. Y aunque la cifra parezca alta, era mucho menor a los $22 millardos que pretendía inicialmente la Exxon Mobil.
Pero allí no solo está Exxon Mobil. También está como su socia Nexen Petroleum Guyana, Ltd., propiedad de la China National Offshore Corp. Esta es socia de PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco y (más preocupante aún) en el proyecto de Gas Mariscal Sucre, en la costa oriental del país, colindante con las aguas territoriales de Guyana y Trinidad.
Este proyecto, que no ha podido desarrollarse en un cuarto de siglo por los “ires y venires” de las políticas económicas “chavistas” consiste en la explotación de un gigantesco bolsón de gas natural en la plataforma marítima venezolana.
Todo este panorama llevó al Gobierno venezolano a sobrerreaccionar en 2015 con la publicación de un decreto denominado de “Zonas Operativas de Defensa Marítima e Insular” (Zodimain) que incluía en el mapa del país toda la plataforma continental frente a las costas de Guyana, lo que este país consideró “una provocación”, y lo denunció internacionalmente.
El Ministerio de la Defensa venezolano modificó el mapa posteriormente, pero la alarma causada por la beligerancia venezolana ya había quedado sembrada en la diplomacia internacional, y fue lo que llevó a Ban Ki Moon, antecesor de Guterres, a reactivar urgentemente la resolución de la controversia, lo que cristalizó a fines del año pasado con el anuncio (salomónico) de nombrar a un oficiante breve y si el caso no se resuelve, llevarlo a la Corte Internacional de La Haya.
Maduro, perdedor histórico
¿Puede quedar el presidente venezolano, Nicolás Maduro, como el hombre “que perdió el Esequibo”? Lamentablemente para Venezuela, un país que realizó durante casi 80 años (empezando en la década de los 40 y terminando en los primeros años de Hugo Chávez, en los que se mantuvo el statu quo en la diplomacia venezolana sobre el tema) una labor de filigrana para recuperar el territorio, o por lo menos para que no cesara su pretensión sobre el mismo, la respuesta es “Sí”.
Venezuela, está claro, no quiere ir a la Corte Internacional de La Haya. Su posición fue siempre la de mantener sine die la presencia del mediador, con la esperanza de lograr un arreglo con el país vecino. La posición de Guyana, en cambio, ha sido la contraria: confía en una resolución rápida en la Corte que le permita desarrollar sus riquezas sin intervención o amenazas de Venezuela; mucho más con un vecino tan irritable y levantisco como el “chavismo”.
Las decisiones de la Corte de La Haya son inapelables para el país, que efectivamente no tiene actualmente jurisdicción efectiva en el territorio (la jurisdicción corresponde a Guyana, sin duda, y Venezuela ha respetado esas fronteras establecidas en el Laudo de París desde la llamada Rebelión del Rupununi, en 1969).
Solo como antecedente, sirva la resolución de la Corte en el conflicto fronterizo entre Colombia y Nicaragua en 2012: A pesar de que concede territorios colombianos a Nicaragua, no ha podido hacerse cumplir porque Colombia desconoció a la Corte. Como la jurisdicción de los territorios pertenece a este país, la alternativa es un conflicto bélico de impredecible resultado.
¿Cuál sería la alternativa de Venezuela ante un fallo en contra de la Corte de La Haya? Probablemente una semejante. Con un agravante: todos los poderes fácticos del mundo y de la región (desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde hay un representante de la Exxon Mobil, hasta Caricom, Brasil y la Cancillería cubana, que se han mostrado a favor de Guyana en la controversia) estarían de acuerdo con una decisión favorable a la república angloparlante.
El panorama luce muy complicado para Venezuela, además, porque las pretensiones son rígidas. Guyana aspira a la integralidad de su territorio, y Venezuela, a la totalidad de la zona en reclamación. Como siempre sucede en los conflictos de tierra, estos están ligados a la soberanía, entendida esta última como la jurisdicción sobre un espacio.
En Venezuela, históricamente, nadie ha querido ser el que haya perdido el Esequibo. Es por esto que Maduro pide apoyo a la oposición, expresado en un insólito punto del frustrado diálogo entre el Gobierno y la Mesa de la Unidad Democrática, en Venezuela, en el que se pone como protagonista el tema del Esequibo como un tema nacional.
Durante 2017, el territorio se convertirá en un asunto más que deberá atender la inexperta, ideologizada y sobre todo desprestigiada Cancillería venezolana.
Las perspectivas, como muestra todo lo anterior, no son buenas. Esto, sin siquiera querer imaginar un escenario como el de Argentina en 1982, donde a los militares se les ocurrió una guerrita reivindicadora para mantener en el poder a una dictadura moribunda.