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English “Hola. Soy María del Pilar Hurtado y quiero entregarme”. Con una llamada telefónica a la embajadora colombiana en Panamá, Ángela Benedetti, la exdirectora del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) de Colombia terminó, el viernes 30 de enero, con cuatro años de huida.
No pudo soportar ni siquiera dos días más de fuga luego de que la Interpol emitió una alerta roja para su captura en 194 países, incluyendo, por supuesto, en el que se encontraba desde que se escapó de Bogotá en 2010, acusada de ser personaje principal en el denominado “Escándalo de las Chuzadas”.
Lo que está muy lejos de terminar es el escándalo de las escuchas ilegales a opositores del presidente Álvaro Uribe Vélez entre 2008 y 2009, destapado ese año por la revista Semana. No solo políticos; también magistrados y periodistas fueron interceptados ilegalmente en sus comunicaciones.
Para Uribe, Hurtado es una pieza en el pulso dialéctico y político que mantiene con el actual presidente Juan Manuel Santos desde que éste escapara de su órbita, luego de lograr la jefatura de Estado; para los enemigos de Uribe (que son muchos y muy variados) la exdirectora del DAS ejemplifica una manera de hacer política (la de Uribe) alejada de la pulcritud.
La exfuncionaria se encuentra recluida, para mayor protección de su seguridad, en la Fiscalía General de Colombia, desde que el sábado 31 en la madrugada llegó a Bogotá procedente del vecino país. Hurtado fue juzgada en ausencia por la Corte Suprema y la vindicta pública exige para ella 15 años de prisión, imposibles de negociar, pues no se presentó a las audiencias en su contra. Para la otra persona juzgada por el escándalo de las chuzadas, Bernardo Moreno (exsecretario de la presidencia durante la administración de Uribe) sí está abierta la posibilidad de una negociación.
Tanto a Hurtado como a Moreno se les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones y abuso de función pública. A Hurtado se le impusieron los cargos adicionales de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
Moreno insiste en su inocencia, señala que ni él ni Uribe ordenaron vigilar las comunicaciones de nadie, y que a lo largo de la presidencia de Uribe, en ninguna oportunidad se reunió como secretario de la Presidencia con autoridades del DAS, incluida Hurtado.
“Diga quién le dio la orden”
Desde autoridades de la Fiscalía colombiana hasta rivales políticos han instado a Hurtado a que declare quién le dio la orden de interceptar a periodistas, políticos y magistrados.
El fiscal general de Colombia, Eduardo Montealegre, señaló en una rueda de prensa, horas después de la llegada de Hurtado a la sede de su organismo, recomendó a la imputada: “colabore con la Justicia, cuéntele al país quiénes dieron las órdenes de los seguimientos ilegales y quienes fueron los destinatarios de esas órdenes”.
En el mismo sentido se manifestaron diversas figuras de la vida política colombiana, tanto a través de declaraciones a medios locales como de Twitter.
Iván Cepeda Castro, senador del llamado “Polo Democrático”, señaló que “es clara la vinculación” entre Hurtado y Uribe. “Quien debe estar pensando en tramitar asilo ahora es @AlvaroUribeVel. Espero que dé la cara a la justicia”, dijo; en otro tuit, el dirigente de izquierda radical dijo que “es evidente su desespero y su temor por lo que pueda decir la señora Hurtado. No vaya a huir. Serénese y afronte la justicia”.
Mientras, Uribe también reaccionó, en la misma red social. Señaló que “Semana, revista de Santos (Juan Manuel, NdR) y órgano de difusión de Fiscalía, informa sobre entrega de María del Pilar H., después de presión de Santos a Interpol”. En otro mensaje, el expresidente dijo: “coincidencia que logró Santos; revocar la negativa de Interpol en relación con MaríaDelPHurtado el mismo día de la declaración de OIVAN” (Oscar Iván Zuluaga).
Zuluaga rindió declaración en relación con el caso de un pirata informático detenido y acusado de espiar el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que se produjo el mismo día de la emisión de la alerta roja de Interpol contra Hurtado. El expresidente ligó los dos temas, y afirmó que se busca llegar hasta él, por lo que consideró ser un “perseguido político” de Santos.
Luis Pérez, abogado de un grupo denominado «Víctimas de las Chuzadas», señaló, en un receso de la audiencia de legalización de captura de la exfuncionaria, que esta había manifestado su interés de colaborar con la justicia colombiana. Destacó también Pérez que aunque el juicio en contra de Hurtado ya terminó, negociar un recorte de penas o seguridad para la familia de la exdirectora del DAS era posible, en la medida en que colabore a identificar a quienes le ordenaron realizar las escuchas.
Panamá, pieza clave
Aunque Hurtado vivió ilegalmente en Panamá cuando se venció su pasaporte colombiano y no acudió al consulado de su país a renovarlo, el Gobierno panameño no actuó en contra de la exdirectora del DAS hasta que se emitió la alerta roja de Interpol, cuando el Ministerio de Seguridad anunció que la acataría, lo que motivó la entrega de la exfuncionaria de Uribe.
Esto, a pesar de que el actual presidente panameño, Juan Carlos Varela, está acusando al expresidente del país, Ricardo Martinelli, de un proceso similar al realizado por Hurtado en contra de sus rivales políticos.
Por este hecho (y por un escándalo de corrupción asociado al Programa de Ayuda Nacional, PAN), Martinelli huyó de Panamá la semana pasada, luego de estar en Guatemala en una sesión del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
De Ciudad de Guatemala, Martinelli huyó a Miami, donde se declaró perseguido político; luego, según una investigación del diario La Estrella, de Panamá, ha viajado a Canadá, Irlanda e Italia.
¿Será esta también, o una similar, la suerte de Álvaro Uribe Vélez después de lo ocurrido la semana pasada con María del Pilar Hurtado?
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