El Gobierno ecuatoriano genera miedo en distintos sectores de la sociedad por sus mecanismos de represión y persecución a sus opositores. Algunos abogados han sido afectados por el asedio del Gobierno debido a su relación de trabajo o amistad con personas a las cuales el régimen conoce como “retractores”. Así lo han confirmado Juan Pablo Albán, Julio César Sarango, Ramiro García y Juan Vizueta en una entrevista con Fundación Milhojas.
Los juristas antes mencionados, y otros, reciben amenazas por redes sociales o llamadas, son vigilados día y noche; son víctimas de linchamiento mediático por los medios oficialistas, las cadenas que son dispuestas por la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) y los Enlaces Sabatinos del presidente Rafael Correa. Han tenido que cambiar su rutina y dejar de asistir a compromisos sociales para evitar el contacto y la intromisión del Gobierno en su privacidad.
Confiesan que temen por su familia, y que a veces tienen ganas de renunciar a la defensa de casos en contra del Gobierno o de sus miembros; sin embargo están comprometidos en esta tarea. Señalaron que más allá del peligro que enfrentan, hay derechos y libertades que no se están respetando. Consideran que eso es algo importante dentro de su profesión, por lo que tienen que defender sus principios.
El ejercicio de la justicia se condiciona en el país http://t.co/OSCaEPK7LR pic.twitter.com/0LdtIIBUKN
— Fundación Mil Hojas (@fmilhojas) August 5, 2015
Juan Pablo Albán, abogado litigante, defensor de los derechos humanos y profesor universitario, dijo que, en el Ecuador, la justicia, cuando involucra a la política, está parcializada y sesgada hacia el interés del Gobierno. Varios abogados no aceptan la participación en casos con componentes políticos porque saben que es muy probable que los pierdan y se expongan a “presiones indebidas”.
Comentó que es necesario acudir ante otras organizaciones internacionales que trabajan en defensa de derechos humanos, aparte de la Comisión Interamericana y el Comité de Defensa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Defiende el uso de las redes sociales para realizar un verdadero activismo, el cual permita “visibilizar, debatir y posicionar estos temas. Lo que nos queda son esos espacios, todos los demás están copados”, indicó Albán.
Por su parte, Julio César Sarango, abogado litigante con 17 años de experiencia, confesó: “En este régimen no he podido ejercer mi profesión como abogado tranquilamente”. Habló sobre dos casos puntuales en los cuales ha recibido amenazas y sanciones por denunciar el mal manejo de la justicia en Ecuador.
“La gente no reacciona por el miedo, por el temor. Los jueces también tienen temor. Hay jueces que están conscientes de que no hay infracción cometida por algunos acusados pero, cuando se pronuncian en las sabatinas, cambian de criterio”, opinó Sarango, “Yo creo que el pueblo está cansado de este tipo de acciones. La justicia es totalmente deficiente. Ahorita tenemos seis jueces de la Sala de lo Penal y hay cualquier cantidad de causas que no son despachadas”.
Juan Vizueta, jurista y defensor de los derechos humanos, representa uno de los casos más controversiales en los últimos días, la denuncia del supuesto espionaje por la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) debido a los documentos filtrados de la empresa italiana Hacking Team, en los cuales se menciona al Gobierno ecuatoriano entre sus contratos.
En su cuenta de Twitter, el pasado 12 de julio, expresó la posibilidad de dejar de defender a los denunciantes por las amenazas que está recibiendo. “Cercaron a mi hija en la calle y le dijeron: ‘Dile a tu padre que no se meta en lo que no le conviene. Parece que quiere terminar como el general Gabela‘”, relató Vizueta en la entrevista acerca de la amenaza que recibió.
Quizás tenga q desistir de patrocinar a ciudadanos q desean denunciar en Ecuador el caso Hacking Team. He sido amenazado de muerte.
— Juan Vizueta (@juanvizuetaronq) July 12, 2015
Su comentario acerca de la solución para la represión que viven los abogados y los opositores es que ” el Gobierno deje el autoritarismo y quiera controlarlo todo, que nos permita vivir en democracia, que se respete el estado de Derecho, que los abogados podamos ejercer libremente y, sobre todo, que tengamos jueces idóneos e imparciales”. Además, confirmó la participación del gremio de los abogados en el próximo Paro Nacional convocado por los indígenas, al cual médicos y trabajadores ya se han unido.
Convoco a todos mis colegas para el 12 de agosto a las 10 am a apoyar el Paro Nacional de la Abogacía. Basta de irrespeto a los juristas!!
— Juan Vizueta (@juanvizuetaronq) August 4, 2015
Ramiro García, especializado en Derecho Penal y profesor universitario, confesó que ha sido nombrado e insultado en 12 enlaces del Presidente. Acerca de la amenaza a los juristas dijo que “si los defensores de los derechos humanos se encuentran en riesgo significa que estamos llegando a un nivel de arbitrariedad que resulta insostenible para el propio Gobierno”. Y con respecto a la situación del país, comentó que “se han comido de tal manera la institucionalidad que la gente ha reaccionado y está tomando las calles como única vía de defensa y desfogue. Por eso van creciendo cada día las movilizaciones”.
El Gobierno ecuatoriano ha negado sus acciones represoras ante organismos internacionales, como Human Rights Watch (HRW), quienes mantienen seguimiento a las acciones del Gobierno de Rafael Correa. El pasado 21 de julio, HRW publicó un informe sobre la demora de casos en los tribunales ecuatorianos, principalmente en aquellos que denuncian acciones del Gobierno.
El organismo ha sido rechazado por parte del Gobierno ecuatoriano calificándolo por ser otro opositor más y por publicar información que no se sustenta en los hechos. Miembros de HRW conversaron con PanAm Post e indicaron que “es muy difícil para los jueces resolver en contra de los intereses del Gobierno, porque el Consejo de la Judicatura, que lidera Gustavo Jalkh, está compuesto por exfuncionarios del Gobierno de Correa y tienen la potestad de remover jueces”.