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Alrededor de 30000 personas serán “elegidas” como jueces de paz el domingo 15 de diciembre en Venezuela. Estas elecciones, impulsadas por el chavismo, ocurren en un momento comprometedor para la dictadura de Nicolás Maduro por varias razones: el amplio rechazo popular evidenciado durante las presidenciales del 28 de julio, la presión internacional por la falta de pruebas por parte del Consejo Nacional Electoral que validen la supuesta victoria atribuida a Maduro, así como la cuenta regresiva para el próximo 10 de enero, cuando Edmundo González debería juramentarse como presidente, de acuerdo con las actas que recopiló la oposición y que le dieron casi 70 % de los votos frente a 30 % de Maduro.
Sin embargo, el chavismo consigue en la elección de “jueces de paz” otra cortina de humo para disimular su ilegitimidad. En total, el CNE habilitará 4817 centros de votación para un alcance estimado en 5000 circuitos comunales. En el medio, el régimen apela a su maquinaria de propaganda para aparentar normalidad y promover la escogencia de estas figuras que, en teoría, buscarán “la resolución de conflictos” en comunidades de todo el país.
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Las incongruencias sobran en estas elecciones de jueces de paz que inventó el chavismo. Aunque el artículo 293 de la Constitución de Venezuela establece que el Poder Electoral, representado por el CNE, tiene como función organizarlas, el precedente del 28 de julio demuestra que los resultados de este domingo no serán confiables. Acá cabe mencionar que Elvis Amoroso, presidente del organismo, se ausentó del ojo público desde el 8 de agosto. Finalmente, este 12 de diciembre apareció para dar escuetos detalles.
No hizo referencia a las pasadas elecciones presidenciales, la ausencia de actas, de resultados mesa por mesa y de por qué la página web del CNE sigue caída, así lo reportó el periodista especializado en la fuente electoral, Eugenio Martínez. Cabe recordar que el régimen atribuyó el colapso del sistema a un “ataque cibernético” para justificar la falta de pruebas de su supuesta victoria. Entonces, si este problema persiste ¿por qué la dictadura organiza otras elecciones?
Falta de legalidad alrededor de los “jueces de paz”
Estos 30000 jueces de paz, entre titulares y suplentes, “podrían convertirse en una extensión de las organizaciones políticas y los sistemas de control social como los CLAP o los consejos comunales, institucionalizando las delaciones y reforzando la hegemonía del gobierno en los espacios más íntimos de la vida comunitaria”, explica Miguel Ángel Martín Tortabú, expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio, en conversación con PanAm Post .
El chavismo también promulgó en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal con 48 artículos tras ser sancionada por la Asamblea Nacional oficialista. Pero todas las irregularidades inicialmente contradicen los principios establecidos en el artículo 258 de la Constitución.
Primero está la falta de transparencia por cuanto “no se garantiza un marco electoral claro ni se ha informado adecuadamente al electorado sobre los procedimientos”, explica el experto. Segundo, el evidente control del aparato político sobre las personas que se designarán en estos puestos. Tercero, se desvía la finalidad, ya que estas elecciones “se presentan como una maniobra más para reforzar el control político en las comunidades, desviándose de su propósito constitucional”. Cuarto, el proceso no cuenta con organismos independientes que garanticen su limpieza y credibilidad. De hecho, hay advertencias sobre la falta de cuadernos de votación o de máquinas captahuellas, útiles para evitar la duplicidad del voto.
¿Jueces de paz o soplones del chavismo?
Hay que detenerse a analizar el perfil de estos próximos jueces de paz en los 5000 circuitos comunales (definición que tampoco es del todo clara). Entre los requisitos destaca “no incurrir en actos de odio, tolerancia y discriminación”.
Genera suspicacia que eso sea posible luego de las elecciones del 28 de julio, cuando el chavismo activó una oleada de detenciones contra ciudadanos que se identificaron con la oposición, impulsada con la “Operación Tun Tun”. Hoy todavía continúan tras las rejas 1903 presos políticos, según el Foro Penal Venezolano.
“La intención política del régimen es simple y llanamente controlar, convertir a esos jueces de paz en los policías de los sectores populares. Entonces mis queridos amigos, allí el régimen lo que está buscando son prácticamente
espías. Eso está basado en los guardianes de la revolución de Cuba que en cada cuadra, en cada sector, hay alguien que chequea y le informa al gobierno de quién está con ellos o quién no para ser sancionado”, las declaraciones pertenecen al consultor político Neptali Figueroa, difundidas en su análisis de YouTube titulado “Jueces de paz o sapos”.
Elecciones sin votantes
Por último, un detalles no menor, ¿quién va a votar para elegir a los jueces de paz? Las actas del 28 de julio publicadas por la oposición dejan claro que la dictadura venezolana no tiene músculo político, y le quedan muy pocos seguidores. Pero más allá de eso, el chavismo tiene 25 años realizando procesos electorales que ha ido viciando a la medida de sus intereses para perpetuarse en el poder.
Como resultado, mientras hay manifestaciones internacionales contra los abusos de un régimen que está en cuenta regresiva para la juramentación el 10 de enero, el chavismo aprovecha de crear una nueva maniobra electoral para posiblemente reforzar su control político y social. Pero nada garantiza el éxito a Maduro, menos aún cuando en el contexto internacional aliados de su gestión, como Rusia, podrían dejarlo solo si se complican sus prioridades en el frente de batalla en Ucrania, tal como terminó haciendo Moscú con Bashar Al Assad en Siria.
