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El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, llamó la atención este lunes al régimen venezolano por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” que protejan los derechos de los civiles y advirtió que las investigaciones de la fiscalía “siguen en curso y están activas”, no sin antes recordar que “la complementariedad no puede ser una historia interminable”.
En su discurso en la reunión anual de países miembros de la CPI, Khan insistió en “la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente”.
La CPI desestimó en marzo el recurso del régimen chavista contra la reanudación de la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, quien había recurrido al “principio de complementariedad”, que debe evitar que se solapen investigaciones, para pedir el cierre del caso abierto en la oficina del fiscal. “La pelota está en el campo de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando”, advirtió Khan.
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“Nuestras investigaciones independientes continúan. Siempre han sido paralelas, están activas, y estamos colaborando y trabajando estrechamente con una variedad de socios para cumplir con nuestras responsabilidades, de modo que toda vida importe lo mismo”, señaló el fiscal, quien agregó: “Los venezolanos tienen el mismo derecho a la justicia que las familias que conocí en Libia o en Bangladés en las últimas dos semanas. Esto no puede ser más básico, pero vale la pena subrayar ese imperativo en términos de las decisiones que está tomando mi oficina”.
Además, el fiscal de la CPI subrayó que, en su viaje a Caracas en abril de este año, ya destacó ante las autoridades del régimen venezolano “la necesidad de ver un impulso y avances reales” y señaló que “ha habido un compromiso continuo, ha habido discusiones sostenidas sobre la complementariedad, pero la complementariedad no puede ser una historia interminable”.
También instó al régimen chavista a permitir que los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos entren a Venezuela, como se había prometido “previamente por escrito”, y les urgió a “cooperar de manera más tangible” con la fiscalía de la CPI.
El pasado agosto, el fiscal de la CPI, Karim Khan, ya aseguró estar “monitoreando activamente” la situación en Venezuela y subrayó que está “evaluando de manera independiente” los “múltiples informes de casos de violencia y otras denuncias” sobre posibles crímenes tras las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE), al servicio de la dictadura, declaró fraudulentamente como ganador a Maduro sin actas, sin divulgación de resultados desglosados y sin auditorias, mientras que la oposición logró recolectar 83,5 % de las actas que demuestran que el verdadero ganador de la elección fue el exdiplomático Edmundo González Urrutia, quien se encuentra en el exilio en España pero promete regresar el 10 de enero a Venezuela para tomar posesión del cargo, como constitucionalmente le corresponde.
Con información de EFE
