El cordón umbilical que generó el presidente de Chile, Gabriel Boric, con el proyecto constitucional tiene inmersa a su Administración en ocho investigaciones por intervencionismo en la campaña del plebiscito a favor de la nueva carta magna.
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Según el medio chileno ExAnte, desde mayo hasta el 22 de julio hay ocho querellas en contra de dependencias del Ejecutivo y altos funcionarios por presuntamente utilizar espacios y recursos públicos para impulsar la opción del “Apruebo” en la jornada electoral del próximo 4 de septiembre.
- La primera denuncia se consignó el 6 de mayo en contra de la Secretaria Regional Ministerial (Seremi) de Educación de Magallanes –de donde es oriundo Boric– por utilizar un cuadro alusivo a una de las opciones del plebiscito en una de sus oficinas.
- Cuatro días después, el 10 de mayo, la Contraloría procesó un oficio en contra de la municipalidad de San Bernardo por utilizar la fachada de edificio consistorial para hacer campaña.
- El live en Instagram de la ministra de Comunicaciones, la comunista Camila Vallejo, y el ministro de la Secretaria de Gobierno, Giorgio Jackson, también provocó la apertura de una investigación el 19 de mayo.
- El 8 de junio, la Contraloría solicitó antecedentes sobre el uso de recursos públicos en la campaña “Hagamos historia” a las Secretarias de Gobierno y de la Presidencia (SEGPRES).
- El 12 de julio, la reunión de Boric y la directiva del Partido Socialista sumó la quinta querella en la Contraloría.
- Al día siguiente, la Contraloría ordenó sumarios en Maipú, Cerro Navia y Quinta Normal por intervencionismo y dictaminó la inhibición de los municipios en las campañas informativas.
- El 13 de julio, la ministra Vallejo reincidió al presentarse en el matinal del canal Mega con un pin en la solapa de su traje a favor de la nueva constitución. La solicitud fue impulsada por parte de los diputados de Renovación Nacional, Andrés Celis, Paula Labra, Miguel Mellado y Diego Schalper.
- El 22 de julio, una publicación en las redes sociales de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) en referencia al plebiscito se convirtió en la octava causa por irregularidades. En el gobierno nadie quiere hablar sobre la lista de investigaciones. La ministra del Interior, Izkia Siches, lo evade sin disimulo.
Durante un punto de prensa, la ministra del Interior, Izkia Siches, se retiró del podio mientras una periodista le realizaba una pregunta sobre la investigación que abrió Contraloría contra el Gobierno por las denuncias de intervencionismo. pic.twitter.com/ck3m9tO9Pw
— TV Maulinos (@TVMaulinos_) July 27, 2022
A un lado
El contralor general de Chile, Jorge Bermúdez, parece que intenta salvar su nombre y cargo en medio de la ola de acusaciones de intervencionismo en contra del gobierno. Ahora marca distancia. Según La Tercera, no llegó a la presentación de los lineamientos de la estrategia nacional de integridad pública que presentaría la Secretaría General de la Presidencia en La Moneda y optó por una actividad protocolar en Valparaíso.
El giro de Bermúdez –cuando es conocida su afinidad ideológica con Boric– evidencia la presión que hay no solo en torno al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre sino sobre las cabezas de los poderes públicos. En su caso, el “perdonazo” para todos los actos de intervencionismo del gobierno ocurridos antes de la entrega del instructivo de prescindencia electoral que distribuyó la Contraloría en abril que terminó en una resolución, lo tiene en el epicentro de los radares opositores.
El contralor ahora asegura que su ente fiscalizará “el correcto uso de los recursos públicos en el periodo de campaña” y luego decidirá si son necesarias acciones derivadas como un sumario, juicio de cuentas o la participación de otras instancias, pero advierte que no se le puede pedir que “haga más”. ¿Entonces, Hay cancha libre?
Contralor Bermúdez por investigación al gobierno por intervencionismo: "Como institución estamos usando, creemos que oportunamente, todos los instrumentos que tenemos a partir de la información que tenemos"
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— T13 (@T13) July 27, 2022
Oposición activa
Con el árbitro titubeando, la contención puede llegar por otro lado. El senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, acusando “falta de garantías, transparencias y el despiadado intervencionismo electoral del Gobierno” ya le solicitó a la Organización de Estados Americanos (OEA) el envío de una misión para fiscalizar la jornada comicial.
Afirma que el Ejecutivo “no está dando garantías de imparcialidad. Como Moreira piensan otros más. La senadora de la Democracia Cristiana, Ximena Rincón, afirma que “hay una actitud del gobierno de transformarse en jefe de campaña de la opción ‘Apruebo’ y eso es obvio y evidente a la luz de los hechos, no solamente una minuta que se filtra sino también los antecedentes que circulan sobre actividades que son planificadas para la opción del ‘Apruebo’”.
Con la lluvia de investigaciones contra el Gobierno de Boric, el jefe jurídico de la Contraloría, Camilo Mirosevic, optó por inhabilitarse del cargo hasta el plebiscito constitucional por ser hermano del diputado y coordinador de la campaña del “Apruebo”, Vlado Mirosevic, parentesco que detonó las polémicas, pero que ante la hoguera parece servir de poco.