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El aumento de 30 pesos –equivalentes a 0,032 centavos de dólar– en las tarifas del transporte público de Chile terminó con el país en llamas en 2019. Autobuses y vagones del Metro de Santiago y Valparaíso ardieron. Comercios también. No hubo piedad con nada para expresar descontento. A casi tres años de la ola de disturbios que hundió al gobierno de Sebastián Piñera en una crisis social y política y lo obligó a revertir la medida, el gobierno izquierdista de Gabriel Boric anuncia un alza de 100 pesos, un monto que triplica la cifra que detonó la conflictividad.
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El plan del mandatario es desplegar un “proceso gradual de normalización” de las tarifas en 2023 para “cerrar la brecha de costos e ingresos” que originó su congelamiento. Ese es el discurso del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz. Argumenta que el combustible subió y el dólar también.
Con impacto
Los bolsillos resentirán el incremento, considerando que ya la tarifa baja cuesta 700 pesos –alrededor de 0,75 centavos de dólar– si el viaje se realiza entre las 6:00 y 6:59 horas o entre las 20:45 y las 23:00 horas, pero si el traslado ocurre en el horario valle, que comprende de lunes a viernes entre las 09:00 y 17:59 horas o de 20:00 a las 20:44 horas, el precio es de 720, al igual que los sábado, domingo y festivos.
El costo en horario punta es el de mayor impacto. Si un pasajero aborda un autobús o metro entre las 7:00 y 8:59 y entre las 18:00 y 19:59 horas pagará 800 pesos, que equivalen a 0,86 centavos de dólar. Si a cada horario se aplica un aumento de 100 pesos, el pasaje bordeará el dólar o un poco más si la devaluación del peso continúa frente a la divisa estadounidense.
Los estudiantes y la tercera edad son los únicos dos grupos de usuarios con el beneficio de una tarifa preferencial de 230 pesos para su movilización. ¿Qué harán los demás ahora? ¿Volverán a las calles para reclamar?
Un alto precio
Pensar que la ciudadanía protestará espanta. Hace casi tres años, 118 de las 136 estaciones del Metro de Santiago (87 % de la infraestructura) pagaron el costo de la hostilidad que generó el aumento del pasaje decretado por el entonces presidente Sebastián Piñera. Los ataques fundieron 10 trenes de los cuales siete fueron quemados y tres gravemente vandalizados.
Los sistemas ferroviarios no escaparon. Hubo daños en los sistemas de seguridad de tráfico, como los sistemas de señalización y pilotaje automático de los trenes y sistemas eléctricos en Línea 1 (sector San Pablo), Línea 4, Línea 4A y Línea 5.
También los sistemas de apoyo como cámaras de circuito cerrado de televisión, sistema de sonorización de estaciones, torniquetes, sistema de comunicaciones, pantallas de información, tótems, ascensores, escaleras mecánicas y plataformas, según un reporte de Pauta.
Reparar los daños generó un gasto de 255 millones de dólares, de los cuales 214 millones se destinaron a la reconstitución y reparación de la infraestructura, equipamientos y sistemas dañados y otros 41 millones a la recuperación de los trenes. Fatal.
Los recursos equivalen a casi tres nuevos kilómetros de metro, que podrían haberse añadido como extensión a alguna de las seis líneas que existe actualmente, como la extensión de Línea 3, que implica la construcción de tres nuevas estaciones entre la actual estación Los Libertadores, de la Línea 3, y la Plaza de Quilicura, a través del eje Manuel Antonio Matta, que significa un costo de 378,5 millones. Otro es el proyecto de armado de trenes modelo NS16 en Chile, para las líneas 2 y 5, que tiene un costo de 317,4 millones. Pero no. Todo se desvió para recuperar lo que ya estaba en operación y funcionaba pero fue vandalizado.
Proceso complicado
El “proceso gradual de normalización” del gobierno de Boric para aumentar el pasaje replica la maniobra de su par colombiano, Gustavo Petro, quien el próximo 7 de agosto asumirá el poder con una reforma tributaria que triplica la recaudación que pretendió aplicar el presidente Iván Duque pero que fue satanizada desde su curul como senador y detonó el paro nacional que se extendió por más de dos meses a pesar de que el proyecto se retiró al quinto día de protestas. Así son. Hacen lo que critican y hasta peor.
Boric no puede evadir el hervidero que podría afrontar. Desde su investidura en marzo lo acechan jóvenes encapuchados que buscan la libertad de sus compañeros apresados en 2019 y para quienes exigen el indulto o amnistía que el mandatario les prometió.
En los registros de Gendarmería de Chile existen 211 detenidos por causas penales relacionadas con las manifestaciones del estallido. De ellos, 144 están en prisión preventiva y otros 67 ya recibieron una sentencia firme. Sobre el grupo pesan los presuntos delitos de homicidio, robo, saqueo, porte de armas, atentado con explosivos e incendios
Piñera les aplicó la Ley de Seguridad del Estado (LSE) que regula los hechos contra el orden público, acelera los procesos judiciales y aumenta las penas. Gabriel Boric los acompañó y respaldó las protestas, pero 62 % de la población rechaza la liberación que prometió en su gobierno. Con semejante vínculo y tendencia en la opinión pública, el desafío es no repetir el capítulo siendo ahora el blanco de las hordas indignadas.
