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El presidente izquierdista de Chile, Gabriel Boric, está entrampado en la búsqueda de votos para el plebiscito de salida de la nueva constitución. Su gobierno necesita la victoria de la opción del ‘apruebo’ para convertir el progresismo en el eje de la Carta Magna, pero su investidura le impide parcialidades. Con la campaña “Hagamos historia” juega al equilibrio electoral.
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“Tomamos la responsabilidad de informar y entregar las herramientas necesarias para ejercer un voto responsable”, dijo el mandatario para justificar el inicio de la campaña que tendrá tres etapas: la primera divulgará los aspectos del proceso constituyente; la segunda parte –que comenzará el 4 de julio con el texto final– debatirá los contenidos; y la tercera, informará sobre los locales de votación.
Sin embargo, esta «educación cívica constitucional» solo es un «proceso de manipulación donde Boric es el presidente del ‘apruebo’ y desconoce al que vota en blanco, nulo o rechazo», afirma César Levin, hijo del cacique de la etnia huilliches de Chiloé, en entrevista con PanAm Post.
A su juicio, la campaña representa «un despilfarro de plata para dividir al país». Tiene motivos para resumirla así. «Esta constitución impone al pueblo mapuche sobre los demás. Les dieron siete escaños en la Convención para que hicieran lo que quisieran a cambio de darle más poder al Estado y menos libertades a las personas para elegir su educación o salud”. Su padre coincide.
Mi padre Cacique de Chiloé Manuel Levin: “nosotros no somos mapuches, somos huilliches chilenos y a mucha honra. Con el corazón y con el alma”
Votaré Rechazo… pic.twitter.com/6iriq9lRL7— ℂé𝕤𝕒𝕣 𝕃𝕖𝕧𝕚𝕟 𝕊𝕚𝕝𝕧𝕒 #Chileno #Chilote (@CesarLevin) May 29, 2022
Un promotor en decadencia
El éxito o impacto de la campaña está en veremos. Boric ya llega a 57 % de desaprobación de su gestión en la última encuesta del Centro de Análisis de Estudios de Mercado (Cadem), y en el mismo sondeo la opción del ‘rechazo’ se impone con 45 % sobre el apruebo, que registra 37 % de apoyo. El estudio, incluso, revela que 56 % de la población manifiesta preocupación o temor ante la propuesta de nueva constitución.
“Si el ‘apruebo’ pierde, se termina de sepultar el gobierno que nació mal y está cada vez peor. Boric intenta impedir que la delincuencia, violencia y cesantía incidan porque él sabe que le esperaría más inestabilidad y desesperanza”, sostiene Levin.
Es el mismo dilema que atraviesa el presidente izquierdista de Perú, Pedro Castillo, quien volverá a medir su desgastado liderazgo –que hoy no llega a 20 %– en las elecciones regionales del próximo 2 de octubre, en las que se escogerán a 25 gobernadores, cerca de 200 alcaldes provinciales y casi 1700 alcaldes. La cita será un plebiscito indirecto para Castillo. Los candidatos de su partido Perú Libre dependen de su reputación, y eso en lugar de una ventaja es un tragedia: la Fiscalía acaba de ampliar una investigación en contra del mandatario por corrupción.
En la Contraloría
Gabriel Boric tiene los reflectores de la oposición sobre él. Ningún gesto a favor del ‘apruebo’ –por pequeño que sea– pasará inadvertido. Ya las bancadas de Chile Vamos y el Partido Republicano (PR) presentaron ante la Contraloría una acusación en contra de la campaña «Hagamos Historia» porque es «tendenciosa».
Oposición recurre a Contraloría por video "Hagamos Historia", lanzado por el gobierno de cara al plebiscito de septiembre
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— T13 (@T13) May 30, 2022
Las dos coaliciones prometen que serán inflexibles con la fiscalización para evitar el desvío de fondos públicos e intervencionismo porque “una cosa es la información respecto del derecho que tiene cada chileno, y la obligación de sufragar, y otra muy distinta es atribuirle un valor positivo a un texto que claramente no reúne las características necesarias para asegurar las libertades y las bases de la institucionalidad democrática”, asegura el senador de Renovación Nacional, Francisco Chahuán.
“El Gobierno debe mantenerse al margen de la campaña del plebiscito de salida”, recalca mientras su par de la Unión Demócrata Independiente, Javier Macaya, destaca que “el único límite que tiene una autoridad para no caer en intervencionismo electoral es no usar recursos de todos los chilenos, ni tampoco en horas de trabajo, para hacer campaña por su opción electoral y acá este límite se ha superado”.
La razón podría estar de su lado, considerando que los dos procesos de licitación que lanzó el Ministerio de Secretaría General de Gobierno (Segegob) por 1.210.000 dólares a través del mercado público para contratar servicios comunicacionales que derivarían en un “plan de medios” con “concepto creativo y producción audiovisual” para la campaña todavía no se ha adjudicado y el proceso de postulaciones termina el 10 de junio. ¿Cómo financiaron esta campaña? La Contraloría tendrá que revisar y Boric tendrá que responder.
