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Un carabinero del escuadrón de escoltas presidenciales de Gabriel Boric recibió un balazo en el brazo derecho, después de sufrir un robo y secuestro exprés en Santiago, mientras en otro sector de la ciudad, tres delincuentes entraban a la casa de la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, maniataban a su esposo y salían con un botín que incluyó un carro y joyas. Los dos episodios evidencian cómo la inseguridad está desbordada en Chile, escalando hasta las más altas esferas del poder encargadas de garantizar la protección de los ciudadanos.
No hay detenidos –hasta ahora– pero el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones y Carabineros investigan quiénes estarían detrás. Sólo saben que usaron armas blancas y de fuego y que ya ello confronta a las autoridades con una grave realidad: Chile perdió su tranquilidad.
Los últimos reportes del Sistema Táctico de Operaciones Policiales (STOP) revelan un explosivo aumento de los delitos en el primer mes de Gabriel Boric en el palacio de La Moneda.
Los robos violentos aumentaron 75 %, al pasar de 4040 en abril de 2021 a 7051 durante el mismo mes de este año. Los robos violentos a vehículos cometidos a través de asaltos y encerronas en las carretearas crecieron 154 % (de 151 a 405). Esas no son las únicas cifras rojas en alza. Las lesiones subieron 49 %, al trepar de 3734 a 5572, mientras que los homicidios crecieron 13 %, dejando 43 personas asesinadas. Un escenario donde además las violaciones se incrementaron 16 %, con 184 casos.
Gobierno de contradicciones
¿Cómo leerá Boric estos números sobre la inseguridad? El país necesita saberlo porque “es más que evidente que al presidente Boric el caos y la violencia ya no le sirven como antes. La violencia es buena para llegar al poder y no lo es cuando ya estás en él”, sostiene muy acertadamente Juan Lagos, investigador de la Fundación para el Progreso en su columna publicada en La Tercera.
Es probable que las estadísticas sobre la inseguridad desbordada en Chile ya lo perturbe. Sobre todo después de sostener un discurso que victimiza a los delincuentes a través de una narrativa destinada a no comprender sino a promover o enmascarar la violencia. El manejo del conflicto mapuche es un buen ejemplo. Desde su arribo al Ejecutivo insiste en un diálogo con los pueblos originarios, pero la estrategia sólo ha radicalizado los ataques incendiarios en La Araucanía, donde en sólo una noche estallan maquinarias, viviendas hasta edificaciones estatales.
Un desafío
¿Podrá Boric revertir lo que celebró antes? “Esta no es una cuestión de poder, sino de deber”, señala Lagos. Y tiene razón. El artículo 24 de la actual Constitución establece que bajo su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República.
El mandato es “la viga maestra de un Chile en orden. No es casualidad que la Convención Constitucional no lo contemple en el proyecto de nueva Constitución”, apunta.
El gabinete de Gabriel Boric anunció que priorizará diez proyectos de ley para fortalecer la seguridad ciudadana, combatir la inseguridad, la delincuencia y enfrentar la violencia. Para ello, planea “dotar al Estado de una nueva institucionalidad, para tener más y mejores herramientas para fortalecer la paz en los barrios, recomponer confianzas y legitimidad entre la ciudadanía y sus policías, impulsar acciones que prevengan y controlen el delito generando espacios públicos y seguridad”.
Si lo logra derrotaría a la oposición en el mismo terreno donde vapuleó a su antecesor, Sebastián Piñera. No necesita un mea culpa por su pasado a favor del estallido social sino simplemente trabajar porque ya nadie está a salvo. Los recientes sucesos muestran que aún está lejos de conseguirlo.
