Retirado el proyecto de reforma tributaria en Colombia se acaba –al menos por ahora– el chantaje del senador izquierdista Gustavo Petro, quien incitó desde su cuenta en Twitter las “aglomeraciones de gente” en medio del mayor pico de la pandemia, que en muchos casos terminaron en vandalismo. Y aunque el reclamo era válido, la izquierda, dirigida por Petro, buscaba sacar provecho político de las circunstancias con exhortos irresponsables que marcaban la línea entre la vida y la muerte.
El presidente Iván Duque finalmente escuchó el clamor de los ciudadanos y pidió al Congreso retirar el polémico proyecto que había radicado el Ministerio de Hacienda para pedir tramitar de manera urgente una nueva propuesta que surja de los consensos. Bien si fue movido por el espíritu democrático o por la presión en la calle, lo importante es que con esta decisión se frena por el momento la imposición de nuevos impuestos y la muerte de más colombianos por la exposición al coronavirus y por la violencia en las manifestaciones. Colombia no quiere más impuestos, pero tampoco quiere más muertos.
“La libertad de elección es la única capaz de generar acciones libres que creen riqueza, y no se necesita un Estado que planifique todo para este fin”, señalaba un artículo publicado en el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y en la Fundación para la Educación Económica titulado: “Los impuestos no crean prosperidad, la destruyen”.
Expropiaciones disfrazadas de impuestos
Y es que los impuestos no son más que una forma disfrazada con la que los Estados expropian a los ciudadanos una parte de sus ingresos para redistribuirlos –lo que escape de la corrupción– en forma de programas sociales. Es justo lo que pretendía hacer el Gobierno colombiano con la reforma tributaria como instrumento para seguir financiando los programas gubernamentales, con los que busca mitigar los efectos de la crisis generada por las estrictas cuarentenas que golpearon duramente la economía sin que a la fecha se hayan logrado frenar los contagios. Pero no muy distinto a lo que tarde o temprano terminarán haciendo todos los gobiernos que no supieron manejar la pandemia.
Producto de los confinamientos, la pobreza en Colombia aumentó de 35,7 % en 2019 a 42,5 % en 2020, según las más recientes cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El Gobierno estimaba que sin la aplicación de las medidas de mitigación que implementó, la pobreza habría llegado a 44,6 %. Se refería a los 19,7 billones de pesos (5,4 millones de dólares) que destinó a medidas como subsidios para pagar salarios, ingreso solidario, giros extraordinarios de programas sociales, compensación de IVA a los estratos más bajos y garantías para créditos y nómina.
Protestas contra un robo
Pero no se trataba de un regalo. Estos recursos salen de los bolsillos de los contribuyentes. Mediante el pago de más impuestos previstos en la polémica reforma tributaria que fue retirada, el Gobierno aspiraba a recaudar unos 23,4 billones de pesos (6,4 millones de dólares). Y no es ningún secreto. El presidente Iván Duque destacó al momento de anunciar este domingo el retiro del proyecto que la reforma no era “un capricho” y que el Estado necesitaba esta recaudación para “garantizar la continuidad de programas sociales como prolongar el Ingreso Solidario que hoy beneficia a más de 3,4 millones de hogares”.
Bajo el concepto libertario de la economía, los tributos al Estado son costos de oportunidad e implican menor satisfacción para los ciudadanos que deberían tener derecho a decidir qué hacer con sus ingresos sin que el Estado se los expropie, dándoles irónicamente el nombre de contribuyentes, cuando nadie paga impuestos por voluntad propia. Pero los Estados diseñan los programas sociales financiados con los impuestos para beneficiar a los estratos más bajos de la sociedad. En otras palabras, en pleno siglo XXI siguen jugando a ser Robín Hood, robándoles a los ricos para darles a los pobres. Todo bajo un marco legal que criminaliza a quien no se deja robar.
Entonces no hay discusión. Los colombianos salieron a las calles a ejercer su derecho a manifestarse contra un robo. Ahora bien, este derecho tiene unos límites: el respeto a los derechos de los demás, la protección del patrimonio público, la preservación de la vida. Todos vulnerados de alguna manera en estas protestas.
No más muertos
La irresponsabilidad de promover “aglomeraciones de gente” en medio del mayor pico de la pandemia podría calificar como un acto suicida por el alto riesgo de contagios al no haber cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Aunque para considerarse un suicidio habría sido necesario ver en medio de las manifestaciones al agitador Gustavo Petro, quien prefirió quedarse detrás del teclado de su teléfono mientras incitaba a sus seguidores a asumir todos los riesgos en las calles para luego celebrar también a través de las redes sociales la “victoria” conseguida por la decisión del Gobierno.
Al exguerrillero del M-19 no le basta con los muertos que se le atribuyen al grupo terrorista al que se unió desde los 17 años. Por mencionar un caso, solo el asalto a la localidad de Yumbo en 1984 dejó 17 muertos, según reportó El País. Haber promovido el desarme en 1989 no borra las pérdidas de vidas humanas que provocó la insurgencia armada del M-19 durante dos décadas.
Los colombianos lograron frenar la imposición de nuevos impuestos. Lamentablemente hubo al menos 10 muertos, cientos de heridos y detenidos, saqueos y quema de unidades y estaciones de transporte púbico. Organismos de derechos humanos critican el uso de la fuerza frente al vandalismo descontrolado en ciudades como Bogotá y Cali. Pero un enemigo invisible seguía haciendo de las suyas en medio de las aglomeraciones.
Justo el día en que comenzó el paro nacional y las manifestaciones contra la reforma tributaria se registró el mayor número de muertes por coronavirus. Por primera vez desde que inició la pandemia el número de fallecidos en un día se acercaba a los 500. El Ministerio de Salud reportó el 28 de abril un total de 490 decesos y 19745 nuevos contagios. Las cifras de las próximas semanas permitirán determinar el impacto sobre la línea de contagios y muertes por COVID-19 por la irresponsabilidad de promover aglomeraciones en el momento de mayor riesgo.
Las cuarentas y el socialismo: dos fracasos inevitables
Ni más impuestos con Duque, ni más muertos con Petro. Esa debe ser la consigna. Las cifras emitidas por el Ministerio de Salud demuestran que las cuarentenas no han sido la solución. Los contagios y las muertes siguen subiendo y los colombianos son cada vez más pobres. Así por ejemplo, República Checa, uno de los países que ha aplicado cuarentenas más estrictas, tiene la mayor tasa de mortalidad por COVID-19 en el mundo. Las cuarentenas solo han servido para golpear las economías y empujar a los gobiernos a imponer más impuestos a sus ciudadanos.
La mezquindad por intereses políticos tampoco puede seguir apropiándose de los reclamos de los colombianos, poniendo incluso en riesgo la vida de quienes ingenuamente siguen a sus líderes. Hoy fue la reforma tributaria, pero ya en los últimos dos años ha habido otros intentos de paralizar el país por distintos motivos: el presupuesto universitario, la minga indígena, el asesinato de líderes sociales. Todos reclamos válidos, pero de los cuales se ha aprovechado la izquierda liderada por un personaje nefasto como Gustavo Petro para repetir en Colombia el libreto que puso en marcha el Foro de Sao Paulo en 2019 en países con Ecuador y Chile. Las “brisas bolivarianas” de las que hablaba el segundo del régimen chavista, Diosdado Cabello, para sumergir a toda la región en el fracasado socialismo que solo ha tenido éxito en la multiplicación de la miseria.