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EnglishDesde hace años el PanAm Post ha insistido en que Venezuela no existe, siquiera, cierto vestigio de democracia, sino que hay una dictadura. Para muchos miembros de la oposición venezolana, y de la opinión pública, asumir esta posición era extremista. Según ellos, para cambiar el rumbo de la historia venezolana, sólo era necesario “dialogar” con el régimen desde una posición de relativa igualdad. La contundente victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 le brindaba al país justamente esa oportunidad.
El control de dos terceras partes del Parlamento otorgaba facultades constitucionales para que la oposición tomara medidas drásticas dirigidas a terminar rápidamente con el velo de legalidad que encubría la dictadura de Nicolás Maduro. Lamentablemente, la oposición, una vez enfrentada por los poderes públicos controlados por el chavismo, optó por la larga y complicada vía del referendo revocatorio como ruta hacia una salida democrática a la tragedia que vive Venezuela.
No obstante, en esta última semana ha cambiado completamente el panorama: justo cuando la oposición estaba a punto de recolectar las firmas necesarias —20 % del censo electoral— para activar la consulta para revocar al presidente Nicolás Maduro, el régimen chavista decidió suspender el último mecanismo electoral, democrático y pacífico que quedaba. De tal manera, dinamitó por completo el referendo revocatorio, llevándose así al sarcófago la ilusión de democracia que algunos todavía mantenían para consolarse y justificar una estrategia equivocada.
El régimen chavista decidió acabar con la posibilidad de revocar al presidente Nicolás Maduro a través de un acto civil y democrático, previsto en la Constitución de 1999. A partir de ese momento, varios de los que antes se negaban decididamente a catalogar de dictadura al régimen de Maduro comenzaron a dejar los eufemismos de lado y se atrevieron, de una vez por todas, a llamar las cosas por su nombre. Sin embargo, el régimen, como era de esperarse, no se quedó con los brazos cruzados.
Este domingo 22 de octubre, mientras se realizaba una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional donde la oposición buscaba declarar que en Venezuela hubo un golpe de Estado y se quebrantó el «hilo constitucional», una horda de militantes chavistas armados —dirigidos por el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez— asaltó el Parlamento para impedir que los diputados legislaran. Este hecho ha sido comparado a otro de la historia venezolana: el atentado al Congreso de 1848 propiciado por el entonces presidente José Tadeo Monagas, evento que se convirtió en la chispa que encendiera la larga guerra civil conocida en Venezuela como “Guerra Federal”.
La democracia —si algunos creían que aún existía— fue abatida. Es un hecho. No hay democracia en Venezuela. El régimen, a pesar de que algunos sostenían que imperaba una «débil democracia golpeada», se terminó de convertir en verdugo de la vía electoral y, además, ultrajó el órgano con mayor legitimidad que hay: el Parlamento.
En Venezuela se consolidó una dictadura que ya existía hace años.
Es usual encontrarse con el argumento de la legitimidad de origen para evocar que en Venezuela no hay un régimen tan perverso como realmente es. La legitimidad de ejercicio, aquella que realmente da carácter democrático a un sistema, es normalmente olvidada. Pero la verdad es que en Venezuela, desde que se instauró el chavismo en 1999, jamás ha habido una completa democracia liberal.
Al aprovechar la coyuntura del momento, la antipolítica reinante y el rechazo a los partidos tradicionales, un golpista, Hugo Chávez, se hizo con la presidencia cuando terminaba el siglo XX. A partir de ese momento se fue instaurando un modelo en Venezuela cuyo objetivo era consolidar un sistema de dominación autoritario. La Constitución de 1999, impulsada por Chávez, significó el preámbulo para el proyecto dictatorial que domina a los venezolanos.
Luego se deben recordar los hechos del 11 de abril de 2002: la activación del Plan Ávila y los llamamientos del canal del estado Venezolana de Televisión para defender la revolución de una marcha que se dirigía al palacio presidencial para protestar en contra del Gobierno del presidente Chávez. El desenvolvimiento fue sangriento y, luego de los sucesos de abril, la revolución se fortaleció.
Comenzaron las expropiaciones —catalogadas por la exdiputada María Corina Machado como «robos»— y los ataques en contra de la libertad de expresión, como el cierre de una de las cadenas de televisión más antiguas de América y más importante de Venezuela, Radio Caracas Televisión (RCTV), en 2007. El régimen también decidió no renovar la concesión a otros medios y los intimidó. En 2013, la ONG Reporteros Sin Fronteras ubicó a Venezuela en el puesto 117 de 179 de libertad de expresión. Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseguró que en el país latinoamericano existe “un escenario restrictivo que continúa inhibiendo el libre ejercicio de la libertad de expresión”.
Además, desde muy temprano ya se presentaban violaciones a los Derechos Humanos (DDHH): en 2010 el régimen de Hugo Chávez dejó morir al agrícola y biólogo Franklin Brito, quien fue despedido de manera “injustificada” del Ministerio de Educación en el 2001 por criticar al Gobierno y que, tras ver un terreno de su propiedad expropiado, comenzó una huelga de hambre en el 2004 que terminó con su vida.
Asimismo, se debe recordar el caso de Iván Simonovis, comisionado de seguridad de la Alcaldía Mayor de Caracas en el 2002, acusado injustamente de causar la llamada masacre de Puente Llaguno el 11 de abril de ese año, un altercado violento entre chavistas y miembros de la oposición. A Simonovis, sentenciado a prisión, se le negó el indulto humanitario a pesar de su salud deteriorada. También está el caso de la magistrada María Lourdes Afiuni, detenida por su decisión autónoma de liberar a un empresario acusado de delitos por el régimen. Como resultado, Hugo Chávez pidió la condena de Afiuni en televisión. Durante su detención fue violada en la cárcel y varias organizaciones como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han pedido su liberación (ahora, como muchos enemigos del régimen, se encuentra bajo arresto domiciliario).
Las violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela bajo el chavismo son incontables. En el 2014, más de 40 manifestantes opositores al Gobierno de Nicolás Maduro fueron asesinados por diferentes funcionarios del Estado y por bandas armadas identificadas como «colectivos chavistas». También hay casos de fuertes torturas y acosos; y, también, un número considerable de presos políticos: según la ONG Venezuela Awareness, para finales de 2015 eran 99, entre ellos los líderes opositores Leopoldo López y Daniel Ceballos.
El informe anual de la CIDH del 2015 catalogó al Estado venezolano como violador de los derechos humanos ya que califica al Poder Judicial como carente de independencia y autonomía. Asimismo, el Poder Electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral (CNE), es también calificado como un “apéndice” del Ejecutivo.
En síntesis, la anulación de las libertades en Venezuela es total. La falta de libertad de expresión, de libertad económica, de libertad política y de libertad individual dan indicio de que en Venezuela, desde hace años, la democracia liberal ha dejado de existir. Tras la cancelación del referendo revocatorio contra Maduro, el prestigioso Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA) publicó un comunicado en el que asegura que, debido a “la suspensión ilegal del proceso de realización del (referendo revocatorio), ratificando la independencia de los poderes en el país, el Gobierno de Nicolás Maduro debe calificarse como una dictadura”.
Es por ello que, por las razones citadas, este 23 de octubre de 2016, PanAm Post decide que, de ahora en adelante, llamaremos las cosas por su nombre: en Venezuela no hay democracia, sino una peligrosa dictadura que diariamente arremete en contra de sus ciudadanos, su voluntad de expresarse y que coarta las libertades que desde este espacio defendemos decididamente.
Hemos decidido dejar de llamar régimen o Gobierno a un sistema que es una dictadura y dejar de llamar presidente a Nicolás Maduro, quien se ha convertido en el dictador de un país inmerso en una peligrosa crisis que el chavismo ha causado.
